23|11|2021

 La oposición propone darle ese estatus, que la equipara con mercancías como la luz. El consenso sobre su jerarquía de derecho y las obligaciones del Estado.

La propuesta de ciertos sectores de la oposición de sancionar una ley que considere a la educación como un servicio esencial pone en riesgo un consenso trabajosamente construido, que es el de entenderla como un bien público y un derecho personal y social.

 

Consagrada esta definición en la Ley de Educación Nacional (26.206), da continuidad con un legado que iniciara Sarmiento con la ley 1.420 de Educación Común y que hoy respaldan organismos internacionales como la Unesco y los países más avanzados en materia educativa, desde Finlandia o Noruega hasta vecinos como Uruguay.

 

Que la educación sea un derecho implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla, de que sea gratuita y de que alcance a todos los habitantes y en las más diversas modalidades en que se refleja la diversidad de la población. Convertirla en un servicio esencial trae un problema, no con la palabra esencial, que nadie puede dejar de compartir, sino con la palabra "servicio", porque equipara a la escuela con cualquier otra mercancía.

 

En la escuela se forman individuos y comunidad en valores, en saberes y competencias, de las que se desprende un proyecto de sociedad. La escuela es, así, un dispositivo institucional de transformación y emancipación en la que las familias y los ciudadanos depositan esperanzas y futuro. En ella aprendemos a convivir, nos socializamos, forjamos caracteres y amistades y vamos internalizando el mundo fuera del hogar.

 

Estas dimensiones hacen de la escuela el lugar privilegiado de la transmisión de la cultura. Los argentinos hemos construido ese acervo a lo largo de incontables acontecimientos políticos, desde aquel paradigma fundacional de la instrucción pública pasando por la Reforma Universitaria, el Congreso Pedagógico y los acuerdos de la Ley de Financiamiento Educativo.

 

Pretender debatir la demanda de presencialidad en el marco de la pandemia apelando a la sanción de normas de este tipo no solo es un subterfugio, sino también un retroceso. No es una sorpresa que ciertos sectores minoritarios aprovechen estás crisis para llevarse tajadas del bien común. Lo que sí es inquietante es que partidos políticos y dirigentes de larga representación popular y constructores protagónicos de estos consensos estén avalando, al menos con su silencio, estos dislates.

 

Defender la escuela como un derecho es uno de los pilares de nuestra democracia y la escuela tiene que estar garantizada para todas las familias y personas. Y se trata de la escuela en un sentido amplio, que incluye la educación primaria, secundaria y universitaria, como así también las formas contemporáneas de acceso al conocimiento.

 

La pandemia no sólo puede llevarse vidas invaluables, sino, también, valores y acuerdos clave para el desarrollo nacional. No lo permitamos.