La Justicia ratificó la medida que obliga a actualizar salarios y becas mientras continúa el juicio por la ley de financiamiento. El pase de facturas interno.
La Corte Suprema.
La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei contra la medida cautelar que ordena cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente la obligación de actualizar salarios docentes, no docentes y becas mientras se resuelve el proceso principal.
El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además de confirmar el rechazo al planteo de recusación impulsado por el Estado, el máximo tribunal desestimó el recurso por considerar que las resoluciones sobre medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva que habilite la instancia extraordinaria. También impuso las costas del proceso al Estado Nacional.
La resolución no aborda el fondo de la controversia. La discusión sobre la constitucionalidad del Decreto 759/2025, que promulgó la ley pero condicionó su aplicación plena hasta la definición de las fuentes de financiamiento en el Presupuesto, continuará en los tribunales inferiores.
Detrás de la decisión judicial aparece un conflicto político que, según fuentes parlamentarias y judiciales, pudo haber tenido una salida legislativa. A fines de 2025, el diputado Rodrigo de Loredo encabezó negociaciones junto a Santiago Caputo y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con dirigentes del radicalismo, entre ellos Facundo Yacobitti, para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con esas versiones, el proyecto estaba preparado para debatirse en febrero de 2026 y buscaba resolver el conflicto sin intervención judicial. Sin embargo, la iniciativa nunca llegó al recinto.
Las mismas fuentes sostienen que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, frenó el tratamiento al conocer que el entendimiento había sido impulsado por Santiago Caputo. Desde ese momento, la estrategia oficial pasó por intentar resolver el litigio en el ámbito de la Corte Suprema, una alternativa que finalmente no prosperó.
Uno de los aspectos más comentados en los tribunales es que Horacio Rosatti integró la mayoría que rechazó el recurso del Gobierno, pese a que semanas atrás el Ejecutivo había designado juez federal a un hijo del magistrado. En el ámbito judicial interpretan que esa decisión demuestra que la estrategia política para influir en la resolución del conflicto no produjo el resultado esperado.
El fallo obliga ahora al Gobierno a ejecutar la recomposición salarial del sistema universitario y actualizar las becas mientras continúa el juicio de fondo. Esa erogación no estaba contemplada en el esquema presupuestario del Ejecutivo y representa un desafío para la política de equilibrio fiscal que la administración de Javier Milei sostiene desde diciembre de 2023.
El proceso judicial continuará con el análisis de la constitucionalidad del decreto presidencial, aunque la cautelar seguirá vigente hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.