Primer tiempo por la sucesión de Gustavo Petro. La influencia de Estados Unidos y el ejemplo de Argentina. Progresismo, logros sociales y deudas económicas.
Una sucesión exitosa del izquierdista Gustavo Petro o el retorno de una derecha recargada, asimilable al fenómeno de Javier Milei y alineada como la del argentino con Donald Trump, dirimirán este domingo las elecciones que se celebrarán en Colombia, síntesis de los dilemas del progresismo regional y previa del duelo de fondo de octubre en Brasil.
Los principales protagonistas de esta saga son el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, y el outsider de extrema derecha Abelardo de la Espriella, una especie de émulo de Milei. Según las encuestas, quedó rezagada la uribista Paloma Valencia.
El presidente argentino viene terciando en esta puja desde hace tiempo, aunque en la medida de sus posibilidades, claro. Sus cruces feroces con Petro –repetidos y de ida y vuelta– envenenaron largamente la relación bilateral, algo que cambiaría en caso de que De la Espriella o Valencia asumieran el poder en la Casa de Nariño, el 7 de agosto, por los próximos cuatro años.
Según los sondeos, ningún postulante obtendrá la mayoría y la disputa se definirá en un ballottage de alta polarización el 21 de junio.
El último estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizado para la revista Cambio, arrojó para este domingo una leve ventaja para Cepeda sobre De la Espriella, a la vez que reveló que el fuerte crecimiento reciente del derechista extremo se dio a expensas de la uribista Valencia.
En tanto, Atlas Intel, que se anotó un pleno en Argentina al anticipar el triunfo de Milei pero que en Colombia ha sido muy cuestionada a nivel metodológico por –supuestamente– subestimar el voto campesino e izquierdista, arrojó un empate técnico entre los dos favoritos y avanzó en escenarios de segundo turno, en los que el ultra saca hoy una diferencia superior a los ocho puntos porcentuales.
Cepeda, un bogotano de 63 años, es graduado y docente de Filosofía. Antiguo militante, pasó del Partido Comunista al M-19 –la agrupación legal de la guerrilla homónima desmovilizada en 1990– y se sumó al Pacto Histórico de Petro.
Militante por los derechos humanos, medió de manera decisiva en las negociaciones de paz que el expresidente Juan Manuel Santos llevó adelante con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que terció para imponer la reparación de sus víctimas. Su apuesta es reflotar las paralizadas negociaciones con el último gran grupo armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
¿Su lema? Paz con justicia social.
Hombre de trayectoria legislativa pero no ejecutiva, se presenta como la continuidad programática del mandatario saliente, a cuya agenda añade una reforma tributaria más progresista, un plan nacional de salud con menor presencia privada y mayor énfasis en la redistribución de tierras.
De izquierda, sí, pero más tolerante y dialoguista, genera expectativas de relación más armónica con el sector empresarial e, incluso, con los intratables Estados Unidos trumpistas.
Promete luchar contra la corrupción –el tema figura alto entre las preocupaciones ciudadanas– y predicar la austeridad desde el gobierno, con recortes de sueldos de funcionarios y otros beneficios.
Su némesis es Abelardo de la Espriella, de 47 años y nacido en Popayán, en el departamento sudoccidental de Cauca. Abogado y empresario, es un outsider total, carente de experiencia política. En eso radica buena parte de su auge, explosivo en el tramo final de la campaña.
Ultra –hay que estar muy inclinado para ponerse a la derecha del uribismo de Valencia–, replica, en versión colombiana, todo lo que la Argentina conoció de boca de Milei: libre mercado, desregulación radical, eliminación de ministerios, recorte del 40% de la estructura del Estado y desgravación impositiva amplia.
Lo que para el argentino es –¿era?– "la casta", para el colombiano son los "verdugos del pueblo", que representa, en la misma clave macartista, en el petrismo.
Semejante programa provoca dudas en el propio establishment, sobre todo por el lado fiscal, no muy cuidado por Petro, para lo que esgrime como garantía a su vice, José Manuel Restrepo, quien fuera ministro de Hacienda del presidente uribista Iván Duque.
Sin base partidaria propia, dependería, para sustentar su gobernabilidad, del respaldo de las bancadas urubista y conservadora del Congreso.
Como con Milei, cabría esperar de De la Espriella un alineamiento total con Trump. Durante la campaña, apoyó los bombardeos a los campamentos de lo que define como "narcoterrorismo" y hasta la fumigación de plantaciones de coca por parte de aviones estadounidenses.
