Dos horas después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmara la intención de Javier Milei de nombrar en la Corte Suprema por decreto a los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el bloque Unión por la Patria mostró músculo político para complicar esa maniobra.
El jefe de la bancada, José Mayans, entregó una nota a Francos con la firma de los 33 miembros, en la que se anticipa el “inmediato rechazo de cualquier persona que acepte ser nombrada como juez o jueza de la Corte en comisión”.
La misiva señala que la Corte Suprema, por ser parte de otro poder, no puede ser incluida en el marco del artículo 99 inciso 19 de la Constitución, que permite cubrir vacantes que tengan acuerdos del Senado durante los recesos legislativos. "La designación en comisión resulta inconstitucional", señala la carta y anticipa además posibles acciones "legalmente necesarias".
En el recinto, Mayans fue claro: "La persona que acepte (ser nombrada en la Corte por decreto), vamos a pedir que sea destituida inmediatamente en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura", dijo el jefe de bancada, con Francos a pocos metros.
El formoseño incluyó en la amenaza a las dos vacantes de la Corte, a la del procurador general y a la del defensor general, cargos que requieren los dos tercios del Senado, o sea 48 votos. Como en el recinto hay 72 bancas, con 25 se puede bloquear esa mayoría. Las 33 de UP que firmaron la nota sobran para el bloqueo.
La Corte Suprema, sin DNU
En su primera ronda de respuestas, Francos había dicho que Milei evalúa nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto si no tienen acuerdo del Senado. El jefe de Gabinete aseguró que es una facultad constitucional y afirmó que hay antecedentes, en Argentina y en otros países con una carta magna similar.
Con esta advertencia de los senadores de UP, los candidatos a jueces deberían pensar dos veces antes de jurar por decreto porque luego no tendrían ninguna chance luego de ser votados en el recinto. No es lo que ocurrió con Juan Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes en 2016 fueron designados por la firma de Mauricio Macri, quien luego se echó atrás, envió sus pliegos al Senado y fueron aprobados. Esta vez, esa misma secuencia no será posible.
La nota de UP mostró además la unidad de los 33 miembros, justo cuando el Gobierno aspiraba a dividirlos y lograr acercarse a un grupo que no tenga relación con Cristina Fernández de Kirchner. El plan de Milei era que esas gestiones se realicen con Lijo y García-Mansilla como supremos, para en tal caso negociar una ampliación del máximo Tribunal que no altere el futuro de sus elegidos.
Era la forma de no dejar la Corte cerca de la acefalía, como estará desde el 1 de enero, con la salida de Juan Carlos Maqueda por su jubilación. Sólo quedarán tres jueces: Rosenkranz, Rosastti y Ricardo Lorenzetti, auspiciante del ingreso de Lijo. Los fallos deberían ser unánimes.
Sin jueces
Esta semana, además, se supo que Lijo tiene las nueve firmas para su dictamen, aunque aún no cuenta con el compromiso de UP para que sea votado en el recinto. "No tiene los dos tercios", aclaró Mayans este martes, en una breve rueda de prensa en la puerta del Senado. García-Mansilla está lejos de tener las firmas para el despacho.
El peronismo pide una candidata mujer en lugar del académico, quien no puede reunir los dos tercios por su rechazo al aborto. Piden a la exsenadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun. Por ahora esa oferta no fue considerada por Milei ni por su operador judicial, Santiago Caputo, quien quiere al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como procurador. También ese tema debe negociarlo con el peronismo, que también espera la lista de 150 candidatos a ocupar vacantes judiciales. Por ahora no llegó.