Como si fuera una ofensiva preventiva, planificada para evitar nuevos incrementos en las retenciones a los granos, las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace pusieron en marcha este miércoles un despliegue de lobby con casi todos los bloques del arco opositor. Los dirigentes empresarios plantearon la urgencia de que se constituya la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, para iniciar una extensa pelea legislativa: conseguir la anulación del decreto 131/2022, que firmó el presidente Alberto Fernández este sábado, para aumentar en dos puntos los derechos de exportación de aceite y harina de soja y en un punto al biodiesel.
La apuesta de las entidades agrarias tiene dos frentes. Uno, el judicial, se sustenta en los amparos que ya presentaron en localidades de la zona núcleo, como las cordobesas Río Cuarto y Jesús María. En los últimos días se multiplicaron las versiones sobre un amparo favorable que declare la imposibilidad del Poder Ejecutivo de cambiar el esquema de retenciones. Para aumentarlas requiere una nueva ley, pero la Mesa de Enlace considera que la Casa Rosada ni siquiera puede tocar los dos puntos que le permite la ley vigente, porque las facultades que le delega el Congreso al Ejecutivo para hacerlo se cayeron en diciembre, cuando fracasó el tratamiento del Presupuesto 2022, donde contenía la renovación de esa delegación.
El planteo jurídico tiene por delante un obstáculo anticipado. El 24 de febrero, la Corte Suprema consideró que la vía del amparo no es el recurso correcto para impugnar la aplicación de las retenciones. Fue impulsado por la multinacional Cargill. El revés aumenta las dudas sobre las posibilidades de que la vía judicial prospere y reconduce el debate al Congreso.
Con esos antecedentes judiciales, el frente legislativo tiene un disparador político que apunta a aglutinar a todo el arco opositor: el naufragio del Presupuesto 2022 en diciembre, que juntó a JxC con aliados esquivos del Gobierno, como el lavagnismo. Tanto en las agrupaciones empresariales como en buena parte de los bloques opositores no pierden de vista que en diciembre pudieron juntar los votos para dejar al Gobierno sin texto presupuestario para este año. Sobre ese punto trabajaron los representantes agroempresarios con los bloques que los recibieron en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, para invalidar los decretos, la bicameral de Trámite Legislativo debería constituirse y dictaminar en contra de esos instrumentos. Luego, deberían ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso, una instancia que considerada improbable.
Las audiencias
Los enviados de la Mesa de Enlace se encontraron con las autoridades parlamentarias de los bloques de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal, Provincias Unidas y los dos monobloques de la ultraderecha: Avanza Libertad, que lidera José Luis Espert y la Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei.
Según pudo reconstruir este medio, el diputado ultraliberal desempolvó parte de su discurso de campaña. Los alentó a que corten la ruta, aunque los socios de su fuerza, como el legislador porteño Ramiro Marra, plantea la penalización de esas medidas. Milei les propuso eliminar las retenciones y liberar el tipo de cambio, dos medidas que según el diputado son posibles con la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central.
Espert fue un poco más concreto. Junto a Carolina Píparo les planteó su apoyo a un eventual intento opositor para voltear los decretos que aumentaron las retenciones. "La oposición se unió para rechazar el Presupuesto 2022, no podemos descartar que se una para rechazar este DNU", dijo el economista.
En la reunión con JxC levantaron el mismo guante. "Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria", vendió Mario Negri, jefe del bloque de la UCR.
Su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, repasó sus coincidencias con los planteos de los empresarios agroexportadores. "Nosotros creemos que estas últimas medidas son ilegales y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo", se preguntó el diputado y contestó: "Sí, puede, en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado".
Cristian Ritondo, jefe de bancada macrista, recordó que la bicameral "debería funcionar desde el 11 de diciembre". "Creemos que hay cuestiones, como la de las retenciones, que deben ser tratadas por el Congreso y no legisladas por decreto", lanzó el exministro de Seguridad vidalista.
En el encuentro con el Interbloque Federal, que encabeza Alejandro "Topo" Rodríguez, los tres bloques que lo integran comunicaron su rechazo a "cualquier tipo de nuevo impuesto o tributo". También plantearon que el decreto es inconstitucional e insistieron en "su profunda preocupación por el fracaso de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná". En el bloque resaltaron que ese punto es clave, porque "sin que el Gobierno brinde certezas respecto de cómo se resolverá la cuestión en el futuro", el naufragio de la licitación "significa un daño enorme a la previsibilidad que requieren la producción y la exportación del complejo agroindustrial argentino, por tratarse de la principal vía de salida de nuestras exportaciones al mundo", sostuvo el comunicado firmado por los bloques Córdoba Federal, Identidad Bonaerense y Socialista. Durante el diálogo, el titular del bloque cordobesista, Carlos Gutiérrez les contó a los ruralistas que presentará un proyecto de ley "para reducir a cero las retenciones en un plazo de seis años e incorporándolo a cuenta del Impuesto a las Ganancias".
También hubo una reunión con el interbloque Provincias Unidas, que reúne a los bloques de Juntos Somos Río Negro y del Frente de la Concordia Misionero, habló Luis Di Giácomo. "Sabemos que todo el complejo (agroindustrial) tiene contradicciones dentro de si mismo, pero creemos que tenemos que defender a aquellos que de alguna manera terminan aportando la cuota más importante que hace a la posibilidad del desarrollo en la Argentina", indicó el diputado.
El grupo de lobby legislativo contó con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, su vice Elvio Guía; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, entre otros.
