“Después de la pandemia, el mundo es más peligroso”, sostuvo María Ibarzabal Murhpy en el Congreso. Se niega a dividir el proyecto, como propone la oposición.
El Gobierno inició una fuerte presión a la oposición para aprobar sin cambios el proyecto sobre la soberanía de Malvinas. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, cercana a Santiago Caputo, ratificó en Diputados la decisión de darle un mayor poder a las Fuerzas Armadas y propuso crear una comisión bicameral de control para convencer a los aliados.
“Si no sumamos estas herramientas es difícil que nos tomen en serio”, sostuvo la funcionaria, para justificar su decisión de no dividir el proyecto. Como explicó Letra P, Unión por la Patria y algunas fuerzas cercanas al Gobierno proponen mantener únicamente el título principal, que amplía la cantidad de empresas pasibles de sanciones por explotar recursos en las islas y aumenta y diversifica las sanciones.
No aceptan el resto de la iniciativa, que contempla amplias prerrogativas al Ministerio de Defensa a través de la creación de un consejo de seguridad, que, junto al Presidente, integrarían la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Ministerio de Economía.
“Hasta la caída del muro y la pandemia predominó la globalización. Es un mundo más peligroso”, alertó la jurista, que no es muy respetada en el Congreso. Le atribuyen haber firmado decretos para suspender las leyes de emergencia en Discapacidad y Universidades. Por esa razón, la llaman "La Maga".
El Consejo de Seguridad que crea el proyecto tendría la posibilidad de intervenir militarmente ante presuntos ataques a "infraestructuras críticas del país", que entiende como estructuras físicas, redes o partes de ellos, “indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento del Estado”.
Ibarzábal Murphy defendió esa definición genérica. "Estamos en un mundo en el que existen guerras. Se llevan adelante conflictos y existen ataques a infraestructuras críticas", fue la respuesta ante una pregunta de Eduardo Valdés (UP), quien sospecha que se trata de un artilugio para impedir inversiones de empresas de China. Recordó la presión de Estados Unidos para que la cooperativa eléctrica de Neuquén no firmara un contrato con la Huawei.
La funcionaria mantuvo un tono constructivo y evitó cruces con la oposición. "Vine a tratar de convencerlos, pero sé identificar las faltas de respeto", fue su frase más fuerte. Dedicó buena parte de la exposición a pedir que no se divida el proyecto.
“Separar la cuestión Malvinas con la defensa nacional y la integración territorial es un error conceptual. El título 1 es vital, pero no es suficiente. Las amenazas externas no son hechos sino también la posibilidad de tomar acciones concretas que nos permitan hacernos respetar y tomar el lugar que queremos en el mapa mundial”, señaló la funcionaria.
Explicó que no tendrá prerrogativas legislativas, sino que será una coordinación entre áreas del Gobierno para cumplir leyes vigentes. Justificó que no lo integrará el Ministerio de Seguridad, porque no interviene en cuestiones de defensa.
La única concesión de la abogada cercana a Caputo fue ofrecer una comisión legislativa. “Estamos 100% de acuerdo en que es fundamental cada uno de los poderes y por eso estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional que tenga una participación muy coordinada, para mantener una interacción fluida”, señaló.
Pese a su buena predisposición, Ibarzabal Murphy no logró respaldo de ningún bloque aliado y la aprobación de la totalidad del proyecto está lejos. Aun así, el oficialismo evalúa apurar una sesión para el 21 y no descarta anticipar el debate el jueves 15.
Ese día quedaría superpuesta con la pedida por la oposición para derogar el DNU 70/2023. El dictamen sobre Malvinas sería el miércoles 14, aunque con los consensos que se alcanzaron sólo se aprobaría el título 1.
La “Maga” intentó defender el resto del contenido, pero no conformó a nadie. “No se puede dejar la ley de 2011 porque está muy desactualizada”, insistió y justificó la presencia de Economía en el Consejo. “Tener déficit cero también es parte de la seguridad nacional”.
Ante una consulta de Eduardo Falcone (MID) defendió el capítulo que permite al Consejo de Seguridad derribar buques. “El derribo es una acción legal del empleo de la fuerza ante una amenaza concreta”, lo describió.
Ibarzabal Murphy usó el derecho comparado para defender las sanciones de hasta 12 años de prisión por supuestas campañas de desinformación en campañas electorales.
“Australia en 2018 dio 20 años de prisión para quien influyera en un proceso político mediante engaño. Por esta razón también hay sanciones a quienes no residan en el país e intervengan en las campañas, con un agravante de traición a la patria”, señaló.
La funcionaria no logró convencer con sus respuestas. Una pregunta repetida es por la posibilidad que podrían tener las empresas sancionadas por explorar en Malvinas de salir ilesas por el cambio de legislación.
“Las penas no se cambian”, se defendió la secretaria, aunque insistió que las sanciones se amplían a cargos económicos para cumplir el objetivo de evitar las exploraciones.
“Hay que incentivar a que esos proyectos caigan. Tiene que quedar bien claro cuáles son los incentivos y lograr el cese de actividades. Que la ley establezca sólo sanciones es un error", destacó.
La Libertad Avanza se mostró unida para defender el proyecto. "Está encuadrado dentro de los principios constitucionales, como lo establece la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional, y también dentro de la Res. 31/49 de la ONU. No hay ningún aspecto en esta ley que no vaya a beneficiar y profundizar nuestro reclamo histórico sobre los derechos soberanos de los argentinos en nuestras islas", sostuvo Silvana Giudici.
