ENTRE RÍOS

Docentes y judiciales, el dolor de cabeza de Bordet en la paritaria estatal

El gremio de la enseñanza pisa fuerte en la provincia. Puso alta la vara salarial y perfiló lo que viene. Los judiciales van a la guerra. El rol de ATE y UPCN.

Después de plantarle una carpa blanca durante 45 días frente a la Casa de Gobierno a Gustavo Bordet, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) cerró su paritaria con un aumento del 35% en cuatro tramos, entre mayo y octubre. La negociación con los y las docentes no fue fácil para el mandatario y marca el termómetro de lo que será la discusión salarial del gremio estatal, que comenzó esta semana. El poderío del sindicato de maestros y maestras, el más numeroso de la provincia, le puso una vara alta al Ejecutivo, que aún debe lidiar con las negociaciones salariales del personal judicial y de la salud.

 

AGMER tiene 25 mil afiliados, lo que lo convierte en la organización más importante de la provincia. Acompañó las políticas de los gobiernos kirchneristas y es el que más complica al Poder Ejecutivo entrerriano. Lleva la voz cantante de toda la paritaria del sector público. Es el que ordena. Bordet no pudo en su primera gestión ni en el inicio de la segunda comenzar las clases en tiempo y forma. 

 

El secretario general del sindicato es Marcelo Pagani, enrolado en la línea nacional de Hugo Yasky y Sonia Alesso en el seno de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Durante el gobierno de Cambiemos fue el sector que más entrerrianos sumó a las columnas que se movilizaron en Capital Federal contra el gobierno de Mauricio Macri. 

 

Marcelo Pagani, secretario general de AGMER

La oposición gremial interna, sin embargo, fue muy crítica del kichnerismo. La semana pasada esas diferencias, que se habían limado durante el gobierno de Cambiemos, salieron a flote en el congreso convocado para homologar o rechazar la propuesta gubernamental. Por una ajustada mayoría, el gremio aceptó la oferta.

 

El sindicato dio nombres para la política partidaria. El exsecretario general Sergio Elizar conduce el bloque de concejales del Frente de Todos en Paraná. En la vereda de enfrente se ubica la dirigente radical Yohana Fucks. Alcanzó algo de notoriedad en 2016 cuando le escribió una carta a Lionel Messi para que no renuncie a la Selección. Tres años después, se convirtió en concejal de la ciudad de Viale por Juntos por el Cambio. Hace unos días, en desacuerdo con la mayoría que aceptó la propuesta salarial, hizo pública en las redes sociales su desafiliación del gremio.

 

Lo que viene

Esta semana llegó el turno de las y los estatales, donde domina la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La administración de Bordet ofreció un 30% de aumento salarial. A diferencia del gremio docente, ATE mantuvo una actitud más pacífica de la que se esperaba. Si bien la comisión directiva se declaró en estado de alerta y movilización, no se movilizaron.

 

La conducción del sindicato, que representa a 19 mil afiliados, está a cargo de Oscar Muntes, un peronista de buena relación con Bordet. Cuando asumió, ATE venía de una etapa en la que se había alineado sin matices con los gobiernos justicialistas de Sergio Urribarri y Cristina Kirchner entre 2007 y 2015. Muntes había sido muy duro con el kirchnerismo y se impuso en la elección gremial precisamente por acusar a su antecesor, Miguel Pelandino, de entreguista. Pese a las críticas al gobierno, el líder sindical no disparó grandes medidas de acción.

 

En Entre Ríos, el antagonista nacional de ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pesa en el área de Enfermería, ya que el sector de la Salud no tiene un gremio que aglutine al conjunto de los y las profesionales, que se recuestan en asambleas autoconvocadas antes que en un sindicato. Las delegaciones en los nosocomios se fueron deshilachando, aunque la crisis sanitaria las empuja a reamarse y algunos dirigentes de ATE reclamaron en estos días en la calle un aumento salarial y un reconocimiento económico para el sector en el marco de la pandemia.

 

José Allende conduce desde hace 20 años y sin la más mínima oposición el gremio que nuclea 12 mil enfermeros y enfermeras. El 10 de diciembre de 2019 se jubiló tras dos décadas ininterrumpidas sentado en una banca en la Cámara de Diputados de la provincia por el Partido Justicialista. Ligado al mandamás nacional Andrés Rodríguez, Allende carga con varias causas por corrupción. Bordet lo dejó afuera de la lista de legisladores pero mantuvo un canal abierto, vital para la paritaria en ciernes.

 

Para el gobernador, el panorama más complejo asoma ahora con la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que inaugura una etapa de acción directa tras largos años de paz. Al frente del sindicato está Mario Brnusak, un dialoguista nato sin militancia partidaria que asumió con el apoyo de su antecesor, Claudio Cañete, quien hoy se desempeña como director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y, según contaron a Letra P en su entorno, facilita canales con Bordet.

 

En la última década no hubo espacio para disputas porque regía la Ley de Enganche: los incrementos salariales fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo demandaban la homologación del gobierno nacional para que fueran aplicados al personal judicial. En el marco de la pandemia, Bordet la suspendió. Los y las judiciales reclaman mejoras salariales y exigen que no se prorrogue la emergencia que congeló la norma y vence a fines de junio. Ya hubo manifestaciones en Gualeguay, La Paz, Uruguay, Concordia, Tala, Concepción del Uruguay y Paraná. Conflicto en puerta.  

 

milei relanzo el pacto de mayo y volvio a convocar a los gobernadores
Javier Milei y Jorge García Cuerva

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