El acuerdo puede caerse si el oficialismo no zafa del tratamiento en el recinto. Sin disposición a aprobar impuestos especiales, hay sesión a fin de mes.
El acuerdo del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, alcanzó con el gremio docente para levantar 46 días de paro y acampe enfrenta una nueva dificultad en la Legislatura: el compromiso de financiar el sistema educativo choca con la resistencia de la oposición a convalidar un aumento de impuestos.
El mandatario consiguió mantener la cuenta regresiva legislativa para tratar su proyecto, pero el voto que le permitió ganar tiempo no le garantiza los respaldos necesarios para convertirlo en ley. Así quedó en evidencia esta semana durante la reunión en comisión, donde asomaron nuevos obstáculos para el oficialismo.
La Legislatura ya convocó a una sesión para el 28 de octubre, mientras el plazo constitucional para tratar la iniciativa vence el 4 de noviembre. Si el proyecto no llega al recinto antes de esa fecha, quedará aprobado automáticamente por el mecanismo de tratamiento de urgencia. La paradoja para el oficialismo es que el reloj sigue corriendo, pero los acuerdos políticos para sostener el texto original todavía no aparecen.
El principal interrogante pasa por la actitud del diputado Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos. Su voto resultó decisivo para frustrar la moción del mopofista Pablo Villegas, que buscaba quitarle el carácter urgente al proyecto y devolverlo a comisión sin una fecha límite para su tratamiento. Esa iniciativa reunió siete votos y necesitaba ocho para prosperar.
Von der Thusen justificó su posición en la necesidad de destrabar una discusión que, según planteó, lleva más de dos años y medio sin resolverse en la Legislatura. Pero dejó en claro que acompañar esa metodología de tratamiento no significaba respaldar la propuesta de Melella tal como fue enviada.
El legislador rechaza que el nuevo fondo se financie mediante mayores cargas tributarias. Propuso como alternativa eliminar tres de las fuentes de recaudación previstas por el Ejecutivo: el incremento de Ingresos Brutos vinculado al Banco de Tierra del Fuego, la alícuota propuesta para la actividad de distribución y transporte de gas natural y la afectación del 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos que alcanza a los municipios.
En lugar de esos recursos, propone buscar financiamiento dentro del presupuesto provincial, mediante partidas subejecutadas o fondos que, a su criterio, podrían reasignarse por un uso deficiente. La discusión, sin embargo, no termina en encontrar una nueva fuente de ingresos: también exige demostrar que esos recursos existen y alcanzan para sostener el compromiso salarial.
La nueva propuesta de Von der Thusen podría abrir una vía de negociación. Si el oficialismo acepta modificar el esquema tributario y consigue reunir los respaldos necesarios, el proyecto todavía podría avanzar. El bloque de FORJA cuenta con tres legisladores, a los que podrían sumarse los tres del Partido Justicialista, Gisela Dos Santos, de Sumemos Tolhuin, y el propio Von der Thusen.
Ese escenario repetiría los ocho votos que permitieron mantener la urgencia, aunque no constituye un acuerdo cerrado ni garantiza que todos acompañen una eventual versión modificada. El oficialismo necesita convertir aquel respaldo procedimental en una mayoría para aprobar el fondo.
Pero hay otro problema para Melella. Parte de la oposición no sólo rechaza los impuestos, sino que cuestiona que el proyecto tenga sentido si no incorpora recursos suficientes y advierte que el problema educativo no se resolverá únicamente con más presupuesto.
Matías Lapadula, de Provincia Grande, fue uno de los más críticos. El legislador sostuvo que el proyecto carece de sustento si no se acompaña de una discusión sobre la distribución del gasto y el funcionamiento del sistema educativo.
“Hay que ordenar el gasto y la educación”, planteó, al cuestionar el peso del presupuesto educativo y la asignación de recursos por alumno. También puso el foco en la cantidad de horas cátedra y su utilización, como parte de un problema que, a su entender, no se resuelve con una mayor recaudación.
Lapadula también cuestionó la fórmula prevista para vincular el financiamiento educativo con el Producto Bruto Geográfico (PBG), un indicador que, según señaló, la provincia no tiene disponible en los términos necesarios para aplicar el mecanismo propuesto. Además, objetó que el propio proyecto deje en manos del Poder Ejecutivo la explicación de ese criterio para después de su eventual sanción.
El legislador puso en duda, además, la relación entre los recursos que el fondo podría reunir y el volumen de financiamiento que pretende alcanzar la iniciativa. Según sus cálculos, la recaudación prevista no llegaría a los $10.000 millones anuales, una cifra que consideró insuficiente frente a la magnitud del presupuesto educativo proyectado.
La discusión expone dos obstáculos distintos para el gobernador: por un lado, la resistencia política a financiar el aumento salarial con nuevos impuestos; por el otro, las dudas sobre si los recursos que se pretende reasignar o recaudar alcanzarán para sostener el esquema.
Tras las críticas, el propio Melella salió públicamente a defender el proyecto y rechazó las acusaciones de un supuesto “impuestazo”, al asegurar que la iniciativa busca terminar con beneficios tributarios de grandes empresas y entidades.
“Los comercios pagan Ingresos Brutos; las pymes pagan Ingresos Brutos y todo el que es cuentapropista paga Ingresos Brutos, entonces ¿por qué Camuzzi no va a pagar?”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que “pareciera que algunos defienden a las grandes corporaciones”.
Para este mes de octubre, Melella recibirá 45 mil millones de pesos de adelantos de coparticipación. El anticipo de recursos, una modalidad que el mandatario fueguino viene implementando mes a mes desde hace casi dos años, se produce días después de que Melella adelantara que apoyará en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno y que podría acompañar la suspensión de las PASO, tal como empuja el oficialismo.
