El exalbertista Camilo Baldini escaló hasta la presidencia de la empresa. Su relación con las firmas del sector y una caja multimillonaria para las elecciones.
Movido por la ambición personal, Camilo Baldini saltó la grieta política para ponerse el traje de funcionario libertario pese a haber ingresado al Correo Argentino de la mano del peronismo. Ahora, bajo la premisa de modernizar la compañía estatal, encabeza un ajuste salvaje y maneja una caja multimillonaria.
La decisión del Gobierno de no designar buena parte de los cargos directivos en organismos públicos y empresas estatales abrió una ventana de oportunidades para que funcionarios, autopercibidos técnicos, se reinventaran bajo el signo libertario. La subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, es el caso más conocido: pasó de hacer campaña por Sergio Massa a ser una defensora acérrima de Sandra Pettovello. Sin embargo, está lejos de ser el único.
El titular del Correo Argentino cuadra a la perfección en el pelotón de funcionarios conversos que mantienen sus despachos. De hecho, el contador Baldini consiguió acomodarse para lograr un ascenso que lo colocó en marzo como presidente de la empresa estatal de logística. En 2012, Baldini ingresó al Correo promovido por el peronismo bonaerense para ocupar el cargo de gerente de Abastecimiento, un puesto desde el que no dejó de escalar, aunque la llegada del macrismo a la Casa Rosada lo dejó fuera de carrera durante cuatro años.
Su crecimiento dentro de la empresa fue compartido con su familia: a poco de ingresar, logró colocar a su cuñada, Mónica Llera, como directora de Ventas y también garantizó el ingreso de su hermana, Magdalena Baldini, hoy en funciones en la Dirección Operativa del Centro Logístico de Tortuguitas, una de las más importantes del AMBA.
Originario de La Plata, tuvo una relación estrecha con José Ottavis, quien fuera secretario general de la Juventud Peronista bonaerense y hombre de peso en la política provincial hasta 2015. Hay quienes aseguran que fue su contador durante el auge del excamporista. Lo cierto es que siempre se valió de esa identificación para presentarse como un cuadro peronista y, dependiendo de la circunstancias, como integrante de La Cámpora, algo que en la agrupación de Máximo Kirchner niegan.
Tras el cambio de gobierno, Baldini se hizo fuerte presentándole a Mauricio González Botto, el funcionario que había designado el desplazado Nicolás Posse para definir el destino de las empresas públicas, un "plan de modernización" del Correo Argentino, un eufemismo para suavizar un programa de desguace y achicamiento, con miras a su privatización. El plan tuneado a fondo con conceptos del management del sector logístico era más bien rústico: el vector central era, además de la reducción de la planta laboral, cerrar las sucursales que fuesen deficitarias.
El cálculo inicial arrojaba el cierre de 987 sedes de un total de 1.450, lo que iba a provocar una retracción mayúscula de la presencia del Estado en centenares de localidades en las que el Correo opera como única ventana de trámites públicos. El alcance del movimiento encendió la alerta en la Casa Rosada, donde evaluaron que el plan iba a abrir un nuevo frente de conflicto con los gobernadores. No estaban tan errados: en Río Negro y San Luis ya se tramitan amparos judiciales patrocinados por sus gobiernos provinciales para revertir el cierre de tres sucursales de pequeñas localidades y parajes.
El plan de despidos avanzó en el achique de la planta laboral, pero tampoco resultó como lo pensó la gestión mileísta. Concebido para reducir un 50% del personal, que al inicio de la gestión de Javier Milei rondaban las 15.500 personas, hasta el momento los despidos y los retiros voluntarios sellaron la salida de casi 4.000. El problema es que el perfil de quienes sufrieron las desvinculaciones abrió otro frente de conflicto.
Con un tope de 70 millones de pesos, pero sin límite de edad, los retiros voluntarios fueron absorbidos en su mayoría por personal jerárquico y calificado cerca de la edad de jubilarse, lo que provocó dos efectos inmediatos. Los recursos computados para pagar las desvinculaciones se esfumaron en menos cantidad de personas con salarios altos. Al mismo tiempo, la salida de estos cuadros implicó el vaciamiento de áreas clave del Correo, entre ellas, las vinculadas a la logística y a la actividad electoral, lo que disparó la preocupación en jueces federales y en la propia Cámara Nacional Electoral.
Como señal para calmar la preocupación judicial, el Ejecutivo impuso el desembarco de Alejandro Tullio en el Correo, un exfuncionario de casi todos los gobiernos con vínculos afiatados con las empresas de servicios electorales y una extensa trayectoria en la gestión de elecciones. Tullio está activo: ya se mostró la última semana como el encargado de ese trabajo promoviendo comunicados y encabezando reuniones en la histórica sede de Barracas donde, entre otras personas, recibió a la expresidenta de la empresa Vanesa Piescirovski, que fue apadrinada, al igual que Baldini, por Santiago Cafiero.
El Correo juega un rol central en los operativos electorales. Tiene a su cargo la logística de urnas y, en algunas oportunidades, también de las boletas, pero sobre todo brinda el servicio de digitalización y transmisión de telegramas. Por esa función, el Ministerio del Interior le transfirió en los comicios del año pasado 35.000 millones de pesos, pero según los cálculos de especialistas en gestión electoral ese monto el año que viene podría ascender a $130.000 millones.
Baldini y Tullio tienen por delante un desafío claro: en las elecciones de 2021 y 2023 los resultados se conocieron más temprano que nunca. En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la Dirección Nacional Electoral, a cargo de la abogada y exfuncionaria macrista María Luz Alegría Landívar, tomó la decisión de prorrogar la licitación con la firma española Indra por el servicio de recuento provisorio de resultados. Además, Alegría Landívar tiene otra medida in pectore: solicitaría licencia médica próximamente.
Es probable que la prórroga para Indra sea uno de los asuntos que tocan en sus almuerzos habituales en Puerto Madero Baldini y Hernán Araya, el director de Procesos Electorales para América Latina de la compañía española.
También es posible que el ejecutivo quiera saber qué sucederá con el convenio entre el Correo Argentino y la informática venezolana Smartmatic, que vence antes de las elecciones de 2025. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la empresa estatal de logística rubricó un convenio con la firma caribeña para la transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación, agilizando el proceso de transmisión de resultados. El acuerdo se celebró por algo menos de un millón y medio de dólares, más dos pagos bienales por 75.000 dólares, y vence en julio del año que viene, justos antes de las elecciones de medio término.
La cercanía del vencimiento del acuerdo con los comicios 2025 y el plan de cierre de sucursales en las provincias hacen difícil imaginar que se resuelva volver a transmitir los resultados desde sucursales del Correo. Una buena noticia para Indra.