El ministro de Economía, Sergio Massa, deberá alternar su agenda internacional con la doméstica, donde se entrecruzan beneficios para las inversiones extranjeras con los reclamos de las entidades productivas del país, que le exigen un menú que incluya soluciones para los problemas que enfrentan por el cepo a las importaciones de insumos y bienes de capital. Argumentan el encarecimiento del financiamiento ante la suba de tasas y por la caída de la producción junto al consumo que se inició en el segundo semestre. Estas preocupaciones locales comenzaron a ser planteadas de manera directa al superministro, al punto de generar una unidad empresarial y sindical.
Hubo una primera cita: Massa visitó desde las 13 de este jueves y hasta pasadas las 16.30 al comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde escuchó los planteos de las fábricas más poderosas del país. El primer punto fue la política energética para las inversiones en Vaca Muerta, que estaba agendado desde el día de la Industria, e iba a ser planteado ante el presidente Alberto Fernández, pero el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner obligó a posponer por unos días la presentación.
Los industriales querían obtener detalles de las promesas que tanto el tigrense, hace poco más de una semana, como el jefe de Estado este martes, ambos en Houston, le hicieron a las petroleras de capitales internacionales: reglas claras y garantías de no modificar la carga tributaria para los nuevos emprendimientos ligados con el desarrollo de la actividad gasífera y su licuefacción para la exportación. El ministro prometió “certidumbre” para el sector y adelantó que profundizará el esquema de gasoductos y reversiones para utilizar el saldo exportable.
Según pudo reconstruir Letra P, Massa escuchó el planteo inicial de los industriales a partir de un informe que le presentó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Luego, tomó la palabra y no la dejó hasta después de pasada una hora. “Vino con mucho conocimiento y datos precisos”, admitió uno de los que participó del cónclave con el superministro. Acompañado por el secretario y también empresario, José Ignacio de Mendiguren, y la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, el superministro les advirtió a los empresarios que deberán justificar con sostenibilidad de sus negocios los beneficios que reciben desde el Estado.
Sorprendidos, los dueños de las fábricas más poderosas del país escucharon de boca del jefe del Palacio de Hacienda una estadística que generó sobresaltos: las importaciones que se financiaron a 180 días bajo el esquema de SIMI B están compuestas en un 70% por productos terminados, y solamente el 30% restante corresponden a insumos para la producción. Lo que implica que el mes próximo, el Gobierno deberá liberar dólares para pagarlas, sin que resulte necesariamente beneficiada la industria. “Estamos poniendo las cosas en orden”, afirmó Massa, en una crítica velada hacia la gestión del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
Según anticipó el exintendente de Tigre, “en los últimos días se aprobaron entre 50 y 100 millones de dólares en SIMI para industria”. Y les adelantó que está avanzado un programa para atar la aprobación de importaciones con fechas de pago, de modo de alinear la decisión política del gobierno con el acceso a los dólares determinado por el Banco Central. Pero les aclaró que habrá un sistema que cruzará los datos del pedido con los números productivos de la empresa reclamante.
El Palacio de Hacienda detectaron que hubo empresas que pidieron importaciones por el triple de su facturación. “O están stockeando, y de ese modo sacándole posibilidades a otras empresas, o están produciendo de manera informal”, se quejó Massa ante los industriales. Por eso les pidió un “compromiso colectivo hacia el futuro”. En ese mismo sentido, dijo que el financiamiento subsidiado se unificará en una sola línea de crédito, en mano de los bancos públicos, y que contará con el mismo scoring productivo.
A medida que había planteos sectoriales, durante la charla, Massa apelaba a sus apuntes y contraatacaba con reproches. Uno de ellos, el principal, por los aumentos de sus productos por encima de la inflación, lo que desactivó algunos reclamos. Sin embargo, la UIA le dejó en un paper confeccionado exclusivamente para el ministro otros pedidos de urgente resolución. También quedó sobre la mesa el conflicto de los insumos difundidos, con firmas que mantienen concentrado el poder de venta y que trabajan por encima de los costos internacionales. “Nuestra economía no es de oferta y demanda, sino de demanda y oferta. Entonces pongo precio que quiero, si es que necesitan comprarme”, se quejó Massa, con el consentimiento de los industriales, que aclararon que ese sector no es formador de precios, al sostener que un traslado fuerte a los valores finales generará una caída del consumo, que en la actualidad ya se verifica por su impacto en la caída de la actividad.
