El periodista y titular del partido Basta Ya, Jorge Bonica, presentó un pedido de informe al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para que el Estado oriental brinde explicaciones respecto de la contratación de José Ramiro Reyes Segade, un excontrabandista que fue procesado y condenado por la justicia de ese país y que hoy trabaja en la embajada uruguaya en Buenos Aires, con inmunidad diplomática.
Reyes Segade fue designado como ministro de Comercio de la embajada uruguaya en Buenos Aires hace más de seis meses y, desde ese momento, la oposición cuestiona al presidente el haber avanzado con dicho nombramiento. En el marco de esos cuestionamientos, en las últimas horas se conocieron datos que complicarían más la situación política generada en torno al funcionario.
Según detalla Bonica en su pedido de informes, en el currículum presentado se falsean datos, como los que refieren a su participación en la empresa Solution Pop SRL. Reyes Segade "asegura que se desvinculó de la empresa en junio de 2020, pero en el diario Oficial de Uruguay dice que fue el 15 de diciembre del mismo año”, por lo que, afirma el periodista, “estuvo cuatro meses violando la ley 17.061 art 11”.
En sus antecedentes para postularse al cargo, Reyes Segade reconoce no haber terminado la educación secundaria, lo que imposibilitaría su designación. Según la información brindada por el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, Reyes Segade dice que “de informática, sabe entrar a internet y escribir en Word”, a la vez que agrega que le gusta jugar al tenis y salir a caminar.
“¿Podría usted enumerarme alguna de las condiciones que al señor Reyes, usted le vio, que lo llevaron a nombrarlo en tan importante cargo?”, se pregunta el representante de Basta Ya en su misiva al presidente uruguayo.
A la espera de una respuesta por parte del mandatario, las miradas se vuelven a posar sobre Lacalle Pou y su silencio respecto a los antecedentes de sus funcionarios. Muchas voces de las oposición hablan directamente de encubrimiento y lo relacionan con el caso de Alejandro Astesiano, el jefe de la custodia del mandatario que fue detenido en septiembre del año pasado por su participación en una red que falsificaba pasaportes.
Expolicía y hombre de confianza de la familia Lacalle desde finales del siglo pasado, Astesiano había ocupado varios cargos en el seno del Ministerio del Interior uruguayo. El ahora exjefe de la custodia presidencial había estado involucrado en varias causas penales que la justicia uruguaya seguía desde, al menos, el año 2003. No obstante a eso, cuando el año pasado el escándalo estalló del otro lado del Río de la Plata, Lacalle Pou había asegurado que su hombre de confianza no tenía antecedentes penales.
A mediados de febrero, Astesiano fue condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos de “asociación para delinquir en reiteración real, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés personal y público”.