La Nación y la Provincia lanzaron planes casi simultáneos de almacenamiento. Solución de emergencia. Las obras de fondo siguen demoradas.
Aunque se enfrentan en casi todos los frentes, Javier Milei y Axel Kicillof coinciden en una respuesta para la crisis de energía: contratar megabaterías para reforzar el sistema eléctrico antes del próximo verano. La Nación y la Provincia avanzan con esquemas distintos que buscan reducir el riesgo de cortes, mientras las inversiones estructurales en las redes de transporte siguen demoradas.
Enfrentados en los planos político, económico e ideológico, el presidente Milei y el gobernador bonaerense encontraron un punto de coincidencia práctica: apostar por sistemas de almacenamiento de energía para reforzar el abastecimiento y reducir el riesgo de cortes en las zonas donde la red eléctrica opera al límite de su capacidad.
Casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional adjudicó a cinco empresas privadas la instalación de 700 MW de megabaterías en distintos puntos del país, la administración bonaerense cerró un acuerdo con el grupo chino Huawei para montar equipos de almacenamiento en cuatro nodos críticos del territorio provincial.
Por medio del programa Alma SADI, el ministro de Economía, Toto Caputo, adjudicó la semana pasada la instalación de 20 megabaterías en Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.
La principal ganadora fue Genneia, la empresa líder en generación renovable presidida por Jorge Brito, que obtuvo siete proyectos por un total de 421 MW sobre los 700 MW licitados.
En segundo lugar quedó DQD Energy, empresa sanjuanina especializada en energía solar de la familia Odriozola, que se adjudicó ocho nodos críticos con una potencia total de 149 MW.
También resultaron beneficiadas 360 Energy Solar —del grupo automotriz Stellantis, con tres equipos por 68 MW—; Aluar, del grupo Madanes Quintanilla, con un proyecto de 50 MW en Goya; e Intermepro, con un sistema de 12 MW en Formosa.
Las megabaterías deberán garantizar suministro de energía durante al menos cuatro horas consecutivas por día, a lo largo de un período de 15 años.
Los contratos contemplan un pago promedio de u$s 8427 por MW/mes de potencia disponible. A esa remuneración se sumará el valor de la energía que las empresas inyecten al sistema cuando la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) requiera cubrir picos de demanda.
Las inversiones previstas ascienden a unos u$s 700 millones, que el Gobierno prevé recuperar mediante recargos tarifarios aplicados a los usuarios de las regiones beneficiadas.
La experiencia ya había comenzado el año pasado con el programa AlmaGBA, destinado al área de concesión de Edenor y Edesur, a la que se adjudicaron 12 proyectos por 713 MW a Central Puerto, MSU, Eólica del Sur 3, Genneia, Rowling, Aluar, Central Dock Sud, Sullair y Coral Energía.
En paralelo, la administración de Kicillof puso en marcha su propio Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía, destinado a reemplazar durante los picos de demanda la generación de las usinas más costosas que funcionan con combustibles líquidos.
A través de Buenos Aires Energía (BAESA), la empresa estatal encargada de operar las centrales térmicas de la costa atlántica, la provincia adjudicó al grupo chino Huawei la instalación de megabaterías con una potencia total de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh.
Los equipos se distribuirán en cuatro nodos críticos ubicados en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.
El proyecto demandará una inversión estimada en $31.200 millones, que será financiada mediante el cobro del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD).
Las obras comenzarán en las próximas semanas y el objetivo es que las megabaterías entren en operación en enero de 2027, a tiempo para afrontar la mayor demanda eléctrica del verano.
Los equipos, que serán operados por BAESA, deberán estar disponibles cinco horas por día durante 180 días al año.
Más allá de los argumentos oficiales sobre la modernización del servicio, la incorporación de megabaterías constituye una respuesta de emergencia que no ataca el principal cuello de botella del sistema eléctrico: la falta de inversiones en las redes de transporte.
La propia gestión de Milei reconoció ese diagnóstico en el DNU 585/26, que extendió hasta diciembre del próximo año la emergencia del sector eléctrico.
En los fundamentos del decreto admitió que el sistema de transporte opera con márgenes de seguridad reducidos y que las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%, una situación que refleja el deterioro de la infraestructura y la necesidad de realizar obras de fondo.
También reconoció que durante 2025 las ampliaciones ejecutadas —154 kilómetros de líneas y 1580 MVA de capacidad de transformación— resultaron insuficientes frente a las necesidades estructurales del sistema.
Pese a ese diagnóstico, el Gobierno continúa demorando el plan de ampliación de las redes de transporte eléctrico lanzado a mediados del año pasado.
Entre las obras consideradas prioritarias figuran el sistema AMBA I, destinado a reforzar el abastecimiento en la región que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O'Higgins, para evacuar mayor generación de Cuyo y Comahue; y la línea Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, pensada para fortalecer la interconexión entre la Patagonia y el resto del país.
Mientras esos proyectos siguen demorados, tanto la administración nacional como la bonaerense eligieron la misma salida de corto plazo: reforzar el sistema con megabaterías para atravesar los próximos veranos con menos riesgo de cortes, aunque sin resolver las limitaciones estructurales de una red que hace años opera al límite.
