Como en la canción, el futuro repite el pasado. El Grupo Abertis, cuyo socio mayoritario es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en el que participa el gigante italiano Benetton, presentó nuevamente una demanda contra el gobierno nacional en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (CIADI), el tribunal que depende del Banco Mundial y que preserva la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en los países socios. El objetivo es el mismo de siempre: que la Justicia convalide la dolarización de tarifas que consiguió al amparo de la convertibilidad que parieron en los comienzos de la década del 90 Carlos Menem y Domingo Cavallo.
El conglomerado europeo Abertis es en Argentina el accionista mayoritario del concesionario AUSOL, que cobra el peaje y mantiene la autopista Acceso Norte, y del Grupo Concesionario del Oeste (GCO), responsable del Acceso Oeste.
El grupo constructor está reclamando en el tribunal arbitral que la administración de Alberto Fernández le declaró nulos los contratos que el gobierno de Macri en 2016, con Guillermo Dietrich en Transporte y Javier Iguacel en Vialidad, les había prorrogado hasta 2030 a los dos concesionarios por decreto y sin licitación. Macri estiró el contrato de Carlos Menem, que vencía en 2018, y lo perfeccionó a favor de las empresas. En el medio está el reclamo de tarifas.
Antecedente
Abertis ya había acudido al CIADI en 2015. Reclamaba que Argentina no le había cumplido el contrato en dólares que había firmado en 1994 con Menem de presidente y con Macri como socio de la empresa AUSOL. Es que en 2001 se cayó la Convertibilidad y el contrato en dólares se destruyó por obvias razones. Ahí los concesionarios adujeron que les faltaba recuperar el dinero de inversiones en obras realizadas.
Cuando Macri llegó al gobierno, cuadruplicó el valor y dolarizó las tarifas del peaje. Además, le reconoció formalmente a los dos concesionarios que el Estado les debía cerca de 1.780 millones de dólares por los incumplimientos del contrato de 1994 y que se los pagaría con extensión automática, por 12 años, de los contratos y con los nuevos precios de tarifas atadas al dólar.
El acuerdo, por el que ahora reclama el presidente del Real Madrid, estableció un sistema de compensación por el cual, si la tarifa no alcanzaba para pagar la deuda acreditada, o se establecía un cepo al dólar, el gobierno nacional aportaría lo que falte para que las empresas compren dólar billete a la cotización de Contado con Liquidación (CCL) y puedan enviar las remesas a las casas matrices de europa. A cambio de todo eso, Abertis se retiró del CIADI. Ahora volvió.
Museo de grandes novedades
Fuentes jurídicas y técnicas a cargo del control de las firmas concesionarias le explicaron a Letra P que “actualmente están en vigencia dos medidas cautelares que avalan (hasta que se resuelva la cuestión de fondo) que el gobierno nacional no tiene que pagar ninguna compensación ni otorgar los aumentos de tarifas al ritmo del dólar que reclaman las compañías.
Detallaron que, si bien Abertis tiene derecho a ir al CIADI como accionista de los concesionarios, tampoco “agotó las instancias judiciales en los tribunales argentinos para comenzar una demanda internacional”. Así concluye que el exsocio de Macri, Florentino Pérez, y sus socios italianos “huelen un cambio político y van al CIADI para después negociar con un nuevo gobierno”. Como la canción: un museo de grandes novedades.
Otro dato que actualiza el tema es que Abertis construyó, por el sistema de Iniciativa Público Privada, las autopistas de Madrid en España y tiene la concesión de muchas carreteras en el mundo. Es el modelo de obra pública “a la chilena” que propone el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, para llevar adelante la infraestructura pública en el país, si llega a resultar electo.
Ambos concesionarios oficializaron que Abertis volvió al CIADI reclamando una “compensación por los daños causados a su inversión por una serie de medidas adoptadas por el gobierno argentino desde 2019 en adelante en relación con el Contrato de Concesión de AUSOL y de GCO, la falta de cumplimiento del régimen tarifario contractual y el cuestionamiento de la validez del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual aprobado por el Decreto 607/2018”.