El rionegrino lo propuso hace un mes. CFK prefirió ir a Tribunales, pero una resolución favorable condicionaría a los legisladores. El 2x1, antecedente clave.
La presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que pide revisar la sentencia que la condenó a prisión y le impidió competir, podría activar un reclamo que realizó Miguel Ángel Pichetto: la intervención del Congreso para obligar a la Corte Suprema a revertir el fallo.
El planteo fue realizado por el diputado rionegrino hace un mes, durante una reunión de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja. Inevitablemente, el debate retornará si un fallo internacional favoreciera a CFK, aunque los juristas vinculados a la oposición sostienen que aún en ese caso nada debería cambiar.
Voceros de Pichetto contaron a Letra P que su idea no era esperar una decisión de los magistrados de Ginebra, aunque tomaron con agrado la aparición de juristas extranjeros que amplifiquen la mirada.
“Él creía que la defensa estaba cometiendo errores”, explicaron. Su planteo, de cualquier forma, podría ser tenido en cuenta si la ONU falla a favor de CFK, porque los tres poderes del Estado deberían, al menos, revisar sus acciones referidas al proceso que llevó a la expresidenta a la cárcel.
En el entorno de la expresidenta descartaron que pidieran la colaboración del Congreso en lo inmediato, aunque no descartaron evaluarla más adelante. “Por ahora, no”, fue la respuesta.
El exsenador sorprendió el 11 de junio en una reunión de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, que no integra, pero aun así pidió asistir para hablar. Cuando tuvo el micrófono, sostuvo que el Congreso está facultado a revisar la sentencia de la Corte que encarceló a CFK y dio como ejemplo un antecedente cercano: el fallo del máximo Tribunal que en 2017 autorizó la liberación anticipada de represores y luego de una reacción del parlamento los propios cortesanos revirtieron.
En ese momento, el Congreso sancionó una ley para aclarar que las personas condenadas por delitos de lesa humanidad no pueden ser beneficiadas por el sistema 2x1, que permite reducir las condenas a la mitad.
“Lo que se decidió fue que este beneficio no era aplicable a represores a los fines de los pactos internacionales. La Corte decidió no implementar la sentencia durante nueve o diez meses, hasta que resolvió el tema, en línea con lo que había aplicado el Congreso”, recordó Pichetto.
Su idea no fue tomada en cuenta por Carlos Beraldi, el abogado local de CFK, aunque podría ser considerada si los tribunales internacionales hacen lugar a los planteos anunciados este jueves.
Ocurre que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que citan en la presentación, tiene jerarquía constitucional por decisión de los convencionales hace cuatro décadas. Fue incluido entre los tratados a respetar en el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna. Si la ONU considera que la sentencia contra CFK lo incumple, el debate, inevitablemente, recalará en el Congreso.
Los nuevos juristas que asesoran a la expresidenta, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, consideraron que un fallo del comité de la ONU debería ser de aplicación directa en el país.
Según precisaron, el organismo podría resolver en octubre las tres cautelares planteadas, que refieren a la inhabilitación a CFK para participar de las elecciones, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y al nombramiento de las dos vacantes en la Corte Suprema.
Para más adelante quedará la resolución de fondo, sobre la condena por el caso Vialidad, que Borrego y Valim descalificaron con duros términos. Cuestionaron detalles como la falta de rigurosidad técnica en las pericias o la consideración de un decreto presidencial que aún está vigente.
El dilema en todo el arco político es cómo se posicionará la justicia y el poder legislativo si no actúa ante una eventual pronunciación de la ONU, sobre todo para los sectores que, a diferencia de La Libertad Avanza, no son críticos de la arquitectura jurídica internacional.
Los juristas que asesoran a los bloques del Congreso pasaron la jornada consultando a abogados constitucionalistas y las posturas son disímiles. En las bancadas opositoras prevalecía la idea de que no existe una aplicación directa de una decisión de un tribunal internacional, porque entienden que no funciona como una nueva instancia de apelación.
Citaban la sentencia del máximo tribunal, en la que fundamentó no revisar el fallo sobre el caso Fontevecchia y D’Amico, en el que fundamentaron no considerar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
En el kirchnerismo tienen otra expectativa. Sostienen que una eventual decisión de la ONU que cuestione el fallo de la Corte podría sembrar presión política para que el máximo tribunal reconsidere el fallo Fontevecchia, que fue firmado por sus tres miembros actuales: Ricardo Lorenzetti, Elena Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Además, quedarían condicionados los futuros candidatos a ocupar las dos vacantes restantes.
Rosatti, presidente del Tribunal, suscribió aquel fallo con algunas diferencias de criterios. Ratificó que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, pero sostuvo que debe haber una coordinación armónica entre los tribunales locales y los internacionales.
El exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda –que al igual que el santafesino fue convencional constituyente en 1994- se apartó de sus entonces colegas y consideró que sí debía aplicarse en el país el fallo de la CIDH.
Los juristas cercanos al peronismo advertían que si la oposición dialoguista ignora una resolución de la ONU debería ser consecuente y avalar los pedidos de Milei para retirarse de los organismos internacionales, como hicieron varios líderes mundiales que se molestaron por sus decisiones. Hasta ahora, los aliados del Gobierno se apartaron de sus críticas al sistema internacional. Por caso, no apoyaron la salida de la Organización Mundial de la Salud.
El debate de la proscripción llegará igual al Congreso. Según adelantó Borrego, la expresidenta podría competir en las elecciones primarias, que por ahora están vigentes, porque no se eligen cargos sino candidaturas. Máximo Kirchner confirmó que lo intentarán. La discusión no tardará en llegar a los recintos.
