Las pymes regionales que fabrican casi el 70% del biodiésel utilizado para abastecer el corte obligatorio del gasoil en las refinerías petroleras, denunciaron este miércoles en el Senado que todos los proyectos en debate para reformar la ley de biocombustibles amenazan la existencia de 25 empresas que generan 15.000 empleos en las provincias.
“Todos los proyectos de reforma de la ley de biocombustibles que están en el Senado claramente tienden a que nuestro sector de empresas pymes del interior desaparezca”, explicó Tomás Lorda, vicepresidente de Enersa, una firma que produce biocombustible en Catriló, provincia de La Pampa.
Patricia Bullrich y las cerealeras
El proyecto que impulsa el Gobierno, promovido por la senadora Patricia Bullrich, habilita a las grandes cerealeras —como Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco— a vender biodiésel a las refinerías de gasoil. Según sus críticos, la iniciativa busca abrirles el mercado interno luego de que perdieran destinos de exportación y mantuvieran parte de su capacidad productiva paralizada.
"La diferencia en el precio del gasoil en el surtidor, si se incorporan los cambios que proponemos, sería de apenas $10 por litro. En cambio, si se aprueba el proyecto de Bullrich, el impacto sobre las pymes del interior del país va a ser catastrófico", sostuvo el empresario pampeano.
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Lorda expuso durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Minería, Energía y Combustibles del Senado. Allí afirmó que las grandes cerealeras perdieron buena parte de los mercados externos para el biodiésel que producen en las plantas integradas del polo aceitero santafesino y que ahora, "con capacidad ociosa, se les abrió el apetito por el mercado interno que desde hace años abastecemos las pymes del interior".
El Senado debate más de seis proyectos
Esas empresas globales están agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), cuyo presidente, Gustavo Idígoras, ya aseguró que “el proyecto de Bullrich va a permitir volver a poner en funcionamiento las fábricas de biodiésel más grandes del mundo, que están cerradas por un capricho insostenible, una ley soviética, antiempleo, antiproducción y antiinversión”.
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La ley de biocombustibles se debate en el Senado nacional
Lorda pertenece a la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a firmas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Esos emprendimientos tienen garantizado por la ley 27.640 —con vigencia hasta 2030— el abastecimiento del cupo del corte de biocombustibles que compran las petroleras con refinerías propias, como YPF, Raízen, Trafigura y Pan American Energy (PAE).
Esas últimas quedaron alineadas al proyecto de Bullrich porque acota el aumento del porcentaje de corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%, mientras que las pymes pretenden que el corte se amplíe al 12%.
Pymes llevaron nueva propuesta
El empresario pyme detalló que el cupo actual de biocombustible de soja que se mezcla con el gasoil es de 950.000 toneladas, de las cuales 600.000 son producidas por las pymes de Cepreb, mientras que otro conjunto de empresas pequeñas y medianas ubicadas en la provincia de Santa Fe abastece las 350.000 toneladas restantes.
Entonces, según las pymes regionales, la producción que actualmente se distribuye entre 25 empresas “quedará concentrada en dos o tres corporaciones, pues existe una capacidad instalada de cuatro millones de toneladas anuales para un mercado local del orden de un millón de toneladas”.
Para el sector, reemplazar los volúmenes que antes se exportaban con el mercado interno no tiene sentido: “Van a desarmar un complejo pyme instalado, con empleo de calidad, para encender las máquinas de sus plantas por apenas dos días al mes, que es lo que tardan en producir el cupo de biocombustible para el mercado local”.
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Las Pymes regionales de biocombustibles advierten que están en peligro 15.000 puestos de trabajo
Lorda presentó los lineamientos de un proyecto que preserva a las pymes de Cepreb y que tiene consenso en el bloque peronista de la cámara alta, presidido por el formoseño José Mayans.
Las pymes proponen los siguientes cambios:
- Incremento gradual del corte: pasar del 7,5% al 9% al promulgarse la ley y del 10% al 12% luego de 12 meses.
- Segmentación del cupo: otorgar un 6% a las pymes regionales y el 6% restante a la provincia de Santa Fe, dividido entre las plantas que no están integradas a las cerealeras y las que sí pertenecen a los gigantes de la exportación.
- Límite por empresa: restringir la entrega dentro de cada segmento a un máximo de 50.000 toneladas anuales para sostener un mercado competitivo en el tiempo.