Investigan a Cecaitra, la cámara de proveedoras de servicios y tecnología para el sistema de radares. Los nexos de un grupo empresario familiar, bajo la lupa.
Jorge D'Onofrio investigado por supuesta corrupción
Jorge D'Onofrio y el Bernardino García, presidente de Cecaitra
Captura de redesEn la causa por presunta corrupción que involucra a Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, la investigación judicial puso la lupa sobre los contratos de instalación del sistema de fotomultas en la Provincia y municipios. También sobre la supuesta organización delictiva que borraba las infracciones a cambio de dinero.
La justicia bonaerense allanó la sede de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de Argentina (Cecaitra), una sociedad civil “sin fines de lucro” que se maneja como un grupo empresarial y tiene a Bernardino García y a su hijo Mariano García como presidente y vice.
Los García armaron la cámara del sector y fueron por más: la inscribieron también como una empresa que brinda servicios y factura. Crearon o compraron, además, otras empresas que integran Cecaitra. Así participan de las licitaciones municipales y provinciales con nombres diversos y más posibilidades de quedarse con el negocio.
Mariano García figura como presidente del directorio de Full Collect S.A., que tiene a Renzo Di Blasio como director suplente. García hijo también es presidente en Exulta S.A., cuyo director suplente es Fernando Pettiti, y está al frente de Detectra S.A., cuyo socio fundador fue su padre en 2007.
Según los registros del Boletín Oficial, estas sociedades tienen domicilio legal en una oficina del segundo piso de la avenida Córdoba al 900, en el microcentro porteño.
Además de García hijo y Pettiti, en Exulta trabajó Pamela Macchione, quien en 2023 fue nombrada directora titular de la empresa Compañía Constructora de Embarcaciones, el astillero ubicado en General Pacheco que preside García padre.
Allí también se cruza el nombre del astillero BMX Boat, que en 2021 fue noticia porque un yate de lujo recién botado se hundió en el río Luján. García padre fue quien reflotó la flamante embarcación hundida.
El caso de la licitación para fotomultas en el Municipio de Salta tuvo trascendencia pública. En la capital salteña, Cecaitra recibió críticas por “tener ventajas para la adjudicación” y se retiró del proceso aduciendo que no estaban dadas las condiciones para participar de la compulsa. Llamativamente, la empresa ganadora del proceso fue Detectra, que regentea García hijo.
En 2017, en el Municipio de Pilar, durante la intendencia de Nicolás Ducoté, Cecaitra también quedó bajo sospecha por el contrato que le aprobaron en el Concejo Deliberante: la recaudación de las fotomultas se repartía un 50% para la cámara empresaria, un 20% para la Provincia y un 30% para el municipio que tenía que hacer la logística del sistema.
Cecaitra es la contraparte en el escándalo de sospechas de corrupción que envuelve a D'Onofrio, quien está siendo investigado en tres juzgados de la justicia provincial y también en el juzgado federal de Zárate-Campana a cargo de Adrián González Charvay.
“Cecaitra se muestra como una sociedad civil. Por ejemplo, no paga impuesto a las ganancias, pero participa como una empresa en las licitaciones públicas”, dijo a Letra P un abogado que conoce el sistema desde adentro.
Cecaitra comenzó a crecer en la provincia de Buenos Aires durante la administración del exgobernador Daniel Scioli, incluso Nicolás Cafaro, ex director de Seguridad Vial en la gestión sciolista, fue luego gerente de esta cámara empresarial.
Scioli le sacó el manejo de las fotomultas a la empresa Boldt, ahora de la familia de Ángel Tabanelli que tiene parte de los juegos de azar en la provincia; y Cecaitra, que vendía equipos para fotografiar en forma automática las infracciones, se apoderó del negocio casi por completo y comenzó a comprar empresas o tener participación en otras.
Fuentes del sector aseguraron que Ceciatra le pagaba en blanco, contra factura, un plus a los jueces de faltas de algunos distritos. Los diez magistrados provinciales de infracciones son funcionarios del Ministerio de Transporte y son los "únicos" que pueden subir y bajar una infracción.
Cecaitra también nuclea empresas grandes que no le pertenecen a los García, como ANCA Agronegocios. Las empresas con más poder en la cámara son las que tienen aparatos homologados y sus equipos son muy caros: Detectra de los García, Siteco y Señal Control, entre otras.
Actualmente, la hegemonía de los García está acechada por Leandro Camani, el dueño de Secutrans, otra empresa de fotomultas. Fue la que elevó la queja porque la supuesta “mafia de los borra multas” tenía preferencias por eliminar las infracciones que salían de sus cámaras, quitándoles recaudación.
Secutrans se quejó también porque no le cargaban al sistema, las infracciones que le tocaban cobrar a su empresa. El año pasado, D'Onofrio dejó trascender que Camani lo había amenazado y le dijo: “Vas a aparecer suicidado en un baño”.
En la provincia de Buenos Aires, las fotomultas se recaudan en forma directa: el conductor de un vehículo en infracción al que le llega la boleta con su foto, paga en el banco o por un sistema bancarizado y el dinero se deposita en una cuenta de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Automáticamente, el monto pagado por la infracción se reparte a Cecaitra, Secutrans o TN Group.
El sistema que homologa cada infracción que se cobra en el territorio bonaerense es del Estado y funciona en el Ministerio de Transporte. De allí que se presume que los “borra multas” tenían acceso con clave del sistema, por caso los jueces de tránsito.
Los intermediarios que contactaron infractores, recibían la plata en efectivo y luego ingresaban al sistema y reducían el monto de las infracciones al mínimo, las cancelaban y se quedaban con las diferencia.