Réquiem para la libertad de expresión

El autor analiza el bloqueo de los gigantes de la comunicación sobre medios rusos y llama la atención sobre las derivaciones de una censura a cielo abierto.

La guerra entre la Federación Rusa y la OTAN, de imprevisible final todavía, ya ha producido cambios que el desarrollo futuro de los acontecimientos indicará si son de carácter coyuntural o transformaciones estructurales.

 

La inflación global por el aumento del precio de los alimentos, la provisión energética, particularmente el gas, vital para el invierno europeo, y la por ahora más soslayada aplicación de la censura previa a cielo abierto, parecen ser las primeras consecuencias más trascendentes. Esta última es quizá la menos esperada, pero más inesperado es el silencio ensordecedor de la comunidad jurídica internacional y su correlato vernáculo.

 

Un lugar común del periodismo dice que “el primer asesinato en una guerra es a la verdad”. En tiempos de la posverdad deberíamos decir que “la mentira es una de las armas principales en una guerra” y que la “eliminación física del enemigo incluye el silenciamiento de sus medios de expresión”.

 

El 1 de marzo último los 27 países integrantes de la Unión Europea (UE) decidieron prohibir los contenidos multimedia de la agencia Sputnik, así como la difusión en inglés, alemán, francés y español de Russia Today (RT) en las redes de televisión y en internet dentro de su territorio. "Vamos a prohibir la máquina mediática del Kremlin", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Vaya si lo hicieron…

 

Todos los gigantes globales de las comunicaciones digitales adhirieron inmediatamente a la decisión/solicitud de la UE para dar de baja los contenidos públicos rusos. Megacorporaciones como Facebook, Google, Amazon, AT&T, Disney, Turner y Netflix, entre otras. Todas se refugiaron en el argumento de la “excepcionalidad” de la situación. Ninguno reconoció la identificación absoluta con los intereses económicos y políticos de los países occidentales enfrentados con la Federación Rusa.

 

No deja de sorprender la naturalidad con que el mundo autopercibido como civilizado ha aceptado sin más la censura previa y total exigida por un organismo supranacional como la Unión Europea y aplicada a rajatabla por las gigantes plataformas globales.

 

Por supuesto, en nuestro país la indiferencia ante la gravedad inusitada de la acción política no debería sorprender a nadie. El poder mediático hiperconcentrado ha dado muestras sobradas de no respetar derechos de ninguna índole a la hora de imponer sus intereses particulares ni los más generales del bloque dominante que integran. Además, aunque suelen responsabilizar a las redes sociales de las noticias falsas y las campañas de desinformación, la más de las veces los medios profesionales suelen ser aliados, complementarios y hasta incitadores de esas vulneraciones al derecho a la comunicación.

 

Esta decisión de la UE de condenar sin atenuantes a la Federación Rusa y pretender legitimar así la aplicación del silenciamiento sobre sus medios públicos de comunicación excede largamente las simpatías o enemistades que se puedan tener respecto del gobierno de Vladimir Putin.

 

Empoderar aún más a los Zukerberg, Bezos, Musk y la retahíla de nuevos magnates de las comunicaciones digitales es un arma de doble filo, un búmeran, que más temprano que tarde se les puede volver en contra a los inquisidores del siglo XXI. Sin ir más lejos, le red del pajarito, Twitter, se dio el gusto de bajar la cuenta del entonces presidente de los EEUU Donald Trump.

 

Por aquello de "si se puede lo más, se puede lo menos", ¿qué nos queda a los estados periféricos y dependientes, y qué a sus desprotegidas ciudadanías?

 

Aquí la cuestión trascendente que conviene destacar es que la anulación de canales de expresión de la Federación Rusa de su posicionamiento respecto del conflicto fundamentalmente priva a los públicos europeos y de otras latitudes del mundo del acceso a la pluralidad de fuentes para ejercer su derecho humano a la comunicación. El silencio impuesto afecta menos a los planes de Putin que a la ciudadanía europea que cuenta con un solo relato de los acontecimientos y por ello sus posiciones políticas son presas más factibles de sufrir manipulación.

 

¿Cómo evitarán los estados nacionales que estas poderosísimas plataformas intervengan en sus asuntos internos por acción u omisión? ¿Qué pasará si una o más plataformas deciden que no es conveniente que una fuerza política legal y legítima utilice esas redes para distribuir sus contenidos de campaña? ¿Podrán suprimir así en un futuro no muy lejano candidaturas de la competencia electoral, reemplazando en los hechos a las autoridades electorales nacionales y a la propia voluntad popular?

 

Todos interrogantes que hoy pueden sonar apocalípticos, pesimistas e incluso tremendistas. Adelantarse a escenarios factibles en un futuro cercano es lo que permite afrontarlos de mejor manera. Por más que se trate de una regulación difícil, que afecta a todos los estados nacionales, la imaginación política tiene un desafío insoslayable si se pretende recuperar algo de los márgenes de soberanía perdidos.

 

Mientras tanto, a pesar de que aún no se ha extendido el acta de defunción de la libertad de expresión en Occidente, al menos tal cual la conocimos, vaya este réquiem como llamado de atención.

 

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