30|1|2023

Tecnología 5G: panacea del consumo y la democracia, desafío para el Estado

Con delay, la Argentina amaga con subirse a la nueva generación de conectividad móvil. Intereses económicos, geopolíticos y retos para la soberanía digital.

Desde hace varios años, la sociedad occidental viene siendo embelesada por campañas en medios de comunicación que aseguran que todo futuro imaginado tiene una sigla: 5G. Esa es la contraseña para una mejor experiencia de consumo centralizada en smartphones y apps. Descargas que no se interrumpen, escroleos que no se detienen, videos que no se cortan, páginas que no frenan su carga. Paralelamente, se suceden las noticias, sobre todo provenientes de la Unión Europea, que muestran cómo avanzan simultáneamente las licitaciones de espectro y el conflicto geopolítico que supone la estrategia de Estados Unidos por controlar el avance de la china Huawei sobre el nuevo mercado. Una pelea que esconde la posibilidad de monopolizar las normas del desarrollo de la infraestructura, y reducir riesgos y vulnerabilidades de seguridad nacional.

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

Una vez más, las migraciones tecnológicas se visten con atributos democráticos, tan extraordinarios como sospechosos, solo para definir escenarios económicos. En ese sentido opera la denominada “Declaración para el futuro de Internet” impulsada por Estados Unidos, a la que nuestro país adhirió en abril pasado y que sostiene “la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, una Internet global de acceso inclusivo y asequible, la confianza en el ecosistema digital y la Gobernanza de Internet por las partes interesadas”, entre otras bondades orientadas a detener el avance chino.

 

En Argentina, las últimas semanas arrojaron hitos concretos sobre el posible avance del 5G, que desperezaron al mercado local. En primer lugar, la limpieza de la banda de 3,5 MHz, largamente reclamada por el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec). Esta acción, confirmada hace unas semanas por Gustavo López, vicepresidente de Enacom, es clave para la futura licitación de 5G, en tanto se trata de la banda de espectro adoptada mayormente a nivel global.

 

Además, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, aseguró en la Conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que en el país “se están dando los pasos para la futura licitación de 5G”, dejando entrever que podría llevarse a cabo el año próximo.

 

Para comprender en qué contexto se inscriben estos avances que agita el Gobierno, hay que mirar tres elementos fundamentales. En primer lugar, el nivel y calidad de cobertura actual. Un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) difundido en enero de este año explicó que el 80,2% de la población argentina tiene acceso a internet, al considerar tanto los accesos fijos como los móviles. A su vez, indicó el informe, existen "serias dificultades en la calidad de los servicios prestados por las operadoras y también preocupa el atraso de la región en materia de competitividad digital".

 

En segundo lugar, las características del mercado. Hoy el país cuenta con tres grandes operadores que prestan conectividad móvil: Personal, Claro y Movistar. En la actualidad, Claro (América Móvil) detenta el 39% del mercado de móviles, seguido por Personal (Telecom-Cablevisión), con el 31%, y Movistar (Telefónica), con el 29%, según la Cámara Argentina de Internet (Cabase). El posible ingreso de un cuarto operador contribuiría seguramente con una mayor competencia que podría redundar en precios más accesibles. El precio de las conexiones convergentes, (Internet, teléfono fijo y teléfono móvil 4G) es, por ejemplo, en España, de los más bajos de Europa. Eso se debe, en parte, a la intensa “guerra comercial” que libran los tres grandes operadores (Vodafone, Movistar y Orange) con red móvil propia, con sus marcas propias y secundarias.

 

En tercer lugar, los precios y su regulación. La reposición del judicializado decreto 690/20 que le garantizaba al Estado la potestad de intervenir en la regulación de los precios de los servicios como los de telefonía móvil resulta central. No hay posibilidades de que el servicio de telefonía móvil y los que en general son prestados en formato paquete de servicios resulten accesibles si el Estado no puede intervenir en la definición de precios.

 

Los tres elementos requieren de un accionar estatal concreto. En el primero, obligando a las empresas a ampliar y garantizar la cobertura y, paralelamente, monitoreando la prestación del servicio. En el segundo, desconcentrando y/o asegurando un escenario competitivo en todo el territorio nacional. Y, en relación al tercero, ejerciendo un férreo control sobre la definición de precios que no consagren un servicio oneroso y excluyente.

 

Más allá de las particularidades señaladas, los especialistas coinciden en que el futuro desarrollo de 5G traerá un crecimiento exponencial de los datos personales. En Argentina, demandará trabajar en un marco normativo que garantice la soberanía en la definición de la tecnología a adoptar y que a su vez promueva su acceso. Y, además, que permita intervenir en la definición de los precios para que su costo no excluya a la ciudadanía.