La multitudinaria marcha del martes en reclamo de presupuesto para las universidades tiene su primera consecuencia en el Congreso: la oposición reunió mayoría en ambas cámaras y está dispuesta a sancionar leyes que prohíban a Javier Milei pisar el presupuesto de las casas de estudios superiores.
Luego de la sesión fallida del miércoles en la Cámara baja convocada por Unión por la Patria, la oposición no peronista sumó presión para tratar proyectos que actualicen las partidas de las universidades. La Libertad Avanza no podrá evitar una derrota.
En una jugada coordinada con el peronismo, Lousteau logró la firma del resto de los bloques y no dejó chances de ignorarlo a Victoria Villarruel, quien estaría negociando con el economista una fecha para la otra semana. La novedad de la convocatoria del presidente de la UCR es que fue firmada por la larretista Guadalupe Tagliaferri, del PRO.
En Diputados, la UCR y las diferentes tribus de Hacemos Coalición (HCF) acordaron abrir un debate para tratar un proyecto sobre presupuesto universitario de Danya Tavela, que es la replicada por Lousteau en la Cámara alta. Iban a citar a sesión especial para el 2 de mayo para emplazar a las comisiones. Alejandro Finocchiaro, del PRO, se anticipó y convocó a la comisión de Educación para ese día.
No actuó de la misma forma José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto. En la sesión del lunes, la oposición podría votar a que sea convocada, con fecha y hora.
Plata para las universidades
En este escenario, Milei no tendrá más opción que abrir la billetera para actualizar el presupuesto universitario este año y perderá la herramienta de licuar partidas, que aplica para todas las áreas del Estado.
Todos los proyectos que están en consideración declaran la emergencia de las casas de estudios superiores para aumentar el presupuesto en el mismo porcentaje de la inflación de 2023.
Los proyectos de Lousteau y Tavela (quien fue Secretaria de políticas universitarias de Cambiemos) crean una fórmula para actualizar partidas bimestralmente, que considera en un 50% la inflación, el 25% la variación el dólar y en otro 25% la de las tarifas de servicios públicos.
Además, propone que las universidades destinen el 85% de los gastos a sueldos y el 15% a funcionamiento. En los últimos meses, el primer ítem superó el 90%. El proyecto incorpora además criterio de distribución de presupuesto según la matrícula de las casas de estudios y el tipo de carrera.
Obligado a negociar
En el Senado, las iniciativas presentadas por Unión por la Patria también obligan a Milei a girar más fondos a las universidades. Una de ellas fija un presupuesto de 5.800 millones de pesos para este año y otra propone aumentar en forma progresiva la inversión. Buscan que la inversión pase del 0,85% del PBI actual al 1,4% en 2032.
El Presidente no puede ignorar estos planteos, porque si no son aprobados en formato de proyecto de ley, serán incorporados al Presupuesto 2025, que se debatirá desde el 15 de septiembre.
Milei tiene otro problema: por la magnitud del acuerdo opositor, las leyes podrían ser sancionadas con dos terceras partes de las cámaras, un número que impide el veto.
O sea, el Congreso está muy cerca de fijar las pautas de gasto en las universidades, al menos hasta el próximo recambio de las cámaras legislativas. El Gobierno no tiene otra opción que negociar.