El Gobierno hará el nuevo ofrecimiento el martes, cuando vence la conciliación obligatoria. El gremio se tomará su tiempo. Sin novedades para magistrados.
Empleados judiciales siguen esperando una propuesta superador del gobernador Martín Llaryora
Federico Cortelletti, secretario general del gremio de los empeados de la Justicia de Córdoba
Martín Llaryora cumplirá con la presentación de una nueva oferta de recomposición salarial para los trabajadores de la Justicia de Córdoba. Pero lo hará el próximo martes, al cierre mismo de la conciliación obligatoria establecida por la Secretaría de Trabajo provincial a inicios del mes.
La nueva propuesta estaba prevista para el pasado viernes, en la tercera audiencia del plazo de negociaciones abierto por la autoridad laboral. Sin embargo, sobre el filo de la medianoche del jueves, desde el Poder Ejecutivo informaron a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) que postergarían la cita por otros cuatro días.
La decisión del Gobierno causó sorpresa en el gremio, que durante la semana esperó señales de una mejora en el texto diseñado en el Panal, como se conoce al Centro Cívico local. Algunos eligieron creer que el silencio respondía a una estrategia que desembocaría en una oferta superadora, sin necesidad de estirar plazos.
También hay asombro entre magistrados y funcionarios, que esperan la firma del acuerdo entre los empleados y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para acelerar los tiempos de sus propios reclamos. Este mismo viernes, recordaron que mantienen reclamos administrativos que, en caso de no encontrar respuesta, podrían derivar en acciones judiciales contra el propio Estado.
Hasta el momento, tampoco se conocen detalles del nuevo ofrecimiento, que debería superar al precedente, presentado al borde de la feria, basado en el adelantamiento de las cuotas pendientes para lograr completar el proceso de equiparación (al 90%) de sus sueldos con los que perciben sus pares de la Justicia Federal.
Dado que aquella oferta fue rechazada categóricamente por los judiciales, quienes piden una recomposición que compense las pérdidas por inflación de los últimos años, dentro y fuera del gremio esperan una proposición que incluya una suba salarial. Acaso no del 25%, como piden las voces más exaltadas (las mismas que el año pasado tensionaron al extremo el conflicto zanjado con la puesta en marcha de la equiparación), pero que al supere una mera referencia testimonial.
En el gremio reconocen que, tras el impacto de las dos primeras etapas del plan de equivalencia con cargos federales, la última de ellas vigente desde este mes, las categorías más bajas han logrado llegar a la referencia del 90%. No obstante, remarcan que los salarios básicos propiamente dichos de los cargos iniciales siguen por debajo de la canasta básica alimentaria, mojón para establecer la línea de pobreza.
También destacan que, para el resto de las categorías los sueldos de bolsillo aún están lejos de aquel 90%.
Por otra parte, mantienen vigente el reclamo contra la ley de equidad previsional, que aumentó el porcentaje de aportes a la Caja de Jubilaciones, recortando de forma efectiva los haberes netos hasta en ocho puntos, así como una suba de los aportes para la obra social estatal Apross.
Además de cuestionar su solidez legal, piden al gobernador que reconsidere los argumentos que dieron sustento a la reforma previsional tras los acuerdos con el gobierno nacional por más de $500 mil millones y la duplicación del pago mensual por compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones.
Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que semanalmente han realizado protestas públicas, abriendo vías de reclamo por fuera de la representación de la Asociación de Magistrados, tampoco comprenden la decisión del gobierno de estirar la oficialización de una propuesta. Aunque descuentan que, de ser necesario, la Secretaría de Trabajo dictará una nueva conciliación obligatoria, perciben un incremento en el nivel de conflictividad con cada día que transcurre sin soluciones.
Su repaso del conflicto, al que consideran extraordinariamente extenso, incluye conversaciones informales con voceros del Ejecutivo. “Nos dicen, cada semana, que ya sale una solución. Pero no llega. Parece que no tuvieran interés en ello”, lamentan en diálogos confidentes.
Aún aceptando un lugar subalterno en la puja, entendiendo que la prioridad del Ejecutivo está puesta en arreglar con el continente de empleados, cuyos paros afectaron los procesos corrientes de la Justicia por 25 días (sin contar asambleas), afirman que no van a cejar en sus pedidos, que parten de la plena vigencia de la ley que asegura la equivalencia de remuneraciones son pares del fuero federal.
Advirtiendo también que mantienen reclamos administrativos que podrían derivar en instancias legales, sugieren considerar que sus ingresos se han ido reduciendo hasta llegar a un 77% de sus pares nacionales. Es decir, 13 puntos menos que lo que marca la norma.
Con el mismo énfasis piden que sus quejas no se consideren como una mejora salarial en términos estrictos. Para ello, solicitan poner sobre la mesa otras dos variables: la eliminación del tope de 30 años para plus por antigüedad y la reducción de los aportes personales a los que obliga la mencionada equidad jubilatoria, opción alentada por una resolución del TSJ fechada en mayo.
Jueces y secretarios coinciden en apuntar que el prolongado conflicto empeora la imagen de la Justicia ante la sociedad. Culpan por ello a una “intromisión de la política como no se ha visto desde la vuelta de la democracia”.
El aludido es el gobernador, a quien endilgan nombramientos en las instituciones, desde el Ministerio Público Fiscal hasta el propio TSJ. También le reprochan la conformación de la Procuración Penitenciaria, órgano que definen como redundante. “Sabemos que hay una situación económica compleja. Pero ponen mucha plata ahí y después nos quieren hacer creer que no tienen para nosotros ni para los empleados”, añaden.
En el gremio judicial coinciden en la incredulidad sobre la imposibilidad de mejorar los números en discusión. Por ello mismo afirman que no se apurarán en brindar una respuesta a la oferta que se formalice el próximo martes, pese a la inminencia del fin de la conciliación. “Vamos a respetar los pasos institucionales, con análisis y asambleas”, aseguran.
De igual manera, mantienen su negativa a aceptar descuentos por días de paro, medida ya aplicada, aún de modo paulatino, por el Ejecutivo.
Las quitas aplicadas, que en algunos casos llegaron a $400 mil, detonaron más enojo entre los empleados. Frente a ello, la AGEPJ echó mano a distintas medidas paliativas, desde rifas hasta negociaciones con cadenas de supermercados para compra vía tickets.
Dirigentes de otros gremios siguen con atención la continuidad de la puja. Como primer foco, analizan como ambiguo el juego del TSJ. “Habilitan negociaciones pero adhieren a la descripción de que falta guita. Eso es directamente endosarle al problema a Llaryora”, explican.
Un par de pasos más allá aparece ya el 2027, con su cita electoral. Quienes creen que el gobernador adelantará las elecciones dejan una duda sobre la mesa. “Si el Gobierno quiere votar en marzo, deberá cerrar rápido las paritarias. Este año debió estirar con los docentes y aún no cierra en Tribunales. ¿Cómo hará el próximo año para tener todo firmado en febrero?”, se preguntan.
