El intendente presentó una denuncia por presuntas irregularidades contra quienes lo suplantaron. El Concejo Deliberante habilitó una nueva junta de firmas.
Tal como lo prometió, el intendente de Allen, Marcelo Román, comenzó a pergeñar su revancha después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anulara las normas que habían dispuesto su suspensión preventiva al frente del municipio. A casi dos semanas de haber vuelto a su cargo, ya presentó una denuncia contra funcionarios que ocuparon temporalmente el municipio.
Los apuntados son funcionarios y concejales y apunta a presuntas irregularidades vinculadas a pagos y decisiones adoptadas durante el período en que fue suspendido. En un terreno en constante movimiento, el contraataque también tuvo su réplica.
En la vereda de enfrente, empezó a tomar fuerza -otra vez- una recolección de firmas para impulsar un referéndum popular y una posible revocatoria de su mandato, proceso que escaló hasta el poder legislativo municipal. En rigor, el procedimiento se inició en mayo a partir de una presentación realizada por una jubilada llamada Silvina Cantero, quien entonces logró reunir 3.111 avales. En el oficialismo ven la mano de toda la oposición local detrás de la iniciativa popular. Juntos Somos Río Negro, Nos une Río Negro, y UCR, que responde a Lorena Matzen y Fabián Zgaib.
Ese petitorio se desarrolló en paralelo a la investigación penal por presunta administración fraudulenta que llevó a su suspensión. Ahora, el Concejo Deliberante revisó esas viejas firmas y determinó que 2.345 eran válidas, cantidad que supera el piso del 10% del padrón exigido por la Carta Orgánica.
Días atrás, el propio Román difundió en redes sociales la denuncia penal que realizó contra la funcionarios que impulsaron su destitución. Uno de los apuntados es Fabián Figueroa, quien quedó temporalmente al frente de la comuna durante cinco días y, según expresó el jefe comunal, habría recibido una suma de dinero en concepto de adelanto salarial por $1,5 millones.
La presentación sostiene que el exintendente interino percibió, además, haberes correspondientes a los días en los que ejerció funciones al frente del Ejecutivo municipal. Román llevó el planteo ante el Tribunal de Cuentas y cuestionó el impacto que esas operaciones habrían tenido sobre las arcas de la ciudad.
El reclamo también alcanza a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, vinculados al proceso que derivó en la suspensión del intendente. El funcionario atribuyó a esas actuaciones un supuesto perjuicio económico para el municipio y cuestionó el procedimiento utilizado para apartarlo temporalmente.
La denuncia plantea, también, que debe determinarse si correspondía que Figueroa percibiera los importes derivados de su breve permanencia en la conducción comunal. El mandatario local sostuvo que el adelanto de $1,5 millones otorgado al reemplazante debe ser revisado y reclamó que se establezca si corresponde su devolución a las cuentas municipales.
Por último, Román solicitó que el caso sea puesto en conocimiento de la Justicia para determinar si las decisiones tomadas durante ese período podrían constituir algún delito. Entre las figuras que solicitó investigar mencionó posibles hechos relacionados con abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial.
Mientras tanto, el malestar con el intendente continúa. Tras la suma inicial de firmas conseguidas por Silvina Cantero, el Concejo Deliberante habilitó a partir de este jueves otros cinco libros para continuar con el procedimiento. Los vecinos tendrán 30 días para alcanzar el 20% del padrón, o sea, deberán juntar 4.579 avales. Si se alcanza ese porcentaje, se dará inicio al referéndum popular. "Desde que el intendente se pasó a La Libertad Avanza lo quieren bajar, no lo dejan gobernar", dicen en su entorno.
Según informó la prensa local, el planteo inicial de la jubilada ya pasó por el Concejo Deliberante, que chequeó las planillas y contabilizó los avales conseguidos hasta el momento. Román criticó el procedimiento y argumentó que la resolución no detalla cuántas firmas fueron presentadas ni cuántas se repiten. Además, aseveró que la resolución que le dio traslado del pedido llevaba la firma de Guillermo Pennesi, quien ocupaba la presidencia del Concejo transitoriamente durante su suspensión.
El intendente de Allen afirmó que, según lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, los actos derivados de ese período serían nulos. “Nosotros no iniciamos el proceso, fue una vecina, sólo intermediamos. En este caso, se superó la cantidad de firmas necesaria, se recibió el descargo de Román y se va a agregar al libro junto a los fundamentos de la vecina así cada vecino que se acerque puede leer todo. Estamos siguiendo la Carta Orgánica”, le respondió Figueroa.
