La presentación judicial cuestiona homologaciones laborales, honorarios profesionales y posibles vínculos societarios entre los involucrados.
La síndica general del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), María Florencia Zicavo, fue denunciada por presuntas irregularidades en el plan de retiros voluntarios aplicado en el Ministerio de Justicia y por una posible réplica del mecanismo en el organismo. La causa quedó bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini.
El eje de la presentación judicial está puesto en la operatoria utilizada para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La acusación cuestiona la forma en que se habrían concretado las extinciones de los vínculos laborales.
Según el escrito, la reglamentación establecía que las desvinculaciones debían efectivizarse mediante escritura pública ante escribano. Sin embargo, la denuncia sostiene que en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), una modalidad que habría derivado en el cobro de honorarios profesionales no previstos originalmente.
La presentación también incorpora testimonios según los cuales una cantidad importante de trabajadores habría sido representada por un mismo abogado patrocinante. De acuerdo con la acusación, esas personas no habrían seleccionado al profesional de manera libre y directa, punto que quedó incluido entre las circunstancias cuya eventual irregularidad deberá determinar la investigación.
El documento expone además presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunas de las personas mencionadas. También cuestiona la falta de respuesta oficial a pedidos de acceso a la información pública destinados a conocer el detalle, los beneficiarios y los montos involucrados en el programa de desvinculaciones del Ministerio de Justicia.
El denunciante sostiene, además, que existió una sentencia judicial que ordenó a la cartera entregar esa documentación. A ese planteo se sumó un pedido para que la Justicia analice presuntas inconsistencias patrimoniales y el supuesto uso sin justificación de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado Nacional.
La denuncia pide establecer si la operatoria cuestionada en el Ministerio de Justicia pudo trasladarse posteriormente al PAMI, donde Zicavo se desempeña como síndica general. Ese punto forma parte de las hipótesis que deberá evaluar el juzgado federal a cargo de Ercolini junto con el Ministerio Público Fiscal.
Entre las posibles figuras penales mencionadas por el denunciante aparecen negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y enriquecimiento ilícito. La presentación también solicita revisar eventuales inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
El propio escrito aclara que los hechos descriptos constituyen hipótesis sujetas a investigación y no afirmaciones de culpabilidad. Será la pesquisa judicial la que deberá establecer si existieron irregularidades, determinar las responsabilidades individuales y comprobar si el mecanismo cuestionado en la cartera de Justicia tuvo alguna réplica dentro del PAMI.
