Todos los bloques presentaron iniciativas distintas. El Gobierno envió a un funcionario para responder y no mostró apuro en dictaminar. Citan a organizaciones.
El tratamiento del proyecto para regular el lobby presentado por Javier Milei empezó con dificultades para La Libertad Avanza (LLA) en Diputados. La oposición presentó propuestas alternativas y exigió modificaciones para llegar al recinto. En el oficialismo buscarán un acuerdo para aprobarlo el 24.
El plan de LLA es dictaminar en los próximos 15 días e incluirlo en la sesión a la que citarán para tratar el Súper RIGI, que es la prioridad. Antes, expondrán los colegios profesionales y cámaras empresariales, que ya manifestaron su rechazo a la regulación.
“Este es un pedido de Estados Unidos. Si sale rápido, bien; si no se negociará mejor”, confirmaron a Letra P fuentes libertarias. El debate empezó en un plenario informativo de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la cámara baja.
La escueta defensa a la iniciativa de Milei estuvo a cargo de Diego Marías, director nacional de Reforma Política, que depende del Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli. “Queremos legalizar algo que existe. El funcionario no tiene ninguna ley que lo regule y el lobby se produce en un café”, sostuvo. Recordó sistemas similares en Brasil, Chile y Estados Unidos, “donde existe esta legislación desde 1946 y se fue adaptando con el tiempo”.
Ningún bloque opositor manifestó su acuerdo. Los aliados se mantuvieron en silencio y los bloques más intransigentes con el Gobierno se expresaron en contra, con pedidos de cambios que el Poder Ejecutivo deberá analizar.
El proyecto de Milei crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso público, gratuito y digital. Se trata de una lista de personas humanas y jurídicas que realizarán las gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Los anotados deberán informar a quienes representan, cuántos honorarios perciben, con informes trimestrales sobre sus actividades. También se propone un registro público para que se inscriban funcionarios públicos (presidente, vicepresidente, ministros, diputados, senadores y asesores) y detallen sus contactos con lobbistas.
De esta manera, con esta ley habría registro de las gestiones para la aprobación de leyes, licitaciones públicas, otorgamiento de concesiones, licencias, subsidios o beneficios fiscales. Habrá otro límite: los exfuncionarios tienen prohibido hacer tareas de cabildeo, al menos dos años después de finalizar sus funciones.
Un reclamo recurrente de la oposición fue que la propuesta oficial no menciona la palabra lobby, sino la de “Transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, una definición imprecisa, según el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), uno de los autores de proyectos alternativos.
“Hay temas que se han tratado en esta Cámara que tienen casi el sello, les falta la firma de muchos estudios jurídicos importantes de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en la temática civil y comercial”, denunció el rionegrino.
Pichetto y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), hicieron otra crítica: la regulación debe estar acompañada del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que fue reformada por un decreto de Milei en 2024, para no explicar su agenda en la Quinta de Olivos.
La diputada bonaerense anunció que presentará una ley de acceso para debatir antes que la gestión de intereses. El rionegrino dejó otra advertencia: sostuvo que la letra de la regulación oficial puede ser usada en contra del litigio por la privatización de YPF.
“Esta ley pone como supletoria a la ley nacional y prevalece el estatuto. Ahí también hay lobby, ahí también hay interés. Ese fue el argumento de Burford”, sostuvo el diputado de EF, quien también pide que haya sanciones administrativas y no penales por lobby ilegal, como propone Milei.
Por Unión por la Patria expuso Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, quien presentó su propia iniciativa de ley. Plantea el Instituto de Ética Pública, para definir los protocolos del Estado.
También suma registro de reuniones de funcionarios, para que expliquen sus intereses antes de asumir. La obligación se extendería a contratistas. “Si hay coimas, tiene que haber quienes las pagan”, sostuvo el diputado. La regulación sumaría conocer viajes y objetivos que reciban los funcionarios.
Sergio Capozzi, un exPRO que integra Provincias Unidas, pidió cinco cambios: la definición de gestión de intereses, la exclusión de la regulación a entidades civiles sin fines de lucro, las multas por incumplimiento -no prisión-, la intervención de una comisión bicameral y aplicación de una huella normativa.
El debate continuará el miércoles próximo a las 14 horas con la presencia de asociaciones de profesionales y cámaras empresariales, que pusieron el grito en el cielo cuando leyeron el proyecto, porque podrían quedar alcanzadas muchas de sus tareas cotidianas. "Son los que ejercen la actividad de lobby y tienen su posibilidad de hacer críticas", especificó el diputado Nicolás Mayoraz, a cargo de coordinar el debate.
Ya hay 22 inscriptos y podrían influir en el texto final. "La idea es que todo quede clarificado y lo que sea necesario precisar, bienvenido sea", prometió el santafesino. Ya hubo reclamos de ONGs, como Poder Ciudadano. Alejandra García, flamante presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad, cuestionó que la regulación podría alcanzar a sus asociados. Podría ser una de las oradoras.
