El rol del gobierno argentino de Mauricio Macri durante el golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019 generó una importante polémica desde el primer momento, principalmente por su rechazo a calificarlo como una ruptura del orden constitucional. Ahora, con la acusación de haberle entregado “munición letal” al régimen de facto de Jeanine Áñez hecha por el canciller boliviano, Rogelio Mayta, la polémica deja de ser discursiva y baja al terreno de las prácticas violentas de la dictadura vecina.
En base a una carta dirigida al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez García, con fecha del 13 de noviembre de 2019 y firmada por el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, el gobierno de Luis Arce Catacora denunció que Macri envió “40 mil cartuchos”, gases lacrimógenos y equipamiento para que “se ejecute la represión policial y militar”. De esta manera, es la primera vez que se prueba un vínculo directo de la administración amarilla con el gobierno de facto, una relación que, de todas formas, no sorprende por sus antecedentes.
Luego de la “renuncia” -coaccionada y obligada- de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 desde el Chapare, la Cancillería argentina emitió un comunicado donde enfatizó “la importancia de encaminar este período de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución”. Extraña vía institucional la que permite un amotinamiento policial, el secuestro de familiares de las principales figuras del partido de gobierno (MAS, en este caso) y una “sugerencia” de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, como la que realizó el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
En 2019, la administración de Macri rompió la tradición diplomática argentina de denunciar a los regímenes dictatoriales y la violación de los derechos humanos, dos hechos que en Bolivia se desarrollaban a plena luz del día. Lo hizo en base al discurso de la dictadura que sostenía que en los comicios de octubre de 2019 Morales había ganado con “fraude” -denuncia que nunca fue probada- y que las Fuerzas Armadas bolivianas, en base al artículo 20 de su Ley Orgánica, tienen el poder de “sugerir” acciones ante el Poder Ejecutivo; algo que, de todas maneras, queda supeditado al artículo 244 de la Constitución, que les adjudica un rol “esencialmente obediente”. El apoyo retórico que comenzó hace dos años ahora se confirmó que también fue práctico.
Con la denuncia hecha toma relevancia la fecha de la carta. El 13 de noviembre, el comandante general Lara Terceros le agradeció a Álvarez García “la colaboración prestada debido a la situación conflictiva” que vivía Bolivia. Dos días antes, Evo Morales llegaba a México y el día previo, Añez asumía ante un Senado sin cuórum ni votos.
La investigación judicial deberá determinar si la burocracia militar-diplomática fue llamativamente veloz para pedir soporte militar, aceptarlo y enviarlo en 24 horas o si existieron contactos previos entre los comandos castrenses y Buenos Aires. Además, ¿con qué objetivo pidió ayuda militar el gobierno de facto apenas asumido?
El escenario empeora si se tiene en cuenta que el 15 de noviembre se produjo la Masacre de Sacaba en Cochabamba y el 19, la Masacre de Senkata en El Alto, dos represiones militares que dejaron un saldo de casi 30 muertos y, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “crímenes de lesa humanidad”. ¿Se utilizó el material enviado por Argentina en estos dos hechos trágicos de la historia del país vecino? Deberá determinarlo la justicia.
Las primeras justificaciones de integrantes dle gobierno macrista no ayudaron a dilucidar lo que ocurrió en aquel noviembre. Por un lado, el canciller de entonces, Jorge Faurie, en declaraciones periodísticas se desligó de cualquier responsabilidad: “No puedo decir si hubo intercambio de material porque no tengo idea”, dijo. ¿El máximo encargado de las relaciones internacionales de la Argentina no tenía conocimiento del intercambio con un país vecino que atravesaba una de sus peores crisis políticas?
Faurie asegura que no y que debe la exministra de Seguridad Patricia Bullrich debería dar explicaciones. “Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana”, dijo Bullrich en sus redes sociales y aseguró que su gobierno “hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández”.
Por su parte, el actual ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, difundió un documento oficial donde se confirmaría que el 13 de noviembre, en La Paz, un avión Hércules C-130 argentino descargó “personal de Gendarmería y su carga”. ¿Ese era el material de la discordia? ¿Quién dio la orden? Preguntas que aún esperan respuestas.
Como condimento extra al combo, se encuentra la salida del propio Morales de Bolivia el 11 de noviembre, primero a México y luego a Buenos Aires. El líder del MAS denuncia desde entonces que la comunidad internacional lo abandonó en la selva del Chapare a pesar de la intención que existía de asesinarlo. En su libro Volveremos y seremos millones, relata aquellas horas y recuerda que Alberto Fernández, entonces presidente electo sin capacidad de mando, fue el político que más lo llamó por teléfono y el encargado de organizar su salida. “Me salvó la vida”, ha dicho en reiteradas oportunidades. ¿Cuál fue el rol de Macri entonces? No está confirmado, pero la denuncia lo deja en un espacio que la política exterior nacional siempre ha querido evitar: como mínimo, el de un acercamiento a un golpe; de máxima, el de la complicidad.
Si la justicia reafirma la denuncia hecha por Bolivia, se confirmará que lo que comenzó como un apoyo político y discursivo del gobierno de Macri a una dictadura latinoamericana llegó a un respaldo práctico en su cara más oscura: el de la violencia para sostener a un gobierno que, a falta de votos, recurrió a las balas.
