El 1 de septiembre de 2022, un hombre le gatilló dos veces en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese día, hablar de violencia política en la Argentina no es igual. El atentado contra la vicepresidenta es el hecho más grave que registran los 40 últimos años de democracia y el dato es significativo: la atacada fue una mujer. La violencia política por razones de género tiene distintas modalidades y atraviesa partidos y organizaciones: un informe de 2022 revela que siete de cada diez mujeres y personas de la diversidad sufrieron ataques y que la mayoría ocurrió dentro de sus espacios.
“Estuve expuesta a comentarios misóginos, he encontrado compañeros viendo pornografía en mi computadora, han hecho pis con la puerta abierta del baño”. “Las chicanas, amenazas, desprestigio, indicarme con quién puedo juntarme o no en mi vida privada, tener que esforzarme más por mi condición de mujer... todas estas cosas me desestabilizan constantemente”. “Más que nada, la violencia que registro es la del silenciamiento, el tema de no hablar cuando no corresponde o esto de tu palabra no tiene el mismo valor, aunque si un varón dice lo mismo. sí”. “Recibí intimidación y amenazas por parte de otro militante de la organización cuando aplicaba el protocolo interno ante casos de violencia de género por otro militante”. “Persecución en los medios, gritos, descalificación, tratarme de loca y mentirosa, apartarme o dejarme sola, no hablarme, amenazas, que la sociedad me vea mal y ridícula, hostigamiento constante en redes, en los medios, en el recinto, acelerar enfermedades de base”. “La participación sindical para nosotras todavía está muy limitada, aun en los sindicatos que representan trabajadores del Estado. Tuve que renunciar a ser delegada por las presiones que recibí.”
Estos testimonios son sólo algunos de los cientos que recabaron Laura Salomé Canteros, Agustina Druetta, Yamila Picasso, Florencia Salek y Florencia Videla Bavio para el relevamiento “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la Violencia Política en Argentina”, publicado en junio de este año por el Proyecto Generar.
Las entrevistas ilustran la evidencia: esta encuesta de carácter federal fue realizada a 1.500 mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias de 15 a 75 años con un promedio de 12 años de activismo, militancia y/o participación política. Uno de los principales resultados de este estudio revela que siete de cada diez las personas encuestadas sufrió o sufre violencia política.
A la consulta sobre dónde se produce este tipo de violencia, la mayoría respondió que ocurre en el espacio de militancia, en el lugar donde desarrolla su función, en redes sociales o portales digitales, en actividades públicas, en medios de comunicación y en los recintos parlamentarios.
La mayoría (92%) refirió, también, que la violencia política fue o es ejercida por parte de un varón. En relación con el rol de esa persona, el 59% respondió “un militante del propio espacio político u organización”; el (54%), “un responsable del propio espacio político u organización”, seguido por el (36%) "un militante o responsable de otro espacio u organización política".
Naturalización y reacción
Recién en 2019, la Argentina incorporó este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y todavía hoy sigue siendo minimizada en la mayor parte de los ámbitos, aun a pesar de la claridad con la que aparece no sólo en los testimonios sino como acelerante, por ejemplo, en el atentado contra la vicepresidenta.
Cristina lo había descripto así en su libro Sinceramente: “La condición de mujer siempre fue un agravante. Así como en un homicidio la condición de familiar es un agravante, en un proceso nacional, popular y democrático, la condición de mujer es sumamente agravante. Casi tanto como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a condiciones de poder, cuestionando la forma en que funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido, porque el poder es cosa de hombres”.
En estos días en los que el tema está presente en las agendas mediáticas –además del Mundial- por la efeméride del 25 de este mes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicepresidenta retuiteó un video de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en el que pide que no se borren del diario de sesiones del Congreso los insultos de la bancada de Vox. "Que todo el mundo las pueda recordar y se sepa que las feministas y demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos", sostuvo la española durante una sesión en la que se discutía el presupuesto de su ministerio.
La violencia política por razones de género aparece en escena como una reacción a la mayor participación de las mujeres y las personas lgbttiq en la vida pública. Lejos de desaparecer, aumenta aceleradamente y no se trata de un problema local. Los ataques y las amenazas provocan, muchas veces, el repliegue de las mujeres de los espacios de militancia y de las redes sociales y, por lo general, el espiral de violencia aumenta cuando las víctimas deciden denunciar o hacer público el hostigamiento, lo que convierte el problema en un laberinto sin salida: permanecer y aguantar o denunciar y dejar el espacio.
La naturalización de este tipo de violencia es la mayor barrera para su erradicación y, sin erradicación, no hay igualdad, con el consecuente daño para la democracia.