A la norteamericana, promueve la libre portación de armas y, a lo Nayib Bukele, promete construir diez megacárceles de máxima seguridad.
¿Negociación con el ELN? Afuera. Además, reclutamiento de reservistas y exmilitares para labores de seguridad urbana, promete el hombre que posa para las fotos haciendo la venia militar.
La abogada y senadora Paloma Valencia, por su parte, vio cómo la figurita nueva del álbum de la política colombiana la sobrepasaba en cuanto a promesas de mano dura, ajuste y pronorteamericanismo. Según las encuestas, acaso le toque ser la Patricia Bullrich del nuevo tiempo colombiano.
Los vaivenes de Petro en las encuestas de imagen, la caída pronunciada que sufrió al promediar su mandato y la recuperación más reciente resumen los dilemas de las opciones progresistas en diversos países. Así es desde lo ocurrido en Chile –con el reciente reemplazo de Gabriel Boric por el pinochetista José Antonio Kast – a la Argentina en la que el peronismo sigue rumiando sus posturas sobre los problemas inflacionario y fiscal, y, de la mano de eso, busca dotarse de un nuevo perfil electoral.
Petro ha sido una rareza en la política colombiana, tradicionalmente conservadora y muy ligada a los Estados Unidos.
Exguerrillero del M-19 y reciclado a la política democrática, se caracteriza por un estilo confrontativo. Logró relanzar su imagen en los últimos meses hasta niveles del 40 al 45% en base a una serie de medidas reparadoras que lo reconciliaron con una base que venía decepcionada.
Incrementó 23,7% el salario mínimo –a unos 545 dólares– en un país de baja inflación, amplió a tres millones de beneficiarios la asignación a la vejez de unos 60 dólares por mes y abordó otras problemáticas con programas destinados a hogares en situación de pobreza extrema, los jóvenes y la integración social en zonas de conflicto armado.
Lanzó, además, una reforma laboral que amplió derechos en el sector formal, delimitando mejor lo que debe considerarse como horas extras, desalentando el empleo temporal y elevando los costos del despido arbitrario.
Asimismo, avanzó en su promesa de reforma agraria, aunque más en los procesos de titulación y distribución de tierras incautadas a las mafias que en la satisfacción de expectativas que eran mucho más amplias en la base rural y campesina.
Como consecuencia de todo eso, redujo la pobreza multidimensional –incluye condiciones de vida, vivienda, educación, salud y empleo–, llevándola al 9,9% el año pasado, por debajo del 10% por primera vez en 25 años.
Sus peleas con Trump y su rechazo a los ataques estadounidenses a las llamadas "narcolanchas" –unas 200 condenas a muerte de personas sin juicio– causaron revuelo internacional, pero ambos recompusieron la relación en el encuentro civilizado que mantuvieron en febrero en la Casa Blanca. Para el republicano la pelea ya no valía la pena: mejor era esperar y tratar de incidir en estos comicios.
Los avances sociales conviven con cuentas pendientes en materia de empleo, formalización, desarrollo económico y hasta inflación. He ahí los dilemas del progresismo latinoamericano, que se repiten en diferentes geografías.
El año pasado, la economía colombiana generó 600.000 puestos de trabajo y el desempleo cayó al 8,9%, su menor tasa en 30 años. Aun así, la informalidad resiste en el 55%.
La inflación sigue bajo control –alcanzó el 5,68% interanual en abril–, pero con una tendencia alcista que genera preocupación.
En tanto, el crecimiento es mediocre: 1,5% en 2024, 2,6% el año pasado y 2,2% en el actual.
Si el gasto social crece, pero la actividad acompaña poco, es esperable que las cuentas públicas se deterioren. El año pasado, las erogaciones del Estado subieron a 17,3% del PBI, superando por primera vez a la inversión privada.
De ese modo, el déficit fiscal primario –anterior al pago de deudas– se elevó en 2025 a 3,5% del producto, mientras que el financiero –toma en cuenta esas erogaciones– saltó a 6,4%, lo que ubicó al país segundo en el ranking regional en esa materia, sólo detrás de Brasil.
Sí, de Brasil, el país y hermano mayor regional en el que se disputará en octubre la pelea de fondo, la que libran mano a mano otro izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, y otro ultra, Flávio Bolsonaro.
La grieta alimenta la política regional y nunca se agota.
