Una serie de denuncias cruzadas y movimientos de expedientes marcaron el inicio del movimiento de tropas en la disputa subterránea entre el gobierno que encabeza Axel Kicillof y el PROcurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, con las próximas elecciones legislativas como teatro de operaciones.
El escándalo desatado en el ámbito nacional por el rotulado vacunatorio VIP que terminó con la eyección del gobierno de Ginés González García tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde hay en curso al menos ocho causas penales en las que se investigan maniobras similares en la administración de Kicillof.
En esas denuncias (algunas anticipadas por Letra P) se pone el foco en el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollán, quien por imperio administrativo y legal es el máximo responsable del operativo de vacunación en Buenos Aires.
“Hay IPP (Investigación Penal Preparatoria) iniciadas en los Departamentos Judiciales de San Nicolás, Mercedes, Azul, La Plata (2), Lomas de Zamora y Mar del Plata (2). Se está reuniendo información y documentación para determinar si hay indicios de posibles actos ilícitos y si es materia local o federal, y, en este caso, declinar la competencia, como sucedió en San Nicolás”, confirmaron a Letra P fuentes de la Procuración General.
Algunos de los denunciantes de estas causas son dirigentes o funcionarios vinculados al PRO. En esa lista se anotan el senador provincial Juan Pablo Allan, la abogada mediática Florencia Arietto y el ayudante fiscal marplatense Javier Pettigiani, hijo del ministro de la Corte provincial, Eduardo Julio Pettigiani.
La respuesta a esa avanzada no tardó en llegar. La ONG AJUS-LP, un colectivo de abogados que se mostró opositor al gobierno de Mauricio Macri y tiene sintonía fina en algunos temas con el actual oficialismo del Frente de Todos reavivó un tema espinoso para la gestión de Conte Grand: el manejo en el departamento judicial de Lomas de Zamora, capitaneado por un soldado del procurador, el fiscal general adjunto Sebastián Scalera, y sus laderos fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert. Sobre ellos recayeron pedidos de juicios políticos, señalados de perseguir a jueces, otros fiscales y opositores (políticos, gremiales, sociales) a los gobierno de Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Julio Conte Grand saluda a la cortesana Hilda Kogan, vacunada VIP como personal de salud - Foto: AGLP
Tras esta denuncia, que tramita en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados (que depende del Senado bonaerense comandado por la vicegobernadora espiada por el macrismo Verónica Magario), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un duro comunicado en el que detalla que elevó a la Suprema Corte provincial (en la que aún resuenan los casos de dos magistrados considerados vacunados VIP) un informe en el que da cuenta de “una serie de acciones arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial Lomas de Zamora en perjuicio del Juez de Garantías Gabriel Vitale”. Según la denuncia a la que accedió este medio, “los hechos denunciados dan cuenta de investigaciones irregulares, selectivas, arbitrarias y presuntas actividades de inteligencia ilegal avaladas desde la Procuración General, que configuran delitos de extrema gravedad institucional e impiden el correcto funcionamiento de las instituciones y la administración de justicia”.
Fuentes de la CPM, organismo preventor de torturas financiado por el gobierno provincial, señalaron que existe una “doble vara” en la Procuración General que “pretende disciplinar a funcionarios judiciales” en la provincia de Buenos Aires, “con fines político-partidarios”, lo que “da cuenta de una arbitrariedad institucional que pone en peligro todo el sistema de derechos y garantías constitucionales sobre el que se asienta la democracia”. Un misil dirigido al jefe de los fiscales bonaerenses.
Si bien no es nuevo, los últimos movimientos de tropa a un lado y otro de la grieta recalienta el enfrentamiento, que cobra relevancia en la antesala de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio medirán fuerzas en la madre de todas las batallas.