Las investigaciones que pesan sobre el senador que perdió el balotaje ante Lula incluyen lavado de dinero, corrupción y financiamiento ilegal de campaña.
El senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro escapó de Brasil tras perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, en una operación que contó con la colaboración del gobierno de Javier Milei a pedido de la administración de Donald Trump. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro pasó por Argentina antes de llegar a Estados Unidos.
La fuga se produjo mientras el dirigente ultraderechista enfrenta cinco frentes judiciales que complican su futuro político. Las investigaciones incluyen presuntas maniobras de lavado de dinero mediante plataformas de apuestas, corrupción vinculada con una producción audiovisual, financiamiento extranjero de campaña, difamación contra Lula y desvío de fondos públicos durante su paso por la Legislatura de Río de Janeiro.
1) Lavado de dinero y apuestas ilegales. La primera investigación, bajo la órbita del ministro Alexandre de Moraes en el Supremo Tribunal Federal (STF), apunta a una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal mediante plataformas digitales de apuestas y sistemas de pago. El expediente involucra al abogado Willer Tomaz, amigo del senador y propietario de Alcazar Holdings, una empresa con cuentas bancarias en el exterior.
La Policía Federal brasileña habría detectado registros de un usuario con acceso privilegiado a cuentas offshore a nombre de Flávio Bolsonaro, además de movimientos millonarios no declarados y extracciones de efectivo. La pesquisa busca establecer si esos fondos fueron desviados hacia patrimonios particulares y si existió una estructura financiera destinada a ocultar su origen.
2) Corrupción y financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro. La segunda causa, denominada Operación Dark Horse y atribuida al ministro André Mendonça, investiga el presunto origen ilícito de unos 24 millones de dólares que habrían sido destinados a financiar una producción audiovisual sobre la vida su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
El dinero habría provenido del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, y habría sido canalizado mediante un fondo inmobiliario en Estados Unidos. La investigación examina posibles delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y fraude financiero. Flávio Bolsonaro sostiene que los recursos correspondían a un patrocinio privado legal.
3) Financiamiento extranjero de la campaña presidencial. El tercer expediente, atribuido al ministro Flávio Dino, investiga una posible inyección de fondos estadounidenses para beneficiar la candidatura presidencial del senador y perjudicar a Lula durante la campaña electoral.
Las sospechas apuntan a Rockbridge Network, una organización conservadora vinculada con el entorno de Trump, que habría financiado operaciones digitales mediante intermediarios brasileños. La investigación incluye presuntas campañas de manipulación en Meta y Twitter, publicidad electoral no declarada y operaciones en la plataforma de apuestas Polymarket. La legislación brasileña prohíbe el financiamiento extranjero de las campañas electorales.
4) Difamación contra Lula da Silva. La cuarta causa se originó en publicaciones realizadas por Flávio Bolsonaro durante enero de 2026, cuando vinculó al presidente brasileño con declaraciones del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
La denuncia sostiene que el senador difundió afirmaciones injuriosas y desinformación con fines electorales. El expediente analiza si esas expresiones quedaron amparadas por la inmunidad parlamentaria o si excedieron los límites de la actividad legislativa. La defensa de Lula considera que las publicaciones buscaron perjudicar su imagen en plena competencia presidencial.
5) El escándalo de las rachadinhas. La quinta investigación es la más antigua y se remonta a la etapa de Flávio Bolsonaro como diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj). El expediente investiga un presunto mecanismo de apropiación de parte de los salarios de empleados de su despacho, conocido en Brasil como rachadinhas.
La causa fue impulsada por el Ministerio Público de Río de Janeiro (MP-RJ) y atravesó distintas instancias judiciales. La defensa del senador consiguió anulaciones parciales por cuestionamientos al fuero competente y a la validez de pruebas bancarias. La posibilidad de nuevas denuncias, basadas en movimientos patrimoniales no alcanzados por esas nulidades, mantiene abierto el debate sobre el futuro del expediente.
