ECONOMÍA

Una disputa financiera detrás de allanamientos a empresarios rosarinos

El Grupo Unión acusa al fondo Double Blue Capital de usar una causa penal como "apriete". Devaluación y millones de pesos en disputa.

Una compleja trama de especulación financiera y pujas judiciales parece asomarse detrás de una resonante investigación que derivó en una serie de allanamientos en oficinas del Grupo Unión, en una causa por supuesta estafa y lavado de activos.

La causa penal fue originada por el fondo Double Blue Capital, firma creada en 2015 por Tomás Arlía, un argentino radicado hace mas de 20 años en Nueva York que se formó como inversor en el poderoso fondo de pensiones de la General Electric.

“Fue un apriete de Arlía”, afirmaron fuentes del Grupo Unión en relación a los siete allanamientos que se efectuaron en Rosario y Buenos Aires. Desde la firma sostienen que el juzgado que lleva adelante la causa, el Criminal Correccional N° 55 de la Ciudad de Buenos Aires, nunca habría tomado la denuncia de lavado como probable "porque debería haber declinado su competencia ya que los juicios por este delito se tramitan en el fuero federal".

Además, afirman que todos los imputados "ya han sido indagados y se les confirmó la falta de mérito en dos oportunidades, razón por la cual la causa penal parece cerca de su finalización".

La disputa entre Double Blue Capital y el Grupo Unión data de 2018. El fondo neoyorquino realizó varias inversiones de riesgo especulativo en los inicios de la gestión del expresidente Mauricio Macri, hasta que la megadevaluación de ese año hizo trizas el negocio. Mientras los grandes jugadores entraron en el negocio de los bonos soberanos, aquellos de menor escala -como el fondo armado por Arlía- gerenciaba préstamos para fondeos de circuitos financieros locales.

Pero el estallido de la burbuja produjo un conflicto entre privados a gran escala con procesos de renegociación, varios de ellos con juicios comerciales de por medio. Pero en el caso de la firma de Arlía, también se abrió una instancia penal contra los titulares del Grupo Unión por desvío de fondos y lavado de activos.

En el Grupo Unión sostienen que la estrategia de Double Blue Capital se dio así porque "Arlía prefirió iniciar una denuncia penal antes que concluir el proceso comercial para, por lo menos, poder cobrar las sumas ya embargadas y en poder de la justicia". Advierten que el financista "usa la causa penal para poner bajo presión" a Unión en una negociación "imposible de cerrar sin pérdidas importantes para cada parte". El embargo fue por 400 millones de pesos.

En ese sentido, afirman que grupo está cerrando operaciones pendientes por el descalce producido en el 2018 con fondos mas grandes que el de Arlía (como el Gramercy) con "acuerdos flexibles y realistas".

Expertos del mundo bursátil observan que "Arlía sabe que está perdido en términos del negocio financiero". “Su problema es que es un fondo chico, y asumir esta pérdida ante sus inversores lo arruina. Por eso prefiere un juicio largo también él para ganar tiempo”, indicaron.

La socialista y presidenta de Diputados, Clara García, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
Patricio Carey, vicepresidente de la financiera Cofyrco, de Rosario, deberá enfrentar un juicio oral y público.

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