El proyecto que debate el Congreso representa un paso necesario hacia la coherencia con nuestra tradición fundacional.
El debate sobre la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que se trata en el Congreso nos obliga a debatir sobre la Argentina que queremos ser. El proyecto que elimina el tope nacional del 15% de titularidad extranjera y transfiere a las provincias la facultad de regular esas adquisiciones representa un paso necesario hacia la coherencia con nuestra tradición fundacional. Apoyarlo no es vender la patria, es dejar de fingir que esa limitación retórica nos protegió alguna vez de algo.
La Constitución Nacional no es un texto ambiguo. El Preámbulo invita a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El artículo 25 ordena fomentar la inmigración y prohíbe restringir la entrada de quienes vienen a labrar la tierra, mejorar industrias e introducir ciencias y artes. Esa no fue una frase poética: fue la política concreta que pobló la pampa, abrió el interior y convirtió a la Argentina en un destino de capitales y trabajo. El país se construyó con extranjeros que compraron, arrendaron, plantaron y se quedaron. Restringir hoy la propiedad rural a quienes no tienen pasaporte argentino contradice ese mandato fundacional con una naturalidad que debería avergonzarnos.
El paralelo con las leyes de “compre local” o “compre argentino” es perfecto. Esas normas también se visten de defensa de lo propio y de soberanía económica. En la práctica privilegian a proveedores ineficientes, encarecen el gasto público, desalientan la competencia y terminan perjudicando al mismo ciudadano al que dicen proteger. Son el mismo espíritu: el miedo al afuera disfrazado de patriotismo. Ambas políticas —la restricción a la tierra y el proteccionismo de compras públicas— niegan la evidencia de que la Argentina creció cuando se abrió y se estancó cuando se cerró. Ambas contradicen la lógica liberal-republicana que animó a Alberdi, Sarmiento y a los constituyentes de 1853.
La ley sancionada en 2011 es el ejemplo típico del progresismo vernáculo: mucha ampulosidad en el discurso y escasa efectividad en los hechos. Se presentó como un dique contra la “extranjerización” y la pérdida de soberanía. Se habló de “recursos estratégicos”, de “defensa del territorio” y de “impedir el acaparamiento”. El resultado fue un régimen de topes, registros y prohibiciones que generó burocracia, incertidumbre jurídica y, sobre todo, poca diferencia real. Todos conocemos la presencia de inversores extranjeros en distintas provincias: grandes extensiones en manos de capitales europeos, norteamericanos, árabes, chinos o de otros orígenes en la Patagonia, el NOA, el Litoral o la zona núcleo. Algunos llegaron antes de la ley; otros encontraron caminos —sociedades, fideicomisos, socios locales amigos— para operar dentro o al borde de la normativa. La ley no impidió lo que decía querer impedir; solo encareció el acceso al capital y envió una señal de desconfianza hacia quienes podían traer tecnología, financiamiento y apertura a nuevos mercados. El resultado es el peor de los mundos: ni atracción seria de inversiones productivas ni control efectivo sobre lo que ya existe.
Eliminar el límite nacional y dejar que las provincias decidan según sus realidades es reconocer el federalismo y la diversidad territorial. Una provincia con vastas superficies improductivas o con necesidad urgente de capital puede optar por reglas abiertas; otra con recursos sensibles o alta densidad de ocupación puede establecer salvaguardas. El Estado nacional conserva herramientas para intervenir cuando exista un interés legítimo de seguridad.
La verdadera amenaza a la soberanía no es el extranjero que compra tierra para producir. Es la pobreza, el despoblamiento rural, la falta de infraestructura y la incapacidad del Estado de generar condiciones para que los argentinos se queden y prosperen. Un campo vacío o subexplotado no es más soberano por estar en manos de un titular con documento local. Un campo productivo, con tecnología, empleo y exportación, fortalece al país aunque el capital tenga origen externo.
Apoyar estos cambios es recuperar el sentido común fundacional: la Argentina no es un club cerrado. Es un territorio abierto a quienes quieran trabajarlo, invertirlo y habitarlo bajo las leyes de la República. Las restricciones pomposas de 2011 no nos hicieron más dueños de nada; solo más pobres de oportunidades. Es hora de dejar atrás el teatro de la soberanía retórica y volver a la soberanía real: la que se construye con capital, trabajo y reglas claras para todos.
