El Consejo de la Magistratura aprobó citar para el 27 de septiembre a los jueces Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 8, quienes están señalados por haber ordenado investigar a profesionales de salud y funcionarios y funcionarias de la defensa pública que garantizaron la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso, y por ejercer violencia de género e institucional a través de una sentencia.
La medida se resolvió en la audiencia pública de la comisión de Acusación, en la que participaron organizaciones feministas además de consejeros y consejeras y ante la cual deberán presentarse los magistrados para ejercer su defensa.
Si bien el tema estaba en agenda desde el 16 de julio, el tratamiento en comisión se postergó en más de una ocasión. Como contó Letra P, la última fue la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Acusación y diputado del PRO, Pablo Tonelli, optó por suprimirlo del temario.
La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi, que fue impulsada por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, se sustenta en la actuación que ambos tuvieron al ordenar que se investigue a profesionales de la salud que garantizaron la interrupción legal del embarazo de una niña víctima de abuso sexual, a quienes incluso llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” en un fallo de 2020.
Además, compararon la ILE con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
La primera denuncia contra la actuación de los jueces fue de Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres, y Julieta Arosteguy, docente de Salud y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quilmes. A esas dos se sumaron la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio de judiciales Sitraju, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el fiscal César Troncoso.
Este año, los jueces volvieron a ser denunciados en el Consejo de la Magistratura por otro fallo en el que se negaron a aplicar la figura de femicidio porque el concepto de violencia de género les parece “una ideología falaz”.
