¡Hola!
Los laboratorios locales resisten cambios en la normativa de Patentes y pujan por una legislación que no los hunda. El desregulador, las multis y Donald Trump.
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Javier Milei le prometió a Donald Trump cambios en la ley de Patentes de medicamentos. Hace un mes, derogó una norma que le permitía a la industria farmacéutica argentina acceder más rápido al desarrollo de genéricos y biosimilares. Ahora, Federico Sturzenegger intenta -aún sin éxito- que el Congreso valide la adhesión a un tratado internacional que promueven los laboratorios multinacionales.
Es un duelo de titanes de más de u$s 3000 millones y muchísimos intereses.
De un lado del ring, los laboratorios multinacionales, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Del otro, los fabricantes nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Las dos cámaras mantienen una histórica disputa que el gobierno de Milei -secundado por Sturzenegger- intentan resolver para el lado de las multis.
El acuerdo comercial con Estados Unidos los emplazó: Argentina se comprometió a adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o PCT -siglas en inglés- antes del 30 de abril. Este lunes, la Cámara de Diputados -con un lobby aceitado de CILFA detrás- enfrió el trámite.
El Coloso no la tiene fácil. Si bien todo el Gobierno está alineado acríticamente con Estados Unidos y celebró el acuerdo comercial, hay roces subterráneos que empastan la rápida resolución del tema que desea Sturzenegger.
Un ejecutivo con más de una década en el sector farmacéutico me dijo que el canciller Pablo Quirno también habría pedido pisar el freno. No porque se oponga a la adhesión al PCT. Con el acuerdo comercial vacío por el freno de la Corte Suprema estadounidense a los aranceles de Trump, Argentina se quedaría sin una moneda de cambio. Y el propio Toto Caputo, con una historia particular con el desregulador, también desearía una resolución que no se lleve puestos a los laboratorios locales, que generan empleos de alta capacitación y buenos salarios, todo un bien escaso.
En septiembre de 2024, Sturzenegger promovía el ingreso de medicamentos genéricos de India para que compitieran con los de industria nacional y bajar los costos. En aquel entonces, celebraba que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidiera cambios regulatorios para poder proveerse en el exterior a precios más baratos.
Pero desde marzo de este año, el ministro desregulador implementa cambios en el sistema de patentes que tendrán el efecto contrario, ya que les dará a los laboratorios multinacionales el monopolio de sus desarrollos científicos por más tiempo, a pedido de Estados Unidos.
Eso encarecerá los precios de los medicamentos, advierten los laboratorios nacionales, ya que la industria de genéricos o biosimilares suele abaratar remedios y tratamientos ni bien encuentra la ventana legal. Con los cambios normativos, la posibilidad de desarrollar una copia que compita contra el medicamento original se demorará.
Las dos situaciones pusieron en jaque a la industria farmacéutica nacional, que intenta acomodarse al nuevo mundo libertario. Los laboratorios de CILFA participaron de la Argentina Week en Nueva York, por ejemplo. Allí estuvieron Daniel Sielecki, uno de los dueños del laboratorio Elea, y Leandro Sigman, presidente del grupo Insud y socio de Sielecki, padre del embajador libertario en Francia.
Los laboratorios, como otras ramas industriales, ponderan la estabilidad, pero piden reglas que les permitan competir y hasta promovieron abastecer a Estados Unidos con biosimilares para sustituir productos chinos. Sturzenegger los atiende cada vez que encuentra un resquicio.
Desde que el mundo es mundo, Estados Unidos presiona para que Argentina modifique su ley de patentes. Pero sobre todo desde 2012, cuando el país introdujo un sistema que le permitía a los laboratorios nacionales, expertos en la fabricación de biosimilares, una vía de acceso más rápido al producto desarrollado por un poderoso del exterior.
En pocas líneas, el régimen de patentes permitía a un laboratorio entrar a competir a los diez años del lanzamiento y con un sistema muy estricto que buscaba impedir lo que el sector llama evergreening: pequeñas modificaciones con las que las farmacéuticas estiran el plazo de la patente por una década o más.
Ese sistema se derogó a mediados de marzo. Lo festejó Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina -voz, también, de las multinacionales farmacéuticas-. “El Gobierno derogó los criterios de patentabilidad en el marco del Acuerdo con EE.UU. Luego de años de trabajo, desde la Cámara celebramos que Argentina impulsa la innovación, eliminando restricciones que durante años limitaron las patentes farmacéuticas”, destacó.
Para Amcham, “Argentina avanza hacia un esquema más previsible y alineado con estándares internacionales en materia de evaluación de patentes”. Eso debería redundar en “más inversión en I+D”.
“ARGENTINA VUELVE AL MUNDO”, tuiteó el Coloso ese día, así, con mayúsculas. Para Sturzenegger, la normativa impedía la llegada de “terapias innovadoras al país”.
El paso siguiente es la adhesión al PCT, sistema del que forman parte 158 países y que, en grandes líneas, dispone que la patente tramitada en uno de los Estados miembro vale en todos, lo que elimina costos burocráticos y les da más seguridad jurídica a las empresas.
