El equipo encargado de preparar el terreno para darle despliegue y relevancia a las apariciones del ministro de Economía, Sergio Massa, habían anticipado, desde las primeras horas de este lunes, una medida drástica y ejemplar contra los dueños de Edesur, la distribuidora eléctrica del AMBA que quedó nuevamente en la mira por los cortes de luz y las deficiencias del servicio en medio de la ola de calor que afectó a la región en las últimas semanas. Sin embargo, el anuncio grabado que el timonel del equipo económico difundió al caer la noche sobre la “intervención” a la compañía controlada por el grupo italiano ENEL dejó gusto a poco y terminó siendo otro cambio formal con un elemento de color dado por el retorno al ámbito nacional del exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat e intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Pese al esfuerzo oficial por resaltar la importancia de la medida, la “intervención administrativa” dispuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no implica la toma del control de la empresa por parte del Gobierno y deja como estaba la gestión operativa y el manejo de la caja en manos de los propietarios de Edesur, ahora con una nueva "fiscalización" estatal que se supone será más efectiva y visible ante usuarios y usuarias que vienen soportando reiterados y prolongados cortes de luz.
Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, se encargaron de bajar los decibeles y de precisar los alcances de la intervención al destacar que no se verá afectado el control operativo de la empresa, que la responsabilidad del suministro sigue estando a cargo de Edesur y que la tarea encomendada a Ferraresi pasará por la “fiscalización y el monitoreo” de los actos de administración habitual, el plan de inversiones y el cumplimiento de las obras para garantizar la prestación del servicio.
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Además, destacaron que la medida implementada por el ENRE “no afecta el contrato de concesión, ni los derechos de los accionistas privados”, motivo por el cual la italiana ENEL no tendría argumentos para poder entablar una demanda contra el Gobierno por incumplimiento contractual ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Las claves
La intervención que dispuso el ente regulador por medio de la resolución 307 presenta cuatro puntos llamativos.
En primer lugar, deja asentado que se trata de una intervención sui generis de “fiscalización y control” que no altera el contrato de concesión que poseen los accionistas de Edesur. Además, precisa que se trata de una medida “provisoria, transitoria y de carácter excepcional motivada por la grave situación planteada por las acciones de la distribuidora”.
Establece también que tendrá una duración de 180 días hábiles y que el interventor deberá elevar informes parciales sobre la situación de la empresa cada 10 días y un informe final cuando concluya la intervención, hecho que se estaría registrando el próximo 15 de diciembre, a pocas horas de la asunción del nuevo Gobierno que emergerá de las elecciones presidenciales de este año.
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Por último, busca repartir y compartir el costo político de la medida y de un posible empeoramiento del desempeño de Edesur con una doble invitación para que la administración porteña que comanda Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof se integren a la intervención designando un representante por cada jurisdicción.
La nueva “intervención administrativa” y la promesa de sanciones económicas por $ 2.700 millones que irían como resarcimientos para las personas afectadas por los cortes se sumaron a la denuncia penal contra el directorio de Edesur que impulsó la semana pasada el titular del ENRE, Walter Martello, por los supuestos delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.
Massa Edesur
El ministro de Economía, Sergio Massa, anuncia la intervención de Edesur
Lo que no ha quedado claro todavía es cómo harán para no superponerse y llevar adelante las mismas tareas quienes integren la intervención que desembarcará con Ferraresi y el equipo de auditores que, por orden de Martello, aterrizó hace pocos días en la casa central de la empresa eléctrica.
A fines de febrero, el interventor del ENRE puso en marcha por medio de la resolución 237 una "auditoría técnica integral" con el fin de relevar la capacidad de gestión de Edesur, determinar las sanciones que correspondan por la deficiente prestación del servicio y proponer las medidas operativas y regulatorias destinadas a evitar los reiterados problemas de suministro.
Los equipos técnicos enviados a Edesur tienen 90 días para "efectuar la auditoría de procesos, verificar la consistencia de su disponibilidad tecnológica, materiales, insumos y de recursos humanos para realizar los procesos de gestión sustantivos consistentes en, la atención primaria, reclamos, operación, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones, costos y gestión de pérdidas".
Transcurrido ese tiempo, deberán entregar un "informe final" que, de acuerdo con lo indicado por Martello, será remitido al Congreso para que defina qué hacer con la concesión de Edesur.
