Con normalidad, se realizó este domingo el referéndum popular en Uruguay que amenaza el plan de gobierno de Luis Lacalle Pou y el buque insignia de su administración: la Ley de Urgente Consideración (LUC). El resultado del voto popular marcará el futuro político del país de cara a las elecciones ejecutivas de 2024. La oposición, nucleada en las centrales sindicales y el Frente Amplio (FA), buscará derogar 135 artículos de la LUC.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
Tras conseguir firmas, que equivalen al 25% del padrón electoral, la oposición consiguió habilitar el referéndum que se desarrollaba este domingo en el país vecino y que busca establecer los cambios más importantes para modificar el marco jurídico y legal del legado progresista de los 15 años de gobierno frenteamplista entre 2005 y 2020. El voto por el “Sí” (papeleta rosa) es un voto a favor de la eliminación de los 135 artículos. El voto por el “No” (boleta celeste) señala el deseo de mantener la ley sin cambios. Pese a que no es una elección que pone en juego cargos públicos, el escenario cuenta con una fuerte polarización.
Durante la jornada no se registraron graves incidentes y el director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, destacó que “en todo el país” la jornada se desarrolló "con total normalidad”. “En todo el país se viene desarrollando con total normalidad el proceso eleccionario. La civilidad del pueblo uruguayo nuevamente de manifiesto", afirmó a través de las redes sociales. Por su parte, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, detalló que hasta las 12 había votado el 36% del padrón electoral.
En este contexto, Lacalle Pou enfrenta el desafío más importante desde que llegó al poder porque sus promesas más fuertes de la campaña y sus banderas más importantes podrían ser eliminadas del escenario nacional a través del voto popular, el cual lo llevó al Palacio Estévez. "Esta ley tiene un gran porcentaje de artículos votados por todos”, recordó el jefe de Estado cuando votó en el departamento de Canelones. Asimismo, dijo que está dispuesto a conversar con la oposición porque “el diálogo siempre estuvo abierto”.
El llamado al diálogo es uno de los puntos que demanda la oposición al criticar la implementación de la ley. La LUC es una potestad del Poder Ejecutivo uruguayo por el cual envía un proyecto de ley al Congreso que, si en 90 días no es rechazada por su pleno, entra en vigor automáticamente. Diferentes gobiernos han recurrido a este mecanismo a lo largo de la historia democrática, pero de la maniobra de Lacalle Pou se denuncia haberlo hecho en plena pandemia de covid-19, cuando el país sufría medidas de restricción social.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que la oposición “siempre va a estar dispuesta al diálogo”, pero demandó alcanzar consensos. “No se puede legislar con herramientas de este tipo porque son de poca calidad democrática”, criticó. José Mujica ejerció su derecho al voto muy temprano y apuntó contra Lacalle Pou al afirmar que “es la primera vez que un presidente se mete en campaña electoral”.
En un primer momento la LUC del oficialismo contaba con 501 artículos, pero durante su tratamiento legislativo fueron eliminados 25 y se modificaron cerca de 300. Finalmente, este domingo la población podrá legislar sobre un total de 135 disposiciones, entre las que se encuentran normativas relacionadas con las empresas públicas del Estado, delitos penales y el accionar de la Policía, la creación de una nueva medición del precio de los combustibles y normas sobre el sistema educativo, entre otras.
Cuando se conozcan los resultados oficiales, ganará la opción que conquiste la mitad más de uno de los votos. Si lo hace el Sí el marco legal y legislativo del país se retrotraerá hasta julio de 2020, el momento en que la ley fue aprobada por el Congreso, y el Gobierno sufrirá un duro golpe. Si lo hace el No Lacalle Pou habrá logrado una ratificación de su administración, un respaldo popular en la mitad de su mandato y la posibilidad de relanzar su gestión luego de dos años marcados por la pandemia y la campaña electoral.
