26|2|2021

La escudería judicial PRO dispara sobre Gollán por vacunas VIP bonaerenses

23 de febrero de 2021

23 de febrero de 2021

Un senador y una abogada presentaron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales. Lista de apuntados.

La trama judicial por el escándalo de las vacunas VIP que sacude al gobierno nacional ya tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires tras la presentación formal de una denuncia penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” contra el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

 

En el escrito se solicita investigar al titular de la cartera “como autoridad sanitaria responsable de llevar adelante la campaña de vacunación en la provincia”. En el mismo se detalla que el funcionario es “quien tiene las funciones de calificación, inscripción y certificación de las personas que soliciten su incorporación al ‘Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19’”.

 

La presentación fue realizada por el senador provincial de Juntos por el Cambio de La Plata Juan Pablo Allan (PRO) y la abogada Florencia Arietto ante la Fiscalía General de la capital provincial.

 

Para los denunciantes, durante los últimos días se conocieron “diversos y alarmantes casos de personas que recibieron la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en grave violación al orden establecido por la normativa que procura –con criterio epidemiológico incontrastable- la inmunización de la población provincial con un orden dado –básicamente- por la complementación de dos variables: el riesgo y la escasez de vacunas”.

 

En otro pasaje se detalla que actualmente en la provincia de Buenos Aires “debe seguirse el plan de vacunación inicial informado por el gobierno” bonaerense.

 

“En ese sentido, resulta de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se hayan inoculado una vacuna que –se reitera- al momento resulta escasa incluso para satisfacer la demanda de ese propio conjunto de personas predeterminado”, sentenciaron Allan y Arietto.

 

Uno de los objetivos de la denuncia es que se ordene al gobierno de Axel Kicillof que publique las identidades y edades de todas las personas que recibieron la vacuna en territorio provincial.

 

En la denuncia se detalla una serie de publicaciones en medios de comunicación y en redes sociales en las que se ve a “personas indicadas como beneficiarias presuntamente irregulares de la vacuna”.

 

La lista de casos a investigar, entre otras, la integran Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes; Mayra Martínez, licenciada en Biotecnología, funcionaria de la Dirección de Bromatología del Municipio de Quilmes; Nahuel Ezquieta, director de Zoonosis del Municipio de Quilmes; Jonatan Konfino, secretario del municipio de Quilmes; Leandro Cardonetti, subsecretario de Salud de la misma intendencia y Javier Ibarra, empleado municipal de Berisso.

 

También hay funcionarios del municipio de Navarro, denunciados por concejales. Jorge Yuse, integrante del movimiento Evita; Santiago Maggiotti, exintendente de Navarro y actual secretario de Hábitat de la Nación; Javier Recaite, empleado municipal de Navarro e Ignacio González, referente de la agrupación La Cámpora y excandidato a intendente de Salliqueló.

 

Como una de las medidas de prueba los denunciantes consideran “necesario” que “de manera inmediata se intime al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la apertura de los datos vinculados a la vacunación” para “conocerse el tamaño del daño y el alcance delictual”.

 

Además, pidieron que se notifique al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, el radical Hernán Gómez, quien -a juicio de los denunciantes- como representante de los intereses estatales “asuma el rol de particular damnificado” en la causa y colaborar en la investigación en defensa de los haberes públicos.