Firmaron el dictamen en plenario de comisiones. Apoyaron la UCR, el PRO y partidos provinciales. 15 años de pena máxima. El peronismo y la izquierda, en contra.
El Gobierno tuvo un primer festejo este miércoles en Diputados antes de tratarse la reforma laboral en el Senado: se dictaminó la nueva ley penal juvenil, con apoyó de la mayoría de la oposición. El límite de la edad punible será de 14 años y no habrá más de 15 en la cárcel. Se tratará este jueves.
El acuerdo llegó luego de tres horas de debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Adolescencia. Como anticipó Letra P, el dictamen replicó el texto del año pasado, con un agregado de presupuesto para financiar los costos de aumentar la población carcelaria.
El dictamen tuvo 81 firmas, en un plenario que encabezó Laura Rodríguez Machado (PRO). Suscribió La Libertad Avanza (LLA), el PRO, UCR y aliados de San Juan y Tucumán. Con disidencias, suscribieron los representantes de Córdoba de Provincia Unidas (PU), que votará dividido. También firmó con objeciones Innovación Federal, que representa a Salta y Misiones.
El capítulo sumó 23 mil millones de pesos para financiar los gastos del sistema federal: veinte para la Defensoría general y tres para el Ministerio de Justicia. Además, habilitó conveniar entre la Nación y provincias los aportes para solventar el costo que implique la ley en cada jurisdicción.
La edad de imputabilidad baja a 14, aun cuando el proyecto original la dejaba en 13. La pena máxima será de 15 años; y no de 20 como en el texto que escribió el Ejecutivo. La cárcel será la última instancia para una pena y recién podrá aplicarse si supera los diez años.
En caso de penas menores, se aplicarán medidas paliativas, en caso de que no haya registro de muerte o violencia física sobre las personas; o si se trata de delitos culposos, sin lesiones, causas de muerte o daño psíquico grave de la víctima. En cualquier caso, el juez deberá tomar en cuenta si hay antecedentes.
Las condenas, en tanto, no deberán permitir que los menores se mezclen con los mayores. La principal demanda de las provincias tiene que ver con los profesionales implicados en la resocialización.
“Lo que estamos discutiendo es a que edad una persona toma consciencia de un delito e igual lo hace. Cambió la tendencia como en tantas otras cosas. Ahora se puede votar a los 16 y entendemos que la comprensión del acto delictivo es a los 14”, sostuvo Cristian Ritondo.
El PRO fue uno de los bloques que se negó a que la edad punible sea 13, como pedía Bullrich. “En los países que tienen estadísticas actualizadas, como Chile, con la baja de la edad el delito bajó un 28%”, dijo Silvana Giudici.
El rechazo del proyecto se limitó a Unión por la Patria (UP) y a la izquierda, quienes aseguraron que la mayor parte de los delitos no tienen intervención de menores. La primera en hablar fue Victoria Tolosa Paz.
“Los cometen un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes, incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes, siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción. ¡Pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo!”, gritó la peronista, ante una colmada sala A del Anexo C. Eran tantas las comisiones que reunían, que el bullicio no terminó nunca.
Sorprendió el massista Ramiro Gutiérrez, quien pese a tener en su historial expresiones a favor de bajar la edad punible a 14, anticipó que no acompañará esta reforma. “No se puede establecer el régimen penal en una ley periférica y complementaria. Se debió traer el código penal, que responde qué es un delito, qué penas establecer y quién lo comete. Esto es inconstitucional”, protestó.
