Antecedentes financieros y judiciales bajo la lupa. También pesan obras sin terminar y deudas fiscales antes de la llegada de las nuevas cabinas de cobro.
La privatización de rutas impulsada por Javier Milei dejó a Cartellone como futuro concesionario de un corredor que ya había generado cuestionamientos por obras incumplidas. Salta y Jujuy ahora ponen bajo la lupa la capacidad económica y los antecedentes judiciales del grupo mendocino, mientras se preparan para el desembarco de nuevas cabinas de peaje.
Más allá de las nuevas cabinas y las tarifas que podrá empezar a cobrar la empresa Autovía Construcciones y Servicios (ACS), la preocupación de las provincias norteñas se concentra en los antecedentes negativos que arrastra Cartellone.
Uno de los casos más sensibles que involucra a José Cartellone Construcciones Civiles SA se registró con las obras de la ruta nacional 34 en territorio jujeño. Debido a los atrasos y los reiterados problemas en la ejecución de los trabajos, el proyecto del Corredor Vial del Noroeste llegó a estar oficialmente en trámite de rescisión.
Ahora, curiosamente, el mismo tramo en el que la empresa no cumplió con las obras contractuales quedaría nuevamente en sus manos, esta vez bajo una concesión que le permitirá repararlo y cobrar peajes.
La historia empresarial reciente del grupo Cartellone muestra que su empresa insignia debió solicitar su concurso preventivo de acreedores en 2021, debido a su insolvencia económica.
Esa situación llevó a varios organismos públicos provinciales a poner en duda su capacidad para afrontar nuevas obras. El Diario de Cuyo, de San Juan, informó entonces que la empresa había sido apartada de dos licitaciones por el gobierno provincial, en medio de cuestionamientos sobre su situación financiera y capacidad operativa.
A esto se suma otro antecedente de fuerte impacto político. El grupo Cartellone —que también logró adjudicarse los tramos viales Centro Norte y Oriental— tiene a su plana mayor expuesta en el juicio oral de la causa Cuadernos, que tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.
Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto con Tito Biagini, están acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario.
Según el planteo de los fiscales del caso, los pagos que desembolsaron a funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 no fueron “aportes aislados”, sino parte de un esquema sistemático para obtener decisiones administrativas favorables y contratos de obra pública.
Tanto en Salta como en Jujuy se preguntan cómo un antecedente judicial de esas características fue considerado en el proceso de privatización de las rutas nacionales con peaje llevado adelante por la gestión mileísta.
En Salta apareció, además, otro dato que encendió las alarmas. Un reciente informe comercial señaló que ACS registra “antecedentes fiscales negativos” ante la Dirección General de Rentas de Salta, con un título ejecutivo y un juicio en curso.
La situación se da mientras el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se vio obligado a destinar recursos propios de la provincia para realizar arreglos y reparaciones en el corredor de las RN 9 y 34 que Cartellone y la Nación dejaron de hacer.
Por su parte, el gobierno de Jujuy —que afronta las consecuencias de la falta de obras sobre la RN 34 registrada durante varios años— también intervino para poner en condiciones los tramos más deteriorados, mientras sigue de cerca el accionar de Cartellone.
El tramo Noroeste que la Nación prevé adjudicar a ACS abarca 596 kilómetros de las RN 9 —entre Santiago del Estero y Salta y desde San Salvador hasta Yala, en Jujuy— y 34, desde Torzalito (Salta) hasta San Pedro (Jujuy). También incluye un trayecto de la RN 66 en territorio jujeño y el acceso de San Miguel de Tucumán al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo.
En todo el corredor existen actualmente tres cabinas de peaje, ubicadas en La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey. Con el traspaso a la nueva concesionaria privada, se agregarán cuatro estaciones en Salta, San Pedro, San Salvador de Jujuy y Metán.
La nueva concesionaria deberá realizar inicialmente una serie de trabajos de “puesta en valor” para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial. Entre ellos figuran bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de barandas y señales.
En medio de las dudas que genera la presencia de Cartellone, las autoridades norteñas consideran que, antes de entregarle las rutas, el Gobierno nacional debería responder tres cuestiones centrales: qué peso tuvieron los antecedentes del grupo en la evaluación de las ofertas, qué garantías económicas y contractuales se exigirán y qué mecanismos tendrá el Estado para evitar que se repitan las experiencias fallidas del pasado.
