Ignacio Saravia Day y Pedro Raúl Muñoz fueron hallados culplables de secuestros, torturas, delitos sexuales, robo de bebés y desapariciones forzadas.
El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó a un policía y a un militar retirados por secuestros, torturas, delitos sexuales, robo de bebés y desapariciones forzadas cometidos en la Comisaría 5ta de esa jurisdicción, uno de los centros clandestinos del temible Circuito Camps que operó durante la última dictadura. Allí también nacieron niños y niñas que fueron apropiados.
La jueza Karina Yabor y los magistrados Andrés Basso y Ricardo Basílico condenaron a prisión perpetua al teniente retirado Ignacio Saravia Day y a 15 años de prisión al policía retirado Pedro Raúl Muñoz por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado contra más de un centenar de personas durante el gobierno de facto que comenzó el 24 de marzo de 1976.
El juicio oral y público, que comenzó en julio de 2024, tuvo durante más de un año sentado en el banquillo al médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés, acusado en esta ocasión del secuestro y las torturas sufridas por Jorge Julio López, testigo fundamental de toda la megacausa Circuito Camps. Bergés, varias veces condenado por apropiación de niños en esa causa, falleció sin recibir una nueva sentencia.
El debate abordó 112 casos que alcanzan a 110 personas que estuvieron secuestradas en esa dependencia policial y a dos víctimas cuyos casos quedaron asociados al del conscripto desaparecido José David Aleksoski. La causa es residual del histórico juicio Circuito Camps, que en 2012 terminó con la condena a 23 represores -entre ellos, a prisión perpetua, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jaime Lamont Smart-.
El juicio llegó a esta instancia con tres imputados: Muñoz, Bergés y Saravia Day, quien permaneció prófugo de la Justicia hasta 2017 y enfrentó la Justicia por primera vez. Otros dos represores que también habían sido elevados a juicio, los policías retirados del Cuerpo de Infantería Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, fallecieron antes de llegar al debate oral por lo que no pudo juzgarse en esta causa el ataque a la casa de la calle 30, donde fueron asesinadas Diana Teruggi y otras cuatro personas, y donde fue apropiada la beba Clara Anahí Mariani, hoy todavía buscada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Sobre Muñoz recae la responsabilidad por la inmensa mayoría de los casos revisados en el juicio: 110 víctimas que pasaron por la Comisaría 5ª, entre ellas dos nietos y dos nietas restituidos (Sabino Abdala, María Eugenia Gatica Caracoche, Ana Libertad Baratti de la Cuadra y Leonardo Fossati Ortega), la niña asesinada Mónica Santucho, los desaparecidos Inés Ortega y Rubén Fossati -padres de Leonardo- y Elena de la Cuadra -madre de Ana Libertad-, y varias mujeres que estaban embarazadas al momento de su secuestro, cuyos hijos e hijas Abuelas continúa buscando.
Muñoz fue condenado a 15 años de prisión, a pesar de que las querellas –Abuelas de Plaza de Mayo incluida– y la Fiscalía solicitaron la pena de prisión perpetua. Las partes acusadoras intentaron un cambio de calificación en relación a los crímenes cometidos, pero el represor había llegado señalado como partícipe secundario, un camino que continuó el TOF.
El represor fue identificado por el sobreviviente y desaparecido en democracia Jorge Julio López en uno de sus testimonios clave durante el proceso de juzgamiento a los genocidas, y llegó a este juicio libre, lo que motivó que las querellas pidieran su detención. Finalmente deberá cumplir prisión por secuestros, torturas, abuso sexual, abuso deshonesto, tres casos de apropiación de bebés, homicidios y desapariciones forzadas.
Saravia Day, que se mantuvo prófugo entre 2014 y 2017 hasta ser hallado en una quinta cercana a San Salvador de Jujuy, llegó a juicio acusado por el secuestro y las torturas sufridos en 1976 por tres conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio y fueron mantenidos cautivos en la Comisaría 5ª: José Aleksoski, Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos. Aleksoski permanece desaparecido; Araujo y Campos sobrevivieron. Se trata de uno de los pocos tramos de hechos que no habían sido juzgados antes.
Bergés, en tanto, debía responder por el secuestro y las torturas sufridos por López en esa misma comisaría. El exmédico policial ya acumulaba varias condenas por su intervención en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura -entre ellas, la de marzo pasado en el juicio a las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús-, pero murió antes de que pudiera dictarse sentencia en esta causa. Aun así, la Fiscalía pidió que el Tribunal se pronuncie sobre su responsabilidad en función del derecho a la verdad.
La Unidad Fiscal Federal de La Plata, integrada por el fiscal general Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, solicitó la pena máxima -prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua- para Muñoz y Saravia Day, a quienes acusó como coautores de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados, y en el caso de Aleksoski, también de desaparición forzada o, en forma alternativa, de homicidio calificado. Los fiscales calificaron los hechos como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio y remarcaron que los crímenes contra las prisioneras de la Comisaría 5ª constituyeron también violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.
En la misma línea se pronunció Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa junto al nieto restituido Leonardo Fossati Ortega. Su abogada, Coleen Torre, pidió prisión perpetua e inhabilitación absoluta para Muñoz por considerarlo penalmente responsable, como coautor, de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio agravados, abuso deshonesto, desaparición forzada, y retención y ocultamiento de niños, en el marco de un genocidio.
La mayoría de los casi 120 hechos revisados en este debate ya habían sido juzgados en 2012, en el histórico juicio que investigó crímenes cometidos en unos seis centros clandestinos que integraron el Circuito Camps -la red de centros de detención, tortura y exterminio que funcionó bajo el mando del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, y su segundo, Etchecolatz-. La Comisaría 5ª, ubicada en diagonal 74 entre 24 y 25 de la capital bonaerense, funcionó como uno de esos centros hasta fines de 1977 y, según organismos de derechos humanos, alojó ilegalmente a más de 350 personas. Hoy el predio es un Espacio para la Memoria, donde funciona la filial platense de Abuelas.
El veredicto de este viernes se suma a las 365 sentencias que fueron dictadas en el marco del proceso de juzgamiento a genocidas desde que retomó su curso en 2006, tras la declaración de nulidad de las leyes de impunidad. Saravia Day y Muñoz se suman, además, a los 1245 represores juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura cívico militar.
