El Banco Central logró que un juzgado inhiba a la firma y a sus accionistas por más de U$S3000 millones. Operaba contratos de fasón con la concursada.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario hizo lugar a un pedido del Banco Central y dispuso embargar a la corredora de granos D&F y a sus propietarios por U$S3.121 millones, el equivalente a diez veces la deuda que la autoridad monetaria le reclama a la firma por no haber liquidado divisas provenientes de la exportación.
Se trata de una de las empresas que tomó la operatividad de Vicentin mediante contratos de fasón y siempre estuvo en la mira oficial. Un informe del Banco Nación, principal acreedor del concurso, sostiene que la firma del Grupo Olio sirvió de pantalla para que la compañía concursada liquidara una cantidad importante de granos. Y remarca que D&F pasó de exportar por “cuatro millones de dólares en 2019 a 212 millones en los primeros siete meses de 2020”. En diálogo con Letra P, la empresa denunció una persecución de los organismos oficiales, luego de que el Ministerio de Agricultura la suspendiera del Registro de Exportadores (RUCA).
Lo concreto es que el Banco Central detectó que la compañía no liquidó en tiempo y forma exportaciones por U$S312.194.609. Con esa información, pidió a Agricultura la suspensión de la firma para que no pudiera seguir exportando e inició un reclamo judicial. La Justicia de Rosario dio ahora aval al reclamo y dispuso del embargo por U$S3.121 millones para cubrir la deuda y las eventuales multas de la ley penal cambiaria. Los embargos también alcanzan una gran cantidad de vehículos y propiedades de los dueños de la corredora.
"Se observa la atribución de la autoría a quienes, contando con poder de decisión suficiente sobre la exportadora, no cumplieron con la obligación normativa", quienes, según indica el BCRA, "por las funciones que desarrollaban tornaron penalmente incriminable a la firma" por supuestas infracciones al régimen penal cambiario, se lee en el escrito al que accedió Letra P.
Como contó este medio, D&F había sido un "caso testigo" del nuevo cruzamiento de información entre el Banco Central y el Ministerio de Agricultura para profundizar el control sobre las firmas agroexportadoras. El 1 de diciembre de 2020, la entidad que preside Miguel Pesce la había sancionado por incumplir con la normativa cambiaria, según la comunicación "C" 88.678, y le impidió acceder al mercado único y libre de cambios sin previa autorización.
Para ese entonces, el Banco Nación ya había puesto los ojos sobre la corredora del Grupo Olio por sospechar que tercerizaba las operaciones de Vicentin. El Banco Central, al momento de sancionar a la firma, analizaba operaciones por casi U$S700 millones y había detectado irregularidades en la liquidación de U$S450 millones en exportaciones. Todo eso en medio del vertiginoso crecimiento de la firma, que hasta fue mirado de reojo por los gigantes que conforman la Cámara de Exportadores Ciara-CEC.