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Un fallo judicial avala un negocio millonario para la Corte

La Cámara Comercial desestimó una demanda colectiva para elevar las tasas ínfimas que se aplican sobre los depósitos judiciales. El revés de la trama.

La Sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal dictó la semana pasada un fallo de gran impacto político y, sobre todo, financiero que, sin embargo, no tuvo prácticamente repercusión pública. La medida echó por tierra una demanda colectiva de la Asociación de Defensa del Asegurado que reclamaba que el Banco Ciudad dejara de aplicar una tasa especial muy inferior a la de mercado en los plazos fijos provenientes de los depósitos judiciales, un procedimiento que en un contexto de alta inflación disminuye sensiblemente el capital retenido en esas cuentas. El gap abre las puertas a un negocio en el que también están involucrados recursos que se destinan a la Corte Suprema de Justicia.

 

Además de hacer foco en el daño económico y patrimonial, la presentación de la entidad también señalaba que el banco público porteño utiliza esos fondos para otorgar préstamos a tasas muy superiores.

 

Para tomar la decisión que rechazó la demanda, la Cámara Comercial se apartó de las recomendaciones de la Fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, quien había solicitado otorgarle la legitimación a la asociación, destacando asimismo la gravedad institucional que supone que los depósitos judiciales se deprecien por la aplicación de una tasa de interés irrisoria.

 

Estos depósitos judiciales, que se mantienen en poder de la entidad durante varios años, le permiten al banco contar con una masa gigante de dinero cautiva para prestar a sus clientes, lo que multiplica sus ganancias. Como contrapartida, los depósitos judiciales de los fueros laborales y comerciales pierden su valor de manera constante, por efecto de la inflación y de la tasa mínima que se les aplica.

 

Sin embargo, y como lo sostiene la propia entidad porteña al responder la demanda, el negocio de la tasa mínima para los depósitos judiciales está resguardado en un convenio histórico entre la Corte Suprema y el Banco Ciudad, que le permite al máximo tribunal recibir mensualmente sumas multimillonarias a expensas de los recursos de la ciudadanía sometidos a procesos judiciales. Solo en 2019, la Corte Suprema recibió 1.379 millones de pesos por parte del Banco Ciudad, que actúa como auxiliar del Poder Judicial sobre fondos que son considerados recursos específicos de la justicia.

 

Este negocio para la Corte quedó establecido en el convenio firmado entre el Banco Ciudad y el supremo tribunal en 2010 y autorizado por la Resolución 3153 de aquel año, que lleva la firma de todos los magistrados. Entre los fundamentos que plantea el máximo tribunal para la firma del convenio, figura la ley de Autarquía Judicial 23.853, pese a que esa norma en ningún momento autoriza a capturar recursos del banco público porteño con destino a la Corte, en afectación directa a quienes tienen causas en el Poder Judicial de la Nación.

 

El fallo considera que no hay una relación de consumo porque los fondos depositados son de titularidad de los juzgados intervinientes, no siendo por lo tanto asimilables a los plazos fijos comerciales.

 

Un caso similar ocurría con la Corte Suprema bonaerense y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero en 2019 tuvo un desenlace distinto. Buscando defender los intereses de la ciudadanía que por uno u otro motivo tienen fondos a resguardo de la justicia, el máximo tribunal provincial resolvió en diciembre de aquel año ordenar el cese de esa práctica, al considerar que se trataba de una "posición abusiva del Banco Provincia de Buenos Aires" al referirse al mismo mecanismo al que apela hoy el Banco Ciudad para definir una tasa de interés irrisoria.

 

En aquel acuerdo, la Corte bonaerense sostuvo que "no sería razonable exigir al agente financiero actos altruistas o tan siquiera un apartamiento de la ecuación económica que le acuerda rentabilidad a su negocio, pero una cosa es admitir la razonabilidad de esta y otra muy distinta permitir que se aproveche de la situación excluyente que ejerce sobre los depósitos para obtener utilidades varias veces superiores a las que podría obtener de cualquier otro cliente".

 

Con el fallo de la semana pasada, la Sala D termina defendiendo un negocio que afecta a los intereses de su propio fuero a la vez que jaquea la posibilidad de que asociaciones puedan actuar en el marco del régimen general de causas colectivas.

 

El siguiente movimiento de la parte demandante será una segura apelación ante la Corte Suprema, que deberá resolver sobre un caso que involucra la posibilidad de perder ingresos millonarios. Nunca estará más clara la aplicación de la frase "juez y parte".

 

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