Tras media docena de reuniones con el Ejecutivo, productores y empresarios hablan de consensos crecientes. Por qué la urgencia. La presión de Estados Unidos.
El debate por una nueva Ley de Semillas volvió a ganar centralidad en la agenda del agro y, esta vez, con un dato que los distintos actores del campo consideran inédito: después de años de intentos frustrados, las conversaciones entre el Gobierno, la industria semillera y las entidades rurales fluyen y estiman que habrá avances en el mediano plazo.
En los pasillos del Congreso de Aapresid, en Rosario, la sensación fue compartida: "Estamos bastante cerca". La discusión por la Ley de Tierras, el reclamo permanente por las retenciones y otros cambios estructurales forman parte de la agenda que el sector busca impulsar con la administración de Javier Milei.
Entre las entidades consultadas por Letra P, sin embargo, existe coincidencia en marcar el tema de las semillas como una de las piezas más urgentes para destrabar inversiones, actualizar la incorporación de tecnología y cerrar una discusión que lleva más de una década.
El principal dato político que resaltaron los protagonistas en los pasillos del Salón Metropolitano -donde se está realizando el Congreso- es la continuidad de una mesa de diálogo que ya acumula media docena de encuentros.
Según relataron distintas fuentes, las conversaciones comenzaron durante Expoagro y continuaron en reuniones convocadas por la Secretaría de Agricultura, con la participación de representantes de la industria semillera, la Mesa de Enlace, Aapresid, CREA y otros actores de la cadena.
"Estamos bastante cerca", resumió a Letra P el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, al describir el estado de las negociaciones. Según explicó, existe un consenso amplio sobre varios de los pilares que históricamente generaron mayores diferencias.
"Hay consenso en que hay que pagar por la tecnología, en que tiene que haber una fiscalización más moderna y somos conscientes de que tenemos un atraso en genética, biotecnología y eventos. Necesitamos un marco que permita resolver eso", sostuvo.
En esa misma línea se expresó el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, quien marcó un cambio cultural que considera determinante para explicar el avance de las negociaciones. "Al principio estábamos enfrente, nos ladrábamos y hoy cambió la cosa. Creo que lo vamos a lograr", resumió.
Torres remarcó además que las reuniones con el Gobierno fueron "muy buenas" y destacó que el sector productivo también comenzó a acercar posiciones internamente. "Nos están escuchando. Nosotros mismos dentro del sector estamos logrando buenos consensos. Tengo mucha esperanza de que vamos a tener una buena ley", afirmó.
Si bien reconoció que no existe un cronograma formal para enviar un proyecto o cerrar la discusión, dejó en claro cuál es el clima predominante. "No podemos debatir eternamente. Tenemos que pasar a la acción y este es el momento de hacerlo. Espero que se pueda lograr este año", señaló.
La discusión sobre semillas atraviesa a toda la producción agropecuaria y excede ampliamente al cultivo de soja. Así lo planteó el presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, quien valoró especialmente que el Gobierno haya logrado reunir en una misma mesa a obtentores y productores para intentar cerrar un acuerdo.
"Todos están convencidos de que hay que hacer algo positivo para mejorar las inversiones y los programas de mejoramiento", explicó. Según detalló, una actualización normativa permitiría acelerar el desarrollo de nuevas variedades y facilitar la llegada de inversiones vinculadas a la genética y la biotecnología.
Rossi recordó que ACSOJA elaboró un documento sobre el tema hace tres años y consideró que el proceso actual muestra un ritmo muy superior al de experiencias anteriores. "En 2016 y 2018 las reuniones eran muchas, pero muy espaciadas y terminaron llevando cerca de dos años. Ahora el proceso se aceleró mucho más. Creo que estamos en las últimas etapas", evaluó.
Para el dirigente, el aspecto central no pasa únicamente por modificar artículos de una ley sino por adaptar el sistema argentino a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual, mejoramiento genético y desarrollo tecnológico.
Más allá del consenso que muestran públicamente las entidades, alrededor de la mesa también aparecen lecturas políticas. Diversas fuentes consultadas por Letra P coinciden en que el gobierno de Milei asumió el compromiso de avanzar con una nueva legislación en el marco de los entendimientos alcanzados con Estados Unidos, donde el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual constituye uno de los reclamos históricos de la industria.
En paralelo, algunos dirigentes del sector admiten en conversaciones reservadas que, a medida que las posiciones comenzaron a acercarse, determinados actores que hoy dominan buena parte del negocio redujeron la intensidad del impulso inicial. La explicación que circula entre los propios protagonistas es sencilla: quienes ya tienen consolidada su posición competitiva sienten menos urgencia que otros por acelerar los cambios.
En público, sin embargo, el mensaje mantiene una notable uniformidad. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo que "hay miradas diferentes, pero todo es solucionable" y aseguró que el objetivo compartido pasa por construir "una ley duradera que no perjudique ni a los obtentores ni a los productores".
Ese equilibrio aparece como el principal desafío de una negociación que, después de años de frustraciones legislativas, parece haber encontrado un terreno común. El consenso todavía deberá traducirse en un texto definitivo y, eventualmente, atravesar el Congreso. Pero en el agro perciben que, por primera vez en mucho tiempo, la discusión dejó de girar alrededor de si debe existir una nueva Ley de Semillas y comenzó a concentrarse en cómo terminar de redactarla.