“En el ámbito de la biotecnología y la economía del conocimiento, la adhesión a PCT permitiría posicionar al país como un destino competitivo para inversiones en investigación clínica, además de proveer un marco favorable para que la innovación nacional compita en igualdad de condiciones en términos de protección de patentes, un punto clave para inversores internacionales”, indicó una multinacional top, en off the record. De este lado del ring se paran gigantes como Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi y Bayer.
En reuniones con funcionarios, CAEME dijo que los u$s 700 millones que las empresas invierten actualmente en investigación clínica podrían triplicarse. Destacan que Argentina tiene personal calificado para impulsar esos estudios y que la firma de convenios con hospitales públicos (algo que estaría al caer) permitiría que el Estado ahorre esos tratamientos de terapias novedosas y se quede, luego, con los equipos necesarios para los trabajos.
En otras palabras, los desarrollos seguirán realizándose en los países de origen, dueños de las patentes y de la materia gris. Pero Argentina tendría un acceso rápido a las innovaciones, al asegurar la propiedad intelectual.
Los laboratorios nacionales temen que esto barra con la generación de medicamentos biosimilares o genéricos. Y advierten que eso lo pagará el consumidor. Sí, el mismo al que Sturzenegger quería beneficiar con medicamentos baratos de origen indio.
“Los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en u$s 2214 millones anuales, a precios de septiembre de 2024. Si a esa suma se agregan los ahorros generados por nuevos lanzamientos o por moléculas no incluidas en el estudio de FIEL, el ahorro puede estimarse en el orden de los u$s 3321 millones para 2025” escribió CILFA en un comunicado. FIEL suele hacer trabajos para CILFA.
Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, escribió una columna en el diario La Nación. “El argumento oficial es que la derogación simplifica trámites. Pero una patente no es un trámite: es un monopolio legal temporal. Ampliar los criterios de patentabilidad tiende a aumentar esos monopolios, lo que puede retrasar la competencia de genéricos y biosimilares y elevar precios”, afirmó.
En este contexto, el oficialismo aceleró para que el país adhiera al PCT. Encontró un camino para evitar debates largos y lobbies profundos: una media sanción del Senado de 1998 que la Cámara de Diputados puede retomar casi 30 años más tarde, porque consiste en un tratado internacional.
El proyecto debía tratarse este martes en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General. Llamativamente (o no), no convocaron a Salud.
Mauricio Cantando contó en Letra P que las empresas nacionales se movieron y lograron postergar el debate. El Gobierno quería mostrarle a Trump la cucarda de promesa cumplida antes del 30 de abril y ahora lo tiene difícil.
Un gran empresario nacional me dijo que los laboratorios no se oponen al PCT per sé, pero quieren una instancia de contralor local para evitar el evergreening, esta práctica con la cual los dueños de las patentes extienden el monopolio con cambios mínimos en el producto o sus propiedades.
Una alternativa sería una solución a la uruguaya. El país vecino resolvió no adherir al capítulo II del tratado, que promueve una recomendación internacional no vinculante sobre la patente. El empresariado quiere que esa instancia sea potestad exclusiva del país, a través del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).
Sturzenegger reaccionó apuntando a Mabxiance (de Sigman), Bagó y Laboratorios Andromaco. “Mabxience, Laboratorios Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya usan el PCT para proteger sus desarrollos en el exterior. Lo hacen desde oficinas de otros países porque Argentina no está dentro. La adhesión les da acceso directo, más barato y más simple”, dijeron fuentes oficiales.
“Los inventores argentinos (investigadores del Conicet, startups, pymes tecnológicas) actualmente tienen que presentar sus patentes internacionales desde oficinas de Brasil, Chile o Estados Unidos porque Argentina no tiene oficina receptora propia. La adhesión al PCT les da esa oficina acá”, añadieron en Desregulación, que lleva adelante la batalla.
No es tan así. Hablé con Matías Peire, co-founder de la aceleradora GridX, que financia startups biotecnológicas. “Históricamente, hemos dicho que adherir al PCT es una evolución lógica, pero no genera un cambio estructurar en las posibilidades de innovación. Como las startups basadas en ciencia buscan fondos en Europa o Estados Unidos, eso exige patentar en esos países”, me dijo.
Desregulación también destacó que el Conicet y la red de universidades representan casi 27% de las solicitudes de PCT en el exterior. Pero el Gobierno recortó fondos a la ciencia y bloqueó a los nuevos desarrollos. “No hay una estrategia clara ni financiamiento público”, dijo Peire, que suele tratar con científicos que quieren escalar sus investigaciones. Actualmente, sólo siete de los 21 proyectos que analiza Gridex para impulsar este año son argentinos.
Francisco Aristi te contó el fin de semana que el presupuesto en Ciencia es el más bajo desde 1972 y que casi 1600 científicos dejaron el Conicet.
¿Quién patentará inventos locales con ese panorama?
Todo lo que te conté es muy Clonazepan y Circo. Acá, Andrés Calamaro con la Bersuit.
En otro orden de cosas, este recital enterito de los Chemical Brothers. Tomá mucha agua.
¡Hasta el martes que viene!