El Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich intimó este jueves a sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales a pagar $40.419.227,56 por los supuestos costos que provocaron después de haber marchado a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, para protestar contra la reforma laboral incluida en el decretazo del presidente, Javier Milei. El documento, que lleva la firma del secretario de Coordinación Administrativa de la cartera, Martín Siracusa, había sido adelantado en el protocolo antipiquetes, que ya incluía un polémico artículo en el que se establecía que los costos iban a ser cubiertos por los manifestantes.
La carta documento, dirigida al Sindicato de Camioneros, señala que el Ministerio logró identificar a las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que se especula que buscarán también trasladar costos a otras entidades.
Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.
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“En consecuencia, intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”, remarca en el texto.
Tal como dio cuenta Letra P, el 27 de diciembre, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales habían realizado una movilización al Palacio de Tribunales en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el que el Ejecutivo no sólo planteó desregular la economía, sino también avanzar con una reforma laboral. El contenido de la medida del gobierno nacional será analizada en los próximos días por una comisión bicameral del Congreso.
En la previa de esa jornada, Bullrich había anunciado que pondría en marcha nuevamente su polémico protocolo antipiquetes, con el que buscaba no sólo evitar los cortes de transito, y recortar el derecho a la protesta, sino también imponer "los costos vinculados a los operativos de seguridad" a las organizaciones sociales o individuos responsables de la convocatoria.
Con ese objetivo, la ministra de Seguridad montó un desproporcionado operativo de las cuatro fuerzas federales de seguridad, con respaldo de la Policía Federal, para limitar la movilización cegetista. En esa jornada frenaron colectivos, transportes particulares, y vallaron distintos accesos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que, todo indica, será una constante de tensión para las próximas movilizaciones. De hecho, la CGT ratificó este miércoles su paro con movilización para el 24 de enero.
