La demora en derogarlo se da en medio del escándalo por la contratación de pólizas por parte del Estado. Negocio para Protección, Rivadavia, Garantía y Argos.
El ministro de Economía, Toto Caputo sostiene un sobreseguro a micros de larga distancia que implementó su antecesor Sergio Massa y que beneficia a cuatro aseguradoras. La demora en derogar ese pago adicional se da en medio del escándalo por la causa judicial que investiga la contratación de seguros por parte del Estado y que jaquea al expresidente Alberto Fernández.
Pese a que desde abril existe un dictamen favorable de las áreas jurídicas de Economía y de la Secretaría de Transporte para derogar esa duplicación heredada de la administración albertista; Caputo retrasa la firma de la resolución para darla de baja y para que las empresas de micros dejen de cobrarla cada vez que emiten un pasaje.
Implementada a partir de setiembre de 2023 por una resolución del disuelto Ministerio de Transporte, la tasa adicional al seguro obligatorio implica el pago de una suma fija de $250 por cada boleto emitido y les reporta a las aseguradoras un ingreso anual del orden de los $7.500 millones.
La administración anterior justificó la medida en la necesidad de mejorar los ingresos a las compañías aseguradoras, a raíz de que estaban operando con números negativos y postergando los pagos de siniestros e indemnizaciones más allá de lo razonable.
Normativamente fue presentada como “una ampliación del seguro de responsabilidad civil de personas transportadas, a fin de que cubra específicamente los riesgos de muerte e incapacidad por accidentes en los servicios de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por una suma inicial de hasta $7.000.000 por persona”.
Apenas implementada, tanto las empresas de ómnibus como un grupo de aseguradoras salieron a cuestionar la decisión y advirtieron que las beneficiarias principales de la medida son Protección, Rivadavia, Garantía y Argos, cuatro mutuales de seguros que concentran las pólizas de viajes de larga distancia.
Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, una de las primeras cuestiones vinculadas con los servicios de pasajeros que empezaron a revisar en la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, fue el cobro del seguro adicional en los ómnibus de larga distancia.
El personal técnico de Transporte tomó en cuenta las objeciones administrativas y legales que recayeron sobre la resolución que habilitaba la duplicación del seguro de viaje.
Entre otros puntos detectaron que se trata de una carga obligatoria de tipo impositiva, cuya aplicación no estaba dentro de las facultades del área de Transporte. También advirtieron que, pese a que representa un “seguro personal”, el pago resulta obligatorio y por un monto que fijan unilateralmente las aseguradoras sin ninguna justificación técnica.
Con fecha 19 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Luis Quinteros y su par de Transporte, Cristián Méndez emitieron un informe conjunto que da vía libre a la eliminación de ese seguro adicional.
El dictamen, al que tuvo acceso Letra P, contiene dos conclusiones:
La dilación que arrastra Caputo en la resolución de este tema se suma al ruido que está generando entre las compañías aseguradoras su virtual viceministro, Juan Pazo.
Al frente de la Secretaria de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Pazo busca terminar la tarea que empezó cuando estuvo al frente de la Superintendencia del Seguro durante la gestión de Mauricio Macri.
Tal como viene contando Letra P, la misión del funcionario es reconfigurar las reglas de juego del mercado asegurador, reducir la cantidad de compañías y quitarle el control de las ART al ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, para que quede en la órbita de Caputo.
