El gobernador de Santa Fe Omar Perotti y su ministro de Economía, Walter Agosto, detallaron este viernes los pormenores del acuerdo para regularizar la deuda histórica por una detracción incorrecta de fondos de la coparticipación federal. Según anticiparon, cada una de las carteras tiene proyectos para empezar a ejecutar y hay prioridades en carpeta que aún no fueron definidas. Además, destacaron que una parte de los recursos será destinado particularmente a las zonas donde el mapa del delito es más caliente, como la capital provincial y Rosario.
Antes de darle lugar al ministro, el mandatario historizó el reclamo de la deuda y reivindicó la labor de Jorge Obeid, quien comenzó el reclamo administrativo ante el gobierno nacional del expresidente Néstor Kirchner y “quizás no hay una foto o un video de ese momento”. Aunque también destacó “la tarea de largo plazo de varios gobernadores, de distinto signo político”. Sobre las críticas respecto a la demora en la concreción del acuerdo, sentenció: "La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido hubiese sido una actualización inferior en 60 mil millones. La defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe estuvieron resguardados, se esperó y se trabajó".
Al desmenuzar el acuerdo, Agosto informó que el monto de la deuda deriva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “determinó que el mecanismo de ajuste tenía que estar dado por la tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina”. En ese sentido, recordó que el mecanismo de actualización de la deuda fue establecido por la Corte y no por las partes.
El monto, que a fines de noviembre del año pasado era de 132.630 millones, fue ajustado al 31 de mayo con el coeficiente establecido en el fallo. De esta manera, el total de la deuda es de 160.959 millones de pesos. Sin embargo, el ministro explicó que “a ese monto se le descuentan el bono que la provincia aceptó del gobierno nacional en el marco del consenso fiscal suscripto entre la Nación y Santa Fe en el año 2017. Los recursos que percibió la provincia son del orden de los 9.085 millones de pesos”.
Además, el titular de Economía precisó que “la cartera de instrumentos incluye títulos públicos y letras del tesoro nacional” y que “todos los instrumentos contienen cláusula de ajuste asegurando que el capital no se desprecie por efecto de la inflación”. También resaltó que “todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado”.
“Todos los bonos tienen distintos vencimientos. Algunos de ellos llegan al año 2031. Pero a no confundirse, el flujo de fondos que generan estos bonos es lo que realmente determina la vida promedio de esta cartera de instrumentos y este es de 3,5 años promedio”, explicó.
En los primeros dos años Santa Fe cobrará 50 mil millones de pesos, es decir que en el 20% del tiempo va a comprar 34% de la deuda. A 91 municipios y comunas se les va a detraer los anticipos que el gobierno provincial realizó a cuenta de la deuda para la realización de obras públicas. Por decisión de Perotti, recibirán los títulos y el flujo de fondos en las mismas condiciones que la provincia.
Agosto expuso que “todos los instrumentos se ajustan por SER y aseguran el mantenimiento de su capital”. “Todos son transferibles, aunque la lógica de la provincia no es vender los bonos sino cobrar el flujo de los bonos. Veo que hay muchos que están preocupados por la cotización, no es la preocupación de la provincia porque no necesita salir a venderlos”, amplió.
Sobre el destino de estos fondos, el ministro adelantó que estará vinculado a problemáticas que se plantearon en leyes de presupuesto anteriores y en la vigente. “La idea es que todos estos recursos tienen que estar orientados a financiar gastos de capital, inversión real directa o equipamiento o bien puede destinarse a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para ser gasto de capital”, declaró.
El gobernador anticipó que buscarán mejorar las condiciones de hábitat en Rosario y Santa Fe, “las zonas más violentas”. El objetivo es “acelerar los tiempos en las mejoras de infraestructura”. “Todos son conscientes de que la política de seguridad tiene una parte en el equipamiento, la tecnología, mejora de infraestructura penitenciaria y otra parte en la generación de oportunidades y mejora de condiciones de vida”, argumentó.
Al ser consultado por qué no se decidirá el destino de los fondos en la Legislatura, un reclamo realizado por el arco opositor en conjunto en una actividad que contó Letra P, Perotti dijo que “el Poder ejecutivo tiene todas las atribuciones para llevar adelante el acuerdo de ejecución de sentencia”.
