Hasta fines de 2023 cubría el 80% del precio. Ahora, entre el 10% y el 17%. Los pagos del programa Hogar acumulan varios meses se retraso.
Javier Milei recorta al mínimo los subsidios a la garrafa social
En la misma línea del recorte en la entrega de medicamentos sin cargo a las personas afiliadas al PAMI; el gobierno de Javier Milei redujo al mínimo los subsidios destinados a cubrir una porción del precio de las garrafas de gas del programa Hogar, que tiene a más de 3,6 millones de familias de bajos recursos como beneficiarias.
Las autoridades de la Secretaría de Eergía que comanda la macrista María Tettamanti y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a cargo del fueguino Mariano de los Heros, degradaron el programa de la garrafa social creado en 2015, con dos medidas:
Con más de nueve años de vigencia, el programa Hogar está orientado a ayudar económicamente "a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio que consumen Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado y residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no están conectados a la red de distribución de gas de su localidad".
Pueden acceder al programa las personas cuyos ingresos familiares no superan el nivel de dos salario mínimos, vitales y Móviles (SMVM) o los correspondientes a la categoría C de monotributistas.
En las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el límite de ingresos es de 2,8 SMVM y con un tope de 4,2 SMVM en caso de convivir con una persona con discapacidad.
El monto del subsidio de cada hogar es variable y cubre una cantidad determinada de garrafas por mes que dependen de la composición del grupo familiar, la localización geográfica y los meses del año.
Según los datos del Censo 2022, algo más de 20 millones de habitantes -que representan casi el 44% de la población total del país- cocinan y se calefaccionan con garrafas de gas.
Medidos en hogares, el programa de garrafa social alcanza a un total de 3.660.935 de familias de bajos ingresos. La provincia que tiene el número más elevado de beneficiarias es Buenos Aires con 1.012.352 hogares. A continuación, se ubican Chaco con 284.865 hogares, Córdoba (282.726), Santa Fe (281.334), Misiones (248.708) y Corrientes (245.582).
El esquema económico del programa de garrafa social se sustenta sobre un doble desembolso del Estado. Por un lado, están las compensaciones que el área de Energía paga a los fraccionadores y distribuidores de GLP para que destinen un cupo de sus producciones a personas beneficiarias del programa. Por otro, el subsidio directo que la ANSES abona para aliviar parcialmente el precio final de las garrafas que deben afrontar las familias de bajos recursos.
Desde el inicio de su gestión, la administración mileísta viene actualizando tanto los montos de las compensaciones destinadas a las empresas fraccionadoras y comercializadoras como los valores de referencia para la venta al público de las garrafas.
El precio reconocido para la provisión de butano y propano pasó de $137.838 por tonelada en febrero a $420.000 por tn. a partir del primer día de diciembre.
En el mismo período, el precio oficial de referencia de la garrafa de 10 kilogramos subió de $4.752 a $10.500. En los envases de 12 kg. el salto fue de $5.701 a $12.600; mientras que en los cilindros de 15 kg., el precio de referencia trepó de $7.126 a $15.750.
A contramano de estos ajustes, el monto del subsidio por garrafa se mantuvo congelado y pasó a cubrir un porcentaje cada vez más bajo del precio final de cada recarga.
Hasta noviembre del año pasado, el subsidio representaba el 80% del precio de venta de las garrafas; pero desde comienzos de este año, el ministro de Economía, Toto Caputo lo mantuvo fijo en un valor promedio para todo el país de $1.778 por envase.
Frente a los precios de referencia que reconoce el Gobierno, ese monto de subsidio equivale a sólo el 17% del valor final de una garrafa de 10 kg.
Comparado con los precios reales, que en la mayoría de las provincias son entre 30% y 60% más caros que los "oficiales”, el porcentaje de cobertura del subsidio oscila apenas entre el 13% y el 10,5%.
A la falta de actualización de este subsidio, se sumó otro perjuicio provocado por el recorte del gasto público que afecta a las personas usuarias.
En los papeles, los hogares inscriptos en el programa deberían recibir la ayuda económica de la ANSES todos los meses; pero, por la restricción presupuestaria y el pedaleo de pagos, la agencia de seguridad social acumula un retraso marcado en la acreditación de los subsidios.
Recién el mes pasado, las autoridades de ANSES liquidaron en forma retroactiva y sin intereses los subsidios que no habían pagado entre diciembre de 2023 y abril de este año. Para lo subsidios adeudados de mayo en adelante, no existe una fecha cierta de pago y se prevé que vuelvan a ser cancelados con retardo en los primeros meses de 2025.