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#1M DÍA DEL TRABAJO

Matías Cremonte: "Nadie hace un juicio si no se incumplieron sus derechos"

El titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas dice que la litigiosidad es baja y que los derechos se vulneran por la lentitud de la Justicia.

Al discurso de la industria del juicio, Matías Cremonte le responde con una cuenta: si el 35% de las personas que trabajan en la Argentina está en la informalidad o mal registrado y eso equivale a cinco o seis millones, ¿cuántos juicios laborales serían una industria del juicio laboral? El promedio anual es difícil de calcular, pero no llega al 2% de esa cifra: en el pico de las últimas décadas, llegaron a los 120 mil. “De ninguna manera hay una judicialización masiva. Es ínfima la relación entre litigiosidad e ilegalidad del mercado de trabajo”, dice el abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL). Lo explica así: “El reclamo se hace cuando hay un despido, porque antes se teme perder el trabajo. Ningún trabajador hace un juicio si no se incumplieron sus derechos”.

-¿Qué rol juega la justicia laboral en ese mercado de trabajo?

-La justicia laboral se crea en 1944 justamente para corregir las inequidades que se dan por incumplimiento del empleador de los derechos, pero hoy tiene un rol entre inocuo e ineficaz. La justicia laboral no es un lugar donde se resuelvan los problemas de la ilegalidad. Al contrario: un juicio laboral puede durar seis o siete años y quien queda sin empleo necesita plata. Hay un sistema armado para que el trabajador, en una mediación, acepte una oferta por la mitad o menos de lo que le correspondería.

-¿Por qué las empresas insisten con “la industria de los juicios”?

-¿Aumentar la rentabilidad? Un dato: en los últimos años aumentó la productividad, es decir lo que genera una persona trabajando en determinada cantidad de horas, y se redujo el salario real. Hace muchos años que no es tan grande la brecha entre aumento de productividad y reducción de salario real.

-¿Las indemnizaciones son demasiado altas?

-No. Si uno toma una pequeña empresa, el mayor problema que tiene es lo que está pagando de alquiler, lo que aumentan los insumos, el costo financiero como el interés de un crédito, pero el discurso sobre el cual se cargan las tintas permanentemente y hasta se utiliza para justificar el empleo no registrado es el costo de las indemnizaciones.

-¿Qué opina de la propuesta del fondo compensador?

-Existe un fondo compensador en la industria de la construcción, que lidera el empleo no registrado.

-¿La demora en los juicios es parte de un problema estructural de la justicia?

-Hay un problema estructural -falta personal, faltan insumos, falta tecnología y faltan jueces y juzgados- que hace que los juicios se demoren mucho. Luego, el Poder Judicial no deja de ser un poder político, aunque la legislación laboral sea para proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral.

-¿Hay un mercado laboral atomizado en Argentina?

-Es un mito que todo lo que es legislación laboral está dirigido a una pequeña élite cada vez menor y tendiente a desaparecer. Es falso. La gran mayoría trabaja por cuenta ajena en relación de dependencia. Que una importante cantidad de personas lo hagan de manera ilegal, porque sus patrones no las inscriben, no es un problema de la legislación que no las alcanza. La no registración, la clandestinidad de esa relación no significa que hay una nueva relación entre capital y trabajo.

"Ni el desempleo ni la informalidad son un problema de la legislación laboral. Con esta ley tuvimos 5 o 25 puntos de desempleo".

-¿Dónde ubica el trabajo con plataformas de delivery?

-Otro falso debate. Eso es una relación de dependencia: personas que venden su fuerza de trabajo a una empresa. Si son monotributistas, si tienen un contrato, nada o si les dicen que son pequeñas emprendedoras que manejan su tiempo es una discusión sociológica, pero en materia legal es un fraude laboral. Se puede revertir con un rol muy importante del Estado.

-¿Qué pasa con los sindicatos?

-La representación de los trabajadores no está siendo muy eficaz a la hora de obligar a todos los empleadores de la actividad que representen a que registren las relaciones laborales, es decir, ser parte activa en la erradicación del empleo ilegal. La Ley de Contrato de Trabajo alcanza a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras.

-Entonces, ¿no hay que hacer una reforma laboral?

-No hay que hacer una adecuación legislativa en el sentido de atender una mutación del mercado de trabajo. Sí en un sentido progresivo: por ejemplo, para devolverle a la clase trabajadora argentina un montón de derechos que cercenó la dictadura militar y nunca volvieron. La Ley de Contrato de Trabajo es de 1974 y la dictadura militar, apenas tomó el poder, en abril de 1976, la reformó. Esto fue de la mano de la intervención de los sindicatos y muestra cuál era el objetivo de la dictadura.

-¿Cuáles son los temas principales de una reforma progresiva?

-La tercerización es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo. La ley original permitía la tercerización, pero la limitaba muchísimo. Por ejemplo, quienes trabajaban en un mismo lugar lo hacían bajo el mismo convenio colectivo, sin importar si pertenecían a una subcontratista, y bajo la misma representación sindical. Entonces era mucho menos beneficioso para la empresa subcontratar o tercerizar.

-¿Qué otros cambios habría que discutir?

-Hace más de 100 años que, en términos legales, la jornada de trabajo es ocho horas diarias o 48 semanales. ¿Por qué no se puede avanzar para garantizar más descanso, más derecho a disfrutar de la vida? Esto hay que mirarlo en relación al mayor problema del mercado de trabajo hoy, que son los bajos salarios. Para tener un ingreso más o menos digno, uno necesita hacer unas extras o tener otro trabajo.

-¿Qué relación hay entre el desempleo y la legislación laboral?

-Ni el desempleo ni la informalidad son un problema de la legislación laboral. Con esta ley tuvimos cinco o 25 puntos de desempleo.

"La propuesta de una reforma laboral va a depender de quién gane las elecciones y las chances de que avance dependerá de la resistencia del movimiento obrero organizado"

-¿Qué habría que hacer con las ART?

-El de las aseguradoras es un sistema perverso que no está pensado para proteger ni atender la salud en el trabajo, sino como un negocio para un conjunto de aseguradoras. Cuanto menos se invierta en la prevención o en la reparación de la salud de los trabajadores, mucho mejor para ellas. La ley de Riesgo de trabajo, que en 1995 privatizó el sistema y creó las ART, tiene el récord de declaraciones de inconstitucionalidad por la Corte Suprema entre 2004 y 2015.

-¿Qué fortaleza tiene el movimiento obrero para evitar una reforma laboral regresiva?

-Todavía tiene una fuerza que hace que no sea tan fácil retroceder en materia de derechos. Lo vimos en 2017, con el intento de reforma de Mauricio Macri. La propuesta de una reforma laboral va a depender de quién gane las elecciones y las chances de que avance dependerá de la resistencia del movimiento obrero organizado. Las relaciones de fuerza no se dan sólo en términos de mayorías y minorías parlamentarias.

-¿Qué pasa en el resto de la región?

-Va de la mano con los gobiernos: cuando ganan gobiernos de derecha se avanza o se intenta avanzar en legislaciones regresivas. Desde la Asociación Latinoamericana venimos impulsando la necesidad de que se apruebe una carta sociolaboral latinoamericana, un tratado regional que establezca pisos de derechos para que, frente a cambios de gobierno, haya una garantía ante reformas regresivas. La presentamos a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y esperamos que se pueda discutir pronto.

Temas
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Cristina Fernández de Kirchner.

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