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En conferencia de prensa, los ministros Bullrich y Garavano defendieron la actuación del grupo Albatros, al sostener que fue "en el marco de una manda judicial".
Redacción 27/11/2017 10:57 AM

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, insistieron este lunes en atribuir a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) el enfrentamiento que culminó con el asesinato del joven Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro, y defendieron el accionar de Prefectura, al afirmar que “aquellas personas que violen la ley tienen sus consecuencias”.

 

 

“Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución ni los símbolos” patrios, aseveró Bullrich desde el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, donde reforzó la idea plasmada en un comunicado oficial emitido tras la muerte del mapuche. 

La funcionaria respaldó la actuación del grupo Albatros en el predio rionegrino, al sostener que se dio “en el marco de una manda judicial dispuesta por el juez Gustavo Villanueva”.

Además, precisó que “en el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados”, y consideró que “esta situación nos lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios, que han resuelto hace muchos años los problemas que existen sobre las tierras, de estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta, sino que han tomado la violencia como forma de acción política”.

“A través del juez, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción violenta e inaceptable para la democracia”, remarcó Bullrich, y aseguró que el ministerio que conduce “le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad”.

En ese sentido, subrayó que “las fuerzas de seguridad federales no van a permitir que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley”.

Por su parte, Garavano informó que la interventora del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) está en la zona de Bariloche para avanzar con el relevamiento catastral contemplado en la Ley 26.160, que suspendió los desalojos de tierras ocupadas por pueblos originarios, y que fue prorrogada por el Congreso el pasado 8 de noviembre.

“Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley ni la extorsión como modo de vulnerar la ley y poner en crisis el Estado de Derecho”, coincidió el titular de la cartera de Justicia.

 

El Gobierno amenaza: “Violar la ley tiene sus consecuencias”

En conferencia de prensa, los ministros Bullrich y Garavano defendieron la actuación del grupo Albatros, al sostener que fue "en el marco de una manda judicial". 

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, insistieron este lunes en atribuir a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) el enfrentamiento que culminó con el asesinato del joven Rafael Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro, y defendieron el accionar de Prefectura, al afirmar que “aquellas personas que violen la ley tienen sus consecuencias”.

 

 

“Estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución ni los símbolos” patrios, aseveró Bullrich desde el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, donde reforzó la idea plasmada en un comunicado oficial emitido tras la muerte del mapuche. 

La funcionaria respaldó la actuación del grupo Albatros en el predio rionegrino, al sostener que se dio “en el marco de una manda judicial dispuesta por el juez Gustavo Villanueva”.

Además, precisó que “en el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados”, y consideró que “esta situación nos lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios, que han resuelto hace muchos años los problemas que existen sobre las tierras, de estos grupos que no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta, sino que han tomado la violencia como forma de acción política”.

“A través del juez, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción violenta e inaceptable para la democracia”, remarcó Bullrich, y aseguró que el ministerio que conduce “le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad”.

En ese sentido, subrayó que “las fuerzas de seguridad federales no van a permitir que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley”.

Por su parte, Garavano informó que la interventora del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) está en la zona de Bariloche para avanzar con el relevamiento catastral contemplado en la Ley 26.160, que suspendió los desalojos de tierras ocupadas por pueblos originarios, y que fue prorrogada por el Congreso el pasado 8 de noviembre.

“Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley ni la extorsión como modo de vulnerar la ley y poner en crisis el Estado de Derecho”, coincidió el titular de la cartera de Justicia.