No va a ceder a las presiones de la oposición, el peronismo y el poder judicial. Hay cuatro sillas vacías para, al menos, seis sectores interesados.
Las presiones, en público y en privado, de la oposición, los diferentes sectores del peronismo y gran parte del poder judicial bonaerense no moverán la postura de Axel Kicillof respecto de la negociación por las cuatro vacantes en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. El gobernador considera que, especialmente al interior del oficialismo, las condiciones no están dadas para iniciar ese debate.
Apunta centralmente al clima en el Senado bonaerense donde tendrían que tratarse los pliegos de las figuras que se propongan. Previo a la feria judicial el radicalismo reclamó que el Ejecutivo no estaba cumpliendo el acuerdo que se hizo en diciembre. En el kirchnerismo piden que haya una negociación conjunta de una serie de tema que incluyen la Corte pero también las definiciones electorales respecto a reelecciones, PASO y desdoblamiento, entre otras.
La justicia hizo lo propio: a fines de abril la propia Corte reclamó al gobernador y a la Legislatura bonaerense la urgente cobertura de las vacantes. El máximo tribunal funciona hoy con apenas tres de sus siete integrantes: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. La conformación quedó de esa manera luego de la muerte de Héctor Negri en 2020, las renuncias de Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani en 2021, y la jubilación de Luis Genoud en 2024.
El gobernador entiende que "no están dadas las condiciones" para negociar hoy con el peronismo y la oposición las cuatro vacantes. Es principalmente la interna propia la que traba cualquier inicio de charla. Pese a las presiones, en el ejecutivo bonaerense apuntan al clima hostil en el Senado donde especialmente dos "hombres bomba", detonan cualquier posibilidad de charla. Apuntan al presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, y al vicepresidente del cuerpo, Mario Ishii.
"Si tenemos un presidente de bloque que insulta y amenaza con denunciar a la vicegobernadora cómo vamos a poder mandar a discutir a ese ámbito los pliegos de la Corte", afirma una fuente de la mesa chica de Kicillof ante la consulta de Letra P. La Cámara Alta solo pudo sesionar dos veces durante este año y cada uno de esos encuentros estuvo marcado por fuertes cruces internos, o más bien, de críticas provenientes de las propias filas ya que la orden del gobernador a su tropa es "no contestar".
En los últimos días surgió una nueva tensión en la Cámara presidida por Verónica Magario por el proyecto para que vuelvan las reelecciones indefinidas de los intendentes ya que el ejecutivo quiere que el proyecto se trate en la comisión de Legislación General que controla y la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, presiona para que pase por la comisión de Reforma Política que preside. En los próximos días podría haber un encuetro entre ella y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para destrabar el tema.
El gobernador rechaza, además, discutir la conformación de la Suprema Corte en un "paquete" con otros temas como propone un sector del kirchnerismo. Lo considera un tema "demasiado serio" como para que esté incluido en un toma y daca con otras cuestiones que se deberán negociar en los próximos meses en el peronismo.
También rechaza el reclamo que hace el radicalismo. Semanas atrás, antes de la feria judicial, el diputado Diego Garciarena dijo públicamente que Kicillof no estaba cumpliendo un acuerdo sellado en diciembre pasado -cuando se trató el presupuesto- con dos de sus representantes, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis, quienes se habían comprometido a que antes de mitad de año se presentaran los pliegos.
Cerca de Kicillof plantean que si bien es cierto que esa fue la intención "muchos de los acuerdos que se hicieron en aquel momento, después no se cumplieron", e insisten en que las condiciones no están dadas. Además, rechazan que haya habido un acuerdo con el radicalismo para que el sillón de la oposición sea para ellos. Finalmente, dicen que por ahora nadie acercó ningún nombre para cubrir los puestos.
Una reunión entre el gobernador y su ministro de Justicia, Juan Martín Mena, este lunes, generó especulaciones sobre algún avance. No obstante, las fuentes consultadas sostuvieron que en la reunión no se habló de la Suprema Corte, sino de una causa sobre derechos humanos por la denominada masacre del penal de Magdalena en 2005. Al margen, sostienen que "la falta de condiciones no es un tema que pueda resolver Mena".
