Massa y Royón con el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.
Con una movida a dos bandas que podría generarle un cortocircuito interno con el Instituto Patria, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, salió a ponerle un freno transitorio al esquema de reestatización de las primeras cuatro centrales hidroeléctricas de la región del Comahue que iban a pasar a la órbita de Enarsa 48 horas antes de las PASO del 13 de agosto.
A través de la resolución 574/23, la Secretaría de Energía que comanda la massista salteña Flavia Royón resolvió que las actuales concesionarias privadas de las hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila prosigan con el manejo operativo de las usinas, por un plazo inicial de 60 días corridos, luego de que finalicen los períodos contractuales en curso.
Esa prórroga podrá renovarse por un período similar y extenderse después hasta un plazo máximo de 12 meses si las autoridades de Energía no logran concluir a tiempo con los trámites de los cierres contractuales y la transferencia de las centrales a los nuevos responsables de la gestión operativa. De esta manera, es probable que la adopción de las medidas de fondo para resolver el futuro de las represas queden finalmente en manos de las próximas autoridades que asumirán a partir de diciembre.
Junto con la prórroga del manejo privado de las usinas, la resolución de Energía estableció que durante el nuevo período de transición -que empezará a correr al expirar el plazo originario de cada concesión- la empresa estatal Enarsa actuará como “veedora” con la asistencia y colaboración de una “comisión tripartita” que integrarán un representante del ministerio de Economía y uno por cada una de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Con esta jugada, Massa busca ganar tiempo para sacar el tema de la campaña electoral y, a su vez, frenar la embestida de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro que pretenden quedarse con “el control, la operación y la facturación” de las hidroeléctricas del Comahue.
Luego de una ola creciente de reclamos y la amenaza de imponerle el pago de un impuesto extraordinario por el uso del agua, hace dos semanas las provincias patagónicas lograron arrancarle a Massa la promesa de crear una “mesa política técnica” con el fin de evaluar “el manejo futuro de las represas”.
Con la nueva resolución de Energía que prolonga la permanencia de las actuales concesionarias, Massa cumple en parte con el compromiso político que había asumido con las autoridades neuquinas y rionegrinas dando paso a una futura negociación tripartita para redefinir los términos y alcances que tendrá la vuelta al Estado de las usinas hidroeléctricas que se habían privatizadas durante la gestión menemista. Los gobernadores electos de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, mantienen una fluida relación con el tigrensa, con quien se reunieron horas después de triunfar en los comicios del 16 de abril en una foto que escenificó esa sintonía política.
Puertas adentro de la coalición oficialista, la decisión choca de frente con la postura estatizadora que alientan los técnicos del Instituto Patria y que el senador Oscar Parrilli plasmó en un proyecto de ley que apunta a dejar el control y operación de las represas en manos de la estatal Enarsa.
En línea con esa mayor injerencia estatal, el bloque de gremios del sector energético que conforman la Catheda (Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines) también había salido a reclamarle a Massa, hace dos semanas, una participación accionaria y una silla en la conducción de la nueva sociedad de Enarsa que debería hacerse de las usinas.
Dos días antes de las PASO agendadas para el 13 de agosto, concluyen los contratos de las primeras tres represas hidroeléctricas concesionadas en la década del 90: El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados. Y 48 horas antes de que finalice 2023, termina la operación privada de Piedra de Águila. A ellas se agregarán otras ocho usinas hidroeléctricas de la Patagonia y el NOA que tienen fechas de vencimientos entre 2024 y 2029: Nihuiles, Diamante, Río Hondo, Futaleufú, Cabra Corral, Ullum, Cadillal y Pichi Picún Leufú. Y, por último, se encuentra la central Ameghino, cuyo cierre contractual está previsto recién para 2044.
Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999 y en los años 90 fueron concesionadas por un período de tres décadas a distintas operadoras privadas.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones pertenece al grupo italiano ENEL. Por su parte, el complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita pertenece a la firma de inversiones Orazul integrada por exejecutivos de Morgan Stanley. En el caso de la central Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en cabeza del grupo norteamericano AES. Piedra del Águila está en manos de la compañía local Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, Nicolás Caputo, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany.
Las autoridades de Energía argumentaron la decisión en que se busca “garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca”.
Por su parte, Enarsa en su nuevo rol de “veedora” podrá “asistir a todas las asambleas y reuniones de directorio y examinar los libros, archivos y documentaciones de cada concesionaria” mientras dure el período de transición correspondiente a las prórrogas contractuales.