En la provincia de Buenos Aires, dividida en 19 departamentos judiciales, la defensa de los niños, las niñas, los adolescentes y las personas con discapacidad está en manos de unos 50 “asesores de incapaces". Cada uno de ellos forma parte del Ministerio Público bonaerense, que es conducido por el procurador general de la Corte, Julio Conte Grand, el abogado macrista designado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, después de forzar la salida de la peronista María del Carmen Falbo. Entre esa cincuentena de funcionarios judiciales circula el borrador de un amparo –al que accedió Letra P- redactado con la intención de que el jefe de los fiscales reclame ante la Justicia "el cese inmediato e impostergable" del paro de docentes que este lunes cumplió diez días.
"Solicitamos se exhorte a las partes en conflicto a –cualquiera sea la solución a que arriben- garantizar la concurrencia de los niños, niñas y adolescentes y de sus docentes a los establecimientos educativos, en los días y horarios correspondientes, con seguimiento del cronograma regular de clases, dando satisfacción inmediata al derecho a la educación", reclama el documento, mientras le requiere al eventual juez que reciba el amparo que le haga saber "a las partes en conflicto la legitimación para exigir judicialmente la satisfacción inmediata del derecho a la educación vulnerado, en caso de no arribarse a una composición amigable del conflicto".
Los funcionarios, en su calidad de defensores judiciales de los menores afectados, sostienen que la medida de fuerza "vulnera" derechos de "los niños, niñas y adolescentes que asisten a Escuelas públicas provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia (exigen) el inmediato ingreso de los niños y jóvenes a las aulas a los fines de dar inicio al ciclo lectivo".
El borrador del amparo apunta a la suspensión inmediata del paro, "sin perjuicio de la continuidad o no de la discusión salarial y de la adopción o no de otras diversas medidas de fuerza", siempre y cuando "no se vulnere –al punto de su neutralización- el derecho a la educación de los niños y jóvenes bonarenses”.
¿SABE CONTE GRAND? El Ministerio Público, por su definición constitucional, es un organismo "extra poder" del Poder Judicial. En la Provincia, es encabezado por el procurador general, es decir, el jefe de los abogados del Estado provincial. En ese mapa, los "asesores de incapaces" forman parte del Consejo de Asesores del Ministerio Público.
Desde esa instancia, los defensores de menores le informan a Conte Grand que observan "con preocupación la sostenida vulneración de derechos que padecen los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, quienes no han podido dar inicio al ciclo lectivo, en razón de las medidas de fuerza adoptadas por los distintos gremios docentes ante la falta de solución al conflicto trabado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la discusión salarial paritaria".
Por esa razón, dicen los redactores, los alumnos "ven ilegítimamente afectado su derecho constitucional a la educación" porque "se ve impedido su ingreso a las aulas y en consecuencia su acceso a la educación, medida que se prolonga en el tiempo de modo indefinido y que por su entidad –sin inicio del ciclo lectivo- no sólo ha afectado el derecho sino que lo ha neutralizado, al punto de su virtual eliminación".
"... el derecho de ‘huelga’, ni es, ni puede ser ejercido contra ellos (los niños). Sin embargo, sus derechos se encuentran severamente vulnerados."
El borrador del amparo legitima el derecho de los asesores tutelares bonaerenses a reclamar la suspensión de la huelga en todos los pactos internacionales de rango constitucional que protegen los derechos del niño y la legislación nacional al respecto. El eje central del planteo es que los niños son los rehenes del conflicto y, para sacarlos, el procurador debe recurrir a la Justicia para que frene el paro y para que le exija al Gobierno que lo resuelva.
Algunos de los funcionarios consultados por este portal explicaron que "es un texto que todavía Conte Grand no conoce", pero otros contradijeron esa versión ante la misma pregunta. Argumentaron que es una iniciativa promovida por funcionarios que tienen una estrecha relación con el procurador y que lo hacen para que el funcionario designado por Vidal se muestre empujado "desde abajo hacia arriba" para pedir la limitación del derecho a huelga. "A esa pieza le falta un buen juez amigo que les obsequie un buen titular en los medios", ironizó uno de los partícipes del debate.
En la justicia bonaerense, un amparo es "mutifuero". Quiere decir que puede ser ordenado por un juez de primera instancia de cualquiera de los fueros del Poder Judicial provincial. Ese marco agiganta las chances para llegar a un magistrado que haga lugar al pedido. "Si es cierto que Conte Grand no sabe, no sería para nada descabellado que el procurador, envalentonado por el pedido de sus asesores, elija el momento indicado para que un juez cercano ordene la suspensión del paro y judicialice la huelga", opinó otro funcionario judicial bonaerense.
LOS ARGUMENTOS. El texto en debate recuerda que, "como es de público conocimiento, en el ámbito bonaerense se vienen desarrollando distintas medidas de fuerza, que independientemente de su calificación y legitimidad, han dado como resultado que un número considerable (indeterminado, pero fácilmente determinable) de establecimientos escolares, de todos los niveles educacionales de la Provincia, no hayan podido iniciar regularmente el ciclo lectivo 2017".
El problema, advierten los impulsores del amparo, es que "ante la prolongación del conflicto referido, una inmensa cantidad de niños, niñas y adolescentes integrantes del colectivo educacional que aquí se representa, se han visto involuntariamente perjudicados, como consecuencia de un conflicto de tipo gremial en el cual intervienen los gremios aquí demandados y la Provincia de Buenos Aires, a través de sus organismos correspondientes".
Si bien los redactores del texto piden que la Justicia los legitime para demandar a los gremios si no hay acuerdo, por otro lado dicen que no pretenden valorar la pertinencia del paro docente. "No corresponde aquí analizar su procedencia, ni legitimidad, ni se pretende tampoco, desde esta acción, involucrarse en el mismo ni en sus derivaciones, ni alterar sus ámbitos propios de discusión", se puede leer en un tramo del borrador.
La mención del paro, los sindicatos y el Estado provincial es el prólogo para recordar que "el derecho invocado por los gremios demandados" es "el constitucionalmente reconocido ‘derecho a huelga’ (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), ante la alegada insatisfacción de las propuestas salariales y demás reclamos gremiales, brindadas por su ‘empleador’, en este caso, la Provincia", recopila el escrito.
Sin embargo, "los menores colectivamente representados, resultan ajenos a la posibilidad de satisfacción de los reclamos pretendidos. En efecto, ellos no se encuentran en condiciones de brindar aumentos salariales, ni de modificar los lineamientos educacionales de la Provincia, ni convocar a paritarias en otros niveles, ni mejorar las estructuras edilicias, como es reclamado en el conflicto aquí analizado. Es decir, que el derecho de ‘huelga’, ni es, ni puede ser ejercido contra ellos. Sin embargo, sus derechos se encuentran severamente vulnerados".
El abanico de razones para convencer al juez que reciba el amparo y frenar el paro también apela a la existencia de los comedores escolares. Según los funcionarios, "se ve también comprometido el derecho a recibir una alimentación adecuada considerando que los establecimientos públicos en muchos casos resultan escuelas con servicio de comedor escolar, viéndose en consecuencia también el acceso a la alimentación y a la supervivencia vulnerado por motivo de las medidas de fuerza". Una argumentación muy parecida y cercana a las líneas discursivas que sostiene y profundiza la gobernadora Vidal, jefa de Conte Grand, el titular del Ministerio Público.
