La Ciudad y el club libran una pulseada judicial que paraliza una obra clave para la gestión de Juan Román Riquelme. La hija de Majdalani, en el centro.
Un litigio judicial entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Boca Juniors mantiene paralizada una obra clave para la gestión de Juan Román Riquelme. En la cúpula del club están convencidos de que se trata de una maniobra de Daniel Angelici, que suma poder en la administración porteña.
La adquisición de los terrenos de Casa Amarilla es el eje de una disputa con alto voltaje interno que recalienta la política xeneize. La pelea judicial por el pago de intereses por una supuesta mora en el desembolso para la compra de las manzanas de esa zona mantiene frenada la construcción de un microestadio para cinco mil personas, una de las promesas de campaña del actual presidente.
En el entorno del directivo boquense aseguran que detrás de la decisión oficial hay una maniobra de Angelici, figura opositora a la conducción actual del club. La lectura tomó volumen en las últimas horas con el desembarco de Agustina Olivero Majdalani en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano porteña.
La funcionaria, hija de la extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani y persona de confianza del expresidente de Boca, tendrá entre sus atribuciones definir la aprobación o no de la obra destinada a albergar partidos oficiales de básquet y vóley.
Boca mantiene abierto un litigio con la Ciudad por un conflicto contractual que se remonta a la compra de los predios durante la gestión del propio Angelici en el club. En 2015, la institución adquirió los terrenos de Casa Amarilla a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. mediante una licitación pública.
La operación incluyó una escritura con plan de pagos que quedó atravesada poco después por el amparo conocido como “Quinto”, impulsado por vecinos que reclamaban el desarrollo de viviendas sociales. Dos medidas cautelares derivadas de ese proceso judicial paralizaron el proyecto y frenaron cualquier avance administrativo y urbanístico sobre el predio durante varios años.
Cuando las cautelares finalmente se levantaron, Boca canceló la deuda prevista en la escritura. Sin embargo, la Ciudad sostuvo que durante el período de parálisis judicial corrieron intereses por mora en pagos pendientes de liquidar.
El club sostiene lo contrario: que no puede imputarse demora cuando el contrato estaba condicionado por una orden judicial que impedía ejecutar el proyecto.
En 2019, el Directorio de la Corporación Buenos Aires Sur —hoy conducida por Santiago López Medrano, exministro de Desarrollo Social bonaerense— rechazó dar por extinguida la deuda e imputó más de $149 millones en intereses y otros $92 millones en concepto de capital, lo que reabrió formalmente el conflicto.
Boca judicializó esa decisión administrativa. La defensa de la Ciudad intentó cerrar el expediente alegando caducidad, pero tanto el juez como la Fiscalía de Cámara rechazaron ese planteo al considerar que el acto determinante es el dictado en 2019 y que la demanda fue presentada en plazo.
Ese escenario procesal mantiene abierta la discusión sobre la existencia de mora durante las cautelares, un punto técnico clave para definir si corresponde o no el reclamo económico del Ejecutivo porteño.
Dos semanas atrás, el propio Riquelme se metió en la disputa en su participación de streamming de Flavio Azzaro, donde aseguró: “Tenemos todo presentado hace más de seis meses y no nos autorizan porque dicen que tenemos que pagar unos impuestos de la dirigencia anterior y que hay que unir unas parcelas”.
“Cuando fuimos a las elecciones, la contra mostró la Bombonera, mostró un puente y mostró un estadio enfrente, en Casa Amarilla, en el mismo terreno que queremos construir. ¿Fueron a la Ciudad a pedir permiso? Nadie preguntó nada”, remató el presidente xeneize, que ahora sigue de cerca la designación de Majdalani, quien deberá intervenir administrativamente si se destraba el litigio.
